El conflicto por la pastera

Desde noviembre de 2006, el puente internacional "General San Martín" que une Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, con Fray Bentos, Uruguay, permanece cortado por ambientalistas en protesta por la radicación de la fábrica pastera ex Botnia (actualmente UPM), cuya construcción autorizó el gobierno vecino. Tras constantes acusaciones cruzadas de que la pastera contaminaba el río Uruguay y las posiciones irreductibles convinieron en solicitar el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En abril pasado, el tribunal dio a conocer su fallo, de carácter inapelable para las partes. Sostuvo que los hermanos orientales habían violado el Estatuto de 1975 que regula el uso del río Uruguay, pero no así sus "obligaciones de fondo", al permitir la instalación de la pastera. Sin embargo, no aconsejó reubicar la fábrica, como exigía la Argentina. Respecto de la contaminación, la entidad internacional dijo que no había evidencias claras de que hubiese efectos nocivos en el cauce de agua desde que la fábrica comenzó a funcionar en noviembre de 2007.

Tras conocerse el dictamen, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú expresó que el fallo de la Corte de La Haya no solucionaba el conflicto y tampoco contribuía a la paz social, y luego decidió seguir con la protesta. Los mandatarios de ambas naciones se reunieron el miércoles en Montevideo con el objetivo de abordar este problema como unos de los principales de la agenda. José Mujica depositó la responsabilidad de la superación del conflicto en nuestro país, señalando que al levantamiento del piquete no lo va a resolver Uruguay, sino el pueblo argentino" y expresó su voluntad de ayudar a que ese proceso madure. "No sé cuándo va a ser que se levante el corte", reconoció el presidente. Si bien se expresó en contra del bloqueo y de la represión, nuestra mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, cargó la romana sobre la Justicia de nuestro país. Respecto de los cortes, manifestó: "No hay ningún condenado en mi país por los cortes", y adjudicó esta situación a "deficiencias del sistema judicial". "Hay gente del más Alto Tribunal que piensa que el corte es legítimo", acotó. Lo cierto es que en el encuentro, no hubo avances significativos. Sólo se acordó un plazo de 60 días para definir un criterio de monitoreo conjunto sobre el río Uruguay, incluida la parte cercana a la pastera.

El gobierno argentino dijo ayer que si la Justicia ordenara despejar el puente San Martín, recurrirá a la Gendarmería, pero el eventual desalojo se efectuaría sin reprimir a los ambientalistas entrerrianos. Como se sabe, la única denuncia que existe en contra del bloqueo de Gualeguaychú está en manos de un juez federal de Concepción del Uruguay y fue presentada hace dos semanas por un grupo de entrerrianos que se oponen al bloqueo.

Pero la obstinación no sólo proviene de nuestro lado. A poco de concluir el encuentro presidencial, el canciller uruguayo dijo que su país descarta de plano la posibilidad de efectuar un monitoreo dentro de las instalaciones de la pastera UPM. "Para nosotros es un tema de soberanía y nos vamos a mantener firmes al respecto", advirtió.

Creemos que ambos países deben extremar los recursos para hallar una solución y esta sólo podrá llegar a través del diálogo maduro que implicará seguramente hacer concesiones de uno y otro lado. Por otra parte, los asambleístas entrerrianos deberían entender que no constituyen una nación independiente; forman parte de un país y por lo tanto, deben aceptar las decisión de un gobierno que ha sido elegido por la mayoría del pueblo, más allá de que les agraden o no las decisiones que se tomen. La intransigencia nunca sirvió de camino para el entendimiento, sino todo lo contrario.