Rechazaron otro pago de Yedlin a una fundación

Al ministro de Salud, Pablo Yedlin, no le faltan sorpresas. El Tribunal de Cuentas suspendió otro pago autorizado por él a una fundación, tras detectar numerosas irregularidades en el curso del expediente administrativo.

Luego de una comprobación sumaria iniciada en febrero, el ente de control cuestionó (Acuerdo Nº 1.140) un trámite para autorizar un pago por $ 195.000 a la Fundación del Hospital Garrahan. Esta entidad tuvo a su cargo el dictado de los cursos "Capacitación para la nivelación de empíricos, auxiliares, esterilización y tecnología médica" (a un costo de $ 120.000) y "Posgrado de actualización en gestión, nutrición clínica y nutrición pública" ($ 75.000), en 2009.

La nueva reprimenda le llegó a Yedlin dos semanas después de la sanción -equivalente a cinco sueldos- que le aplicó el tribunal por haber librado el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal), que jurídicamente no existía al momento de iniciado los cursos que el Siprosa le atribuyó. Curiosamente, tanto la resolución del pago a Funsal (406/09) como la correspondiente a la Fundación Garrahan (405/09) fueron firmadas por el ministro el mismo día (29 de diciembre de 2009). Ambos casos, además, presentan similitudes en cuanto a las irregularidades, según el TC. "Adviértase que, a tenor de lo dilucidado en Acuerdo Nº 990, se trata de la reiteración de una conducta administrativa por parte de la misma área del Siprosa en este tipo de contrataciones", resumieron los vocales Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, en alusión a las coincidencias entre los casos.

Puntualmente, el TC concluyó que el Siprosa omitió el debido procedimiento de contratación, y responsabilizó por esas anomalías al director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia, a quien formuló un "llamado de atención" (también fue multado con cinco sueldos por el caso Funsal). "Ha admitido haber tomado la decisión sobre la conveniencia de contratar con la fundación en cuestión, pero no existe acto administrativo previo que lo autorice a contratar en tal sentido", se sostuvo en la acordada. Paralelamente, se objetó que no se haya acreditado la necesidad y la urgencia para la contratación directa de la Fundación Garrahan. "La norma que el funcionario invoca requiere la previa acreditación de los extremos que se establecen. Debemos destacar que no se adjunta informe alguno, sea del Ministerio de Salud de la Nación, del de la Provincia o de otro órgano competente que avale que la fundación contratada tenga privilegios para ello o que no hubiere sustituto conveniente", se añadió en el documento.

El Tribunal de Cuentas fue severo al advertir que el Siprosa ni siquiera efectuó un análisis previo del precio y del costo del servicio. Incluso, expuso que el convenio marco de cooperación firmado en 2004 entre el Siprosa y el Ministerio de Salud de la Nación (prevé la capacitación por parte de la Fundación Garrahan) expiró en julio de 2008. "La conducta administrativa seguida por el funcionario (en alusión a Alvarez Garmendia) resulta jurídicamente reprochable. No se dictó acto por el que se autorizara o contratara la realización de los cursos, ni tampoco se suscribió convenio alguno previo a su inicio", concluyó el ente de control.