Solicitan enjuiciar al gobernador por la tragedia de la Cuesta de El Totoral

La comisión de Juicio Político de la Legislatura analiza una presentación en contra del gobernador Julio Miranda, a quien se acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario, a raíz de la tragedia de la Cuesta de El Totoral (Catamarca), donde murieron 48 personas el 15 de setiembre del año pasado.
Ese día, los pasajeros regresaban de Catamarca hacia Concepción, cuando el colectivo, que carecía de permisos y de seguros y estaba en malas condiciones, se desbarrancó. Miguel Noguera, secretario del diputado radical Carlos Courel, presentó el viernes la denuncia en la que tilda de negligente, inepto e irresponsable, entre otras cosas, al ex director de Transporte de la Provincia, Enrique Romero. El denunciante consideró que Miranda tendría que haber controlado Romero.

Omisiones
A Miranda se lo acusa de "no adoptar las medidas administrativas conducentes al esclarecimiento de las responsabilidades que pudieran caberle (a Romero)". También de "no ejercer, ante el mal desempeño... (de Romero) su facultad y su deber insoslayable en garantía de la seguridad de la población, de removerlo de su cargo" (artículo 87 de la Constitución de la Provincia).
Acompañada por abundante documentación, la presentación de Noguera detalla las supuestas irregularidades cometidas por Romero, y abunda en las aparentes contradicciones que comprometerían al funcionario y al gobernador por la falta de control.
Entre las pruebas, cita las declaraciones de Romero ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura del 26 de setiembre pasado, en las que "da números para crear confusión". Según Noguera, Romero habría reconocido que tenía capacidad para hacer 15 controles por día en las rutas de la provincia, aunque el día del accidente había sólo uno, en un sitio aparentemente inapropiado.
También cuestiona a Romero, quien por su cargo es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Tránsito, por lo que su supuesta falta de injerencia en los permisos de viajes interprovinciales no sería tal. Como ejemplo, Noguera presentó autorizaciones firmadas por el funcionario para colectivos que hacían esos viajes. Además, citó un pedido realizado por la Dirección en abril del año pasado pidiéndole a la Policía refuerzos porque, como en la época del accidente, mucha gente viajaba a Catamarca por las celebraciones de la Virgen.Si la comisión legislativa da curso a la acusación, el proceso concluiría tras las elecciones.


Hay otros procesos judiciales en marcha
CONCEPCION.- El fiscal Raúl Fermoselle definiría en los próximos días si solicita juicio oral y público contra el empresario Raúl Oyola y contra dos policías, acusados de cohecho (coimas) en el marco de la tragedia de El Totoral. También está en curso una demanda civil en contra de Oyola, del gobernador Julio Miranda y del ex director de Transporte Enrique Romero.
Oyola es propietario del ómnibus en el que viajaban las víctimas y que se desbarrancó cuando regresaba a esta ciudad desde la vecina provincia. El empresario fue acusado de cohecho activo (dar coima), y los suboficiales Manuel Garzón y Héctor Luján de cohecho pasivo (recibir coima) y de violación de los deberes de funcionario público.
"Los delitos fueron, en principio, los hechos que originaron el siniestro. Del relato de los acontecimientos y de las probanzas, resultará de modo definitivo que, de no haber mediado el cohecho y la violación de los deberes de funcionario público, el colectivo no podría haber transitado fuera de la provincia", indicaron los demandantes.
El ómnibus no sólo circulaba con exceso de pasajeros y sin seguro, sino que también carecía de autorización, añadieron.La tragedia de El Totoral generó otros pleitos judiciales. Marta Graciela Soberón, pareja del fallecido chofer Fabricio José Soberón, planteó ante la Justicia una demanda de $ 152.000 por daños y perjuicios contra el Estado provincial, el gobernador Miranda, Romero y Oyola. La mujer demandó al Gobierno en virtud "de no haber adoptado la efectiva aplicación y el cumplimiento de las normativas que rigen para el transporte público". El gobernador Miranda es involucrado en la presentación porque, al ser titular del Poder Ejecutivo, "es responsable por las faltas que cometiere (el funcionario a su cargo) en el ejercicio de sus funciones como de los daños que por ella causare". (C)