Intiman al Ejecutivo a pagar $ 12.000 por unas muestras

La Justicia intimó al Gobierno a pagar los $ 11.900 que le corresponden para que se pueda conocer si la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado contamina el medio ambiente.
Las pericias fueron concretadas a fines del año pasado, a partir de una orden de la Cámara en lo Civil y Comercial Común. Los vocales Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila encargaron muestras de agua, de suelo y de sedimentos en el predio antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, pero la medida fue rechazada en julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
La ingeniera química María Luisa Genta recogió las muestras y las giró al laboratorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para su análisis. En su momento, la cámara dispuso que el costo fuera afrontado en partes iguales por la federación y por el Estado provincial, como parte demandada. La federación ambientalista hizo efectivo el depósito el lunes 21 de diciembre. Sin embargo, el Poder Ejecutivo fue notificado de que debía asumir el pago el 18 de mayo. Ante la falta de respuesta oficial, los vocales cursaron cédulas para que "en un plazo de cinco días deposite en el Banco Tucumán el importe de $ 11.895,51 o, en su defecto, acredite el pago de los estudios oportunamente derivados al laboratorio de la EEAOC, bajo apercibimiento de ley".
Consultado, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, sostuvo que el expediente administrativo ya se inició (el 26 de mayo). "A través de Fiscalía de Estado fuimos nosotros los que solicitamos a la Cámara que nos notificara para poder hacer el trámite. El expediente está en marcha y, cuando el Tribunal de Cuentas lo apruebe, se depositará el dinero", precisó. El funcionario aclaró que el Gobierno nunca obstruyó el accionar de la Justicia. "No habíamos sido notificados", aclaró.
Sin embargo, la visión de los dirigentes de la ONG ambientalista es diferente. Por ese motivo, el lunes solicitaron a los jueces que hagan efectivo el apercibimiento al Gobierno. "Nunca cumplió con su parte, pese a estar debidamente notificado", alertó el abogado de la entidad, Javier Navarro Muruaga. Por ello, pidió que se apliquen astreintes (multa diaria) de $ 500 hasta que el PE cumpla con el pago.