Piden prisión perpetua para la joven sordomuda

La prisión perpetua o la libertad son las alternativas que se vislumbran en el futuro de la sordomuda Marcela Florencia Aguilar, acusada de matar a su hijo Gabriel, de un mes de vida.
La fiscal Juana Prieto de Sólimo pidió ayer la máxima pena por homicidio agravado por el vínculo para la joven de 26 años que, según la investigación judicial, el 13 de setiembre de 2000 asfixió a su hijo. El defensor oficial César Picón, por su parte, solicitó que se la declare inimputable o que se le aplique una pena atenuada por las características y las condiciones especiales de la acusada.
La fiscal justificó su pedido en la "mendacidad de las declaraciones de Aguilar", y detalló ocho versiones que fueron surgiendo, a su criterio, a lo largo del proceso. En su enumeración, mencionó la primera versión, que indicaba que la muerte se produjo accidentalmente, cuando la acusada se cayó por un barranco con su bebé en brazos. Luego, Aguilar y su pareja, Daniel Ferro, fueron aportando otras posibilidades, que apuntaban a que uno de ellos lo mató, o que la culpable fue la madre de la acusada, Elisa Perea. Aguilar insistió hasta último momento con esta versión, pero según la fiscal fue modificando las circunstancias para subsanar supuestos errores o dudas que quedaban abiertas en cada declaración suya.

Discapacitada
Picón, por su parte, consideró que debe tenerse en cuenta que Aguilar es discapacitada y que no tuvo posibilidades de insertarse socialmente (aprendió el lenguaje de señas el año pasado, en la cárcel), y que con su familia se comunicaba a través de señas rudimentarias, inventadas por ellos. El defensor ahondó en la problemática de los sordomudos, quienes según él permanecen aislados y solos. En el caso puntual de Aguilar, se refirió a que toda su vida estuvo al servicio de su madre, y luego de Ferro, en los quehaceres domésticos.
Picón dijo que si no la declaran inimputable, deben aplicarse los atenuantes que indica el artículo 80 del Código Penal, que contemplan "circunstancias extraordinarias" (la sordera y su traumática vida lo serían), con lo que la sanción posible sería de entre 8 y 25 años, como en el homicidio simple. Sin embargo, los informes psicológicos indican que, a pesar de esa incapacidad, la joven tiene posibilidades de discernir entre el bien y el mal, y que es consciente de sus actos.
Hoy, a partir de las 9, Aguilar tendrá la posibilidad de dirigirse por última vez al tribunal, y luego los jueces Alfredo Barrionuevo, Emilio Páez de la Torre y Julio Silva dictarán sentencia.