Buenas perspectivas para un dirigente acusado de coimas

CONCEPCION.- El juicio oral y público que se desarrolla en la Sala Penal I por un caso de coima que involucra al dirigente de la Fotia Hugo David Ibarra, un ex inspector de la Secretaría de Trabajo y otros dos hombres, culminaría el próximo viernes con la lectura de las sentencias.
Este hecho ocurrió el 21 de mayo del año pasado y fue denunciado por el matrimonio compuesto por Sergio Herrera y Marcela de Moreno, dueños de una verdulería ubicada en 24 de Septiembre 2.961 de esta ciudad. Los cuatro imputados fueron aprehendidos en esa verdulería por la Policía, luego de que el ex inspector Carlos Reinoso y su colaborador Juan Saracho les cobraron $ 150, aparentemente para que no les labraran una infracción por mantener a empleados "en negro".
El letrado Julio César Herrera, defensor de los acusados Carlos Reinoso y Juan Saracho, en su alegato de ayer calificó como "el proceso de las irregularidades" a las actuaciones que llevó a cabo la fiscal de Instrucción I, Cecilia Tasquer de Villaluenga. Herrera denunció la desaparición de una filmación realizada durante el operativo en el que fueron aprehendidos los cuatro procesados y que el ministerio público exhibía como elemento probatorio de los delitos.
De la cinta de 20 minutos sólo apareció una copia de menos de cuatro minutos, sostuvo. "Esa prueba podría haber servido de atenuante de los cargos que pesan sobre mis defendidos", aseguró. También advirtió que a Reinoso y Saracho la Fiscalía no les mostró la filmación antes de tomarles declaración indagatoria. De ahí que no sólo insistió en pedir la nulidad de la prueba, al haber sido alterada, sino también del proceso. En caso de ser rechazado ese pedido, Herrera advirtió que ambos estarían incursos en el delito de "exacciones ilegales en grado de tentativa" y no de "extorsión", como planteó la Fiscalía. "No hubo intimidación ni supresión de la libertad", acotó.

Cargos menores
Por su parte, el fiscal de Cámara Horacio Astorga pidió para Reinoso cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva por los delitos de "extorsión en grado de tentativa y falta a los deberes de funcionario público".
Según el abogado Sergio Altamirano, defensor de los hermanos Hugo y Miguel Ibarra, la labor de defensa fue menos agobiante, pues Astorga desvinculó a los Ibarra del delito de extorsión.
A Hugo sólo lo consideró incurso en falta al deber de funcionario público, al no haber mantenido un debido control de las actuaciones de inspección de sus empleados, y pidió que se le aplique una multa de $3.000 más un año de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Para Miguel solicitó su absolución.
Altamirano, por su parte, pidió la absolución para ambos. (C)