En la Corte Suprema de Justicia de la provincia esperan que el ministro fiscal, Luis de Mitri, se pronuncie respecto de la causa promovida por la abogada María del Pilar Amenábar, en relación con el primer concurso convocado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que se encuentra suspendido desde el 28 de junio debido a una medida cautelar dispuesta por el alto tribunal.
Si bien no es vinculante, el dictamen del ministro fiscal es importante para que luego pueda manifestarse la Corte, dado que el Gobierno (la parte demandada) ya ha contestado el planteo promovido por Amenábar. La letrada, que también se desempeña como relatora en la propia Corte, esgrime que fue afectada a raíz de arbitrariedades manifiestas, durante la tramitación del proceso de selección que había sido convocado para cubrir cuatro vocalías en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital.
Por medio de su presidente, Antonio Gandur, el CAM había solicitado directamente a la Corte que se le concediera el carácter de tercero en el proceso, con el objetivo de que pudiera efectuar sus propias alegaciones, con independencia de la Provincia, pero para reforzar la posición jurídica de esta. No obstante, hasta el momento, la Corte no ha concedido tal rol al órgano de selección de magistrados, pese a que el propio alto tribunal es integrante del CAM (en este caso, es representado por Gandur).
Valor de referencia
Lo que suceda en la causa "Amenábar" tendrá verdadera importancia. En primer lugar, en lo que respecta a la suerte del propio concurso, porque aún no se sabe si la Corte ordenará al jurado evaluador que corrigió las pruebas de oposición escritas del proceso que recalifique el puntaje asignado a la postulante u otra variante similar, lo que supondría concluir que se ha consumado algún tipo de arbitrariedad. Por cierto, en su contestación, la Provincia, por medio del fiscal de Estado, Pedro Giúdice, negó terminantemente que tal vicio se haya configurado durante el concurso, en perjuicio de Amenábar.
En segundo lugar, lo que se resuelva en esta causa tiene importancia como precedente, dado que la Corte también concedió medidas cautelares similares a favor de otros cinco concursantes: Raúl Bejas, María Leone Cervera, Carlos Arraya, Eduardo Romero Lascano y Alfredo Lobo. Todos estos han manifestado que fueron afectados a causa de diversas arbitrariedades atribuidas al jurado evaluador o al propio CAM.
Si bien no es vinculante, el dictamen del ministro fiscal es importante para que luego pueda manifestarse la Corte, dado que el Gobierno (la parte demandada) ya ha contestado el planteo promovido por Amenábar. La letrada, que también se desempeña como relatora en la propia Corte, esgrime que fue afectada a raíz de arbitrariedades manifiestas, durante la tramitación del proceso de selección que había sido convocado para cubrir cuatro vocalías en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital.
Por medio de su presidente, Antonio Gandur, el CAM había solicitado directamente a la Corte que se le concediera el carácter de tercero en el proceso, con el objetivo de que pudiera efectuar sus propias alegaciones, con independencia de la Provincia, pero para reforzar la posición jurídica de esta. No obstante, hasta el momento, la Corte no ha concedido tal rol al órgano de selección de magistrados, pese a que el propio alto tribunal es integrante del CAM (en este caso, es representado por Gandur).
Valor de referencia
Lo que suceda en la causa "Amenábar" tendrá verdadera importancia. En primer lugar, en lo que respecta a la suerte del propio concurso, porque aún no se sabe si la Corte ordenará al jurado evaluador que corrigió las pruebas de oposición escritas del proceso que recalifique el puntaje asignado a la postulante u otra variante similar, lo que supondría concluir que se ha consumado algún tipo de arbitrariedad. Por cierto, en su contestación, la Provincia, por medio del fiscal de Estado, Pedro Giúdice, negó terminantemente que tal vicio se haya configurado durante el concurso, en perjuicio de Amenábar.
En segundo lugar, lo que se resuelva en esta causa tiene importancia como precedente, dado que la Corte también concedió medidas cautelares similares a favor de otros cinco concursantes: Raúl Bejas, María Leone Cervera, Carlos Arraya, Eduardo Romero Lascano y Alfredo Lobo. Todos estos han manifestado que fueron afectados a causa de diversas arbitrariedades atribuidas al jurado evaluador o al propio CAM.
NOTICIAS RELACIONADAS







