28 Abril 2003 Seguir en 
El comisario José Rubén Tejeda deberá ser sometido a juicio oral por el crimen del transportista Jorge Raúl Guerra, ocurrido el 9 de julio de 2001. Así lo decidió la Justicia, al cerrar la etapa de instrucción de la causa, en la que abundarían las pruebas en contra del policía.
La Fiscalía V, a cargo del secretario Roque Medina y con la subrogancia del fiscal Gustavo Estofán, solicitó la elevación a juicio en contra de Tejeda, al tiempo que solicitó el sobreseimiento de los demás imputados.
Guerra fue asesinado de un balazo en la cabeza, luego de que fue detenido ilegalmente en la zona de Los Nogales, adonde había ido a dejar cosecheros del limón en su colectivo. El cuerpo de Guerra fue hallado en un zanjón de La Reducción, y el colectivo estuvo desaparecido hasta setiembre de 2002.
La investigación determinó que ese episodio fue protagonizado por Tejeda y por el sargento 1º Miguel Antonio Reyna. Tejeda mantenía una antigua disputa con el colectivero, surgida cuando la víctima, de 61 años, le vendió un auto del que nunca le entregó los papeles. Esa habría sido la razón del asesinato.
Ambos policías habrían llevado a Guerra hasta la seccional 10ª, donde pretendían que quedara detenido. Pero el comisario Federico Córdoba, a cargo de la comisaría en ese momento, se negó porque no existía ninguna orden de detención ni causa judicial en contra de Guerra.
Prueba importante
Allí, Reyna habría decidido regresar a su casa, dejando a Guerra con Tejeda. El colectivo de la víctima fue hallado semidesmantelado por personal policial en un galpón de avenida Sáenz Peña al 300. En el panel de instrumentos se encontró un proyectil calibre 11.25, que según las pericias fue disparado con el arma reglamentaria de Tejeda. También había manchas de sangre que pertenecían a la víctima.
La Justicia solicitó, al mismo tiempo, que Reyna sea sobreseído en la causa. Lo mismo se pidió para José Tejeda (hijo del comisario, acusado de encubrimiento), para Julio Páez, encargado del galpón donde se encontró el colectivo, y para Sergio Marino, quien compró el colectivo como chatarra a un hombre que nunca pudo ser identificado.
Los testimonios, las pericias y los secuestros realizados son, al menos para Estofán y para Medina, pruebas suficientes sobre la aparente culpabilidad del comisario Tejeda. La palabra final la tiene ahora el tribunal que resulte sorteado para llevar adelante el juicio oral.
La Fiscalía V, a cargo del secretario Roque Medina y con la subrogancia del fiscal Gustavo Estofán, solicitó la elevación a juicio en contra de Tejeda, al tiempo que solicitó el sobreseimiento de los demás imputados.
Guerra fue asesinado de un balazo en la cabeza, luego de que fue detenido ilegalmente en la zona de Los Nogales, adonde había ido a dejar cosecheros del limón en su colectivo. El cuerpo de Guerra fue hallado en un zanjón de La Reducción, y el colectivo estuvo desaparecido hasta setiembre de 2002.
La investigación determinó que ese episodio fue protagonizado por Tejeda y por el sargento 1º Miguel Antonio Reyna. Tejeda mantenía una antigua disputa con el colectivero, surgida cuando la víctima, de 61 años, le vendió un auto del que nunca le entregó los papeles. Esa habría sido la razón del asesinato.
Ambos policías habrían llevado a Guerra hasta la seccional 10ª, donde pretendían que quedara detenido. Pero el comisario Federico Córdoba, a cargo de la comisaría en ese momento, se negó porque no existía ninguna orden de detención ni causa judicial en contra de Guerra.
Prueba importante
Allí, Reyna habría decidido regresar a su casa, dejando a Guerra con Tejeda. El colectivo de la víctima fue hallado semidesmantelado por personal policial en un galpón de avenida Sáenz Peña al 300. En el panel de instrumentos se encontró un proyectil calibre 11.25, que según las pericias fue disparado con el arma reglamentaria de Tejeda. También había manchas de sangre que pertenecían a la víctima.
La Justicia solicitó, al mismo tiempo, que Reyna sea sobreseído en la causa. Lo mismo se pidió para José Tejeda (hijo del comisario, acusado de encubrimiento), para Julio Páez, encargado del galpón donde se encontró el colectivo, y para Sergio Marino, quien compró el colectivo como chatarra a un hombre que nunca pudo ser identificado.
Los testimonios, las pericias y los secuestros realizados son, al menos para Estofán y para Medina, pruebas suficientes sobre la aparente culpabilidad del comisario Tejeda. La palabra final la tiene ahora el tribunal que resulte sorteado para llevar adelante el juicio oral.
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