El gobernador ya no se ríe

Sigue el constitucionalista Luis Iriarte en el yerro de considerar que el legislador que integre el CAM debe pedir licencia o renunciar. Si su criterio fuera válido, debería aplicarse para el Consejo de la Magistratura nacional: está visto que no es así. Coincido en que este debate es de interés público: se busca es la excelencia en la Justicia apartada de toda injerencia. Pero en ese esfuerzo incluyo a todos los estamentos: no sólo al político. Y en la historia de este país, los jueces siempre fueron designados con acuerdo parlamentario a propuesta del Ejecutivo.

Iriarte opina con temeraria y supina ignorancia al decir que los legisladores que integramos el CAM podemos digitar por ley el tribunal que toma la prueba de oposición, y apartarnos de sus clasificaciones. Una cosa es elegir públicamente a los jurados y otra diferente es digitar sus integrantes. Además, la calificación del examen nunca puede ser cambiada por alguien del CAM. Cuando él dice lo contrario, raya en la falta a la verdad.

Reivindico que la ley dé intervención a las minorías en el CAM y rectifico a Iriarte: estoy en el ente por el voto unánime de la Legislatura, o sea, minoría y oficialismo.

No entiendo que Iriarte quiera mitigar las funciones del CAM y, a la vez, que declare que el puntaje de las diferentes etapas del concurso no debe ser fijado por la ley sino por el CAM. Sí celebro que la ley evite arbitrariedades: sobre un total de 100 puntos, la entrevista personal sólo otorga 10.

José Alperovich, que reía cuando Iriarte criticaba la tarea de la Fiscalía Anticorrupción, dejó de sonreír cuando el CAM le quitó la posibilidad de elegir a dedo entre 700 postulantes a una judicatura.