El mercado manda en el azúcar

Los azucareros sabían que la bomba iba a estallar en cualquier momento, pero no esperaban que fuera el mismísimo gobernador, José Alperovich, el encargado de detonar el dispositivo. El intempestivo incremento que registró el precio del azúcar en las últimas semanas, al pasar de $ 120 a $ 150 la bolsa de 50 kilos, fue una reacción del mercado ante una oferta que interpreta demasiado ajustada a la demanda, pero más que nada por la presunción de los operadores de que esta tendencia se agudizará durante toda la temporada.

En la última semana, Alperovich denunció actitudes especulativas en el seno del sector que produce el azúcar en la Argentina, y advirtió que si el suministro del producto no es el suficiente, aun con precios alentadores, el Gobierno nacional podría disponer la importación de azúcar u otras medidas. "Tenemos miedo porque hay sectores que están guardando azúcar en los depósitos. Si llega a haber faltante y aumenta el precio, la Nación puede abrir la importación. No podemos hacer una de más ni se puede permitir que, en plena producción, falte azúcar en la mesa; se nos puede venir todo abajo", fue el mensaje contundente del gobernador. Y fue más allá aún: "si la presidenta (Cristina Kirchner) toma una medida drástica por faltante, después que no venga nadie a decir que se perjudica a la industria".

La suba del precio del azúcar en plena zafra, cuando los ingenios muelen y producen a pleno, no tiene un correlato en los últimos años, ya que es difícil que ocurra este tipo de fenómenos justo en la etapa en que se registra la mayor oferta de endulzante en el año. El valor actual del producto supera dos veces y media los precios de 2009, de manera que no queda mucho margen para futuros incrementos, porque está a punto de desactivarse la barrera que protege el azúcar argentino del ingreso de mercadería de terceros países.

Entre los factores azucareros no hubo acuerdo a la hora de hallar responsables de la situación. Los industriales aseguran que están haciendo un verdadero esfuerzo para que el mercado interno esté debidamente abastecido, en especial en lo que refiere al fraccionado del azúcar, y deslizan que al menos parte de la crisis se asienta en el hecho de que los cañeros están un poco remolones para retirar de los ingenios el endulzante que les corresponde por maquila. Los productores agrupados en entidades cañeras, por su parte, niegan que ellos tengan escala y poder suficiente como para incidir en el mercado y aseguran que no disponen de capacidad financiera para especular, ya que se ven obligados a vender de inmediato para hacer frente a los gastos de cosecha. Pero admiten, sin embargo, que en esta ocasión no necesitan desprenderse de tanto azúcar como en campañas anteriores, debido a que los precios internos y externos tonificados les permiten obtener los mismos ingresos con una comercialización sustancialmente inferior a la de otras temporadas. Igual, sólo en Tucumán se producen más de 300.000 toneladas de azúcar por mes, mientras que el consumo de todo el país ronda las 140.000 toneladas, de manera que azúcar hay. Dónde está, es la cuestión. Los cañeros advierten que la titularidad del azúcar depositado en las warranteras es de los ingenios.

Otra de las posibilidades que se analiza es que impacta en el mercado la intervención del Gobierno nacional, en la determinación de un valor de referencia del paquete de azúcar. Quienes abonan esta teoría dicen que acomodarse al precio que exige el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, implica que tienen que vender el azúcar mayorista a $ 70, menos de la mitad del valor real de mercado. Entonces, muchos azucareros se resisten a participar de este entramado, aún cuando el promedio entre ambos precios es igual de ganancioso. De cualquier forma, el negocio del fraccionado demanda nada más que 42.000 toneladas de azúcar al mes, de las cuales sólo 17.000 toneladas entran en la categoría de "azúcar Moreno", como se le denomina.

Lo concreto es que hay alrededor de 8.000 oferentes de azúcar durante la zafra -incluidos los intermediarios-, de manera que las responsabilidades por la comercialización son ampliamente compartidas. Tanto el Estado provincial, que se beneficia por el movimiento económico que genera el azúcar y por los impuestos que tributa la actividad, como los azucareros mismos, tendrán que sentarse a evaluar en conjunto el punto de falla para evitar medidas radicales que terminarán restando aún más la libertad que durante 20 años tuvo el sector para tomar sus propias decisiones. Saben que se pueden poner de acuerdo sin necesidad de la mano dura que podría aplicar el Gobierno nacional para tratar de recomponer las cosas.