El jefe de los fiscales sostiene que la causa Funsal no se frenó

A criterio del ministro fiscal, Luis de Mitri, no hay ninguna parálisis en la investigación que lleva adelante la fiscala penal María de las Mercedes Carrizo para determinar si hubo ilícitos en la contratación por parte del Siprosa de cursos para odontólogos por $ 800.000.

Los abogados Oscar López (PJ disidente) y Raúl Moreno (UCR) habían requerido al jefe de los fiscales que audite la tarea realizada por Carrizo desde el 19 de febrero, día en que presentaron la denuncia. A su vez, le pidieron que designara un nuevo instructor.

Fundamentaron su planteo en el escaso avance de la investigación y, particularmente, en el hecho de que el 20 de abril el juez de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, declaró nulo por cuestiones formales el pedido de la fiscala para que se inicie una investigación jurisdiccional en contra del ministro de Salud, Pablo Yedlin (goza de privilegios constitucionales). A partir de ese revés, la fiscala tenía dos opciones: recurrir la decisión o subsanar los vicios señalados.

Tras evaluar el pedido de los denunciantes, De Mitri fue contundente en su respaldo a la tarea de Carrizo. "Este Ministerio considera que esa representante se encuentra realizando medidas en las actuaciones complementarias, e indica que esas medidas -al tener vinculación directa con la causa principal- servirán para realizar el requerimiento fiscal. Es decir, no se observa parálisis en la investigación fiscal", sentenció.

El titular del Ministerio Público Fiscal agregó, siempre según el informe que le elevó Carrizo, que "una vez recabados más elementos de prueba en la instrucción, se procederá a formular un nuevo requerimiento para evitar una resolución del juez que se sustente en la falta de elementos de prueba". En la cédula, De Mitri también resumió algunas medidas adoptadas por la fiscala: el 7 de abril solicitó al Ministerio de Salud una copia del listado de asistentes al curso dictado por la Fundación Salud (Funsal); el 21 de ese mes citó a varias personas para prestar declaración testimonial, medidas que se realizaron el 28 y el 30 de abril, y el 4 y el 6 de este mes.

El escándalo se originó luego de que el Tribunal de Cuentas rechazara el pago a la Fundación Salud que había autorizado Yedlin. Mediante el acuerdo 188, el ente de control cuestionó que el listado de estudiantes no haya sido acompañado por el número de DNI de cada uno, como así tampoco de una constancia que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que no haya adjuntado la nómina de capacitadores. Y advirtió sobre las incongruencias entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009), la de inicio de actividades de la Funsal (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto).

Paralelamente, LA GACETA reveló que la sede inscripta por la fundación era un departamento céntrico. Y que el número de teléfono que figuraba en la guía correspondiente a ese domicilio estaba a nombre de Raúl Penna, actual jefe de Gabinete del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Luis Manzur.