El ex juez Felipe Federico Terán ha sido nuevamente citado a prestar declaración indagatoria, esta vez en el contexto de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito acaecido durante su gestión como titular del Juzgado Federal número 2. La Justicia investiga un incremento patrimonial aparentemente injustificado de $ 874.760, de acuerdo con la determinación practicada por peritos de la AFIP. Daniel Bejas, magistrado subrogante del Juzgado Federal nº1, fijó audiencia para hoy a las 10.
La citación al ex juez -destituido por sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el 18 de octubre de 2006- obedece a la pesquisa que el fiscal federal Carlos Brito inició siete años atrás como consecuencia de una denuncia del letrado y ex fiscal Héctor Abraham Musi. Tras cotejar los salarios que Terán percibió entre 1999 y 2005 por sus servicios como magistrado ($ 444.881,83) con los automóviles e inmuebles registrados a su nombre durante el mismo período ($1,3 millón), Brito concluyó que se había configurado un "enriquecimiento apreciable ocurrido con posterioridad al acceso al cargo de juez federal".
Enriquecimiento ilícito
En junio de 2007, el fiscal solicitó a Bejas que requiera la comparecencia de Terán en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal, que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y autoriza a solicitar explicaciones en forma personal y previa (a la citación a prestar declaración indagatoria) cuando el implicado reviste la condición de funcionario público.
Las sucesivas impugnaciones y recursos interpuestos por el abogado Pablo Bauque, defensor de Terán, postergaron la celebración de dicho acto de requerimiento de las causas del incremento patrimonial que, finalmente, fue fijado para el 4 de mayo de este año. Ese día, el ex juez justificó su inasistencia a los tribunales con nuevos planteos presentados por escrito.
La citación al ex juez -destituido por sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación el 18 de octubre de 2006- obedece a la pesquisa que el fiscal federal Carlos Brito inició siete años atrás como consecuencia de una denuncia del letrado y ex fiscal Héctor Abraham Musi. Tras cotejar los salarios que Terán percibió entre 1999 y 2005 por sus servicios como magistrado ($ 444.881,83) con los automóviles e inmuebles registrados a su nombre durante el mismo período ($1,3 millón), Brito concluyó que se había configurado un "enriquecimiento apreciable ocurrido con posterioridad al acceso al cargo de juez federal".
Enriquecimiento ilícito
En junio de 2007, el fiscal solicitó a Bejas que requiera la comparecencia de Terán en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal, que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y autoriza a solicitar explicaciones en forma personal y previa (a la citación a prestar declaración indagatoria) cuando el implicado reviste la condición de funcionario público.
Las sucesivas impugnaciones y recursos interpuestos por el abogado Pablo Bauque, defensor de Terán, postergaron la celebración de dicho acto de requerimiento de las causas del incremento patrimonial que, finalmente, fue fijado para el 4 de mayo de este año. Ese día, el ex juez justificó su inasistencia a los tribunales con nuevos planteos presentados por escrito.







