Muchas críticas ha recibido la acordada N° 181/2010, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia estableció la Oficina de Análisis Social y Económico para que informe a los jueces que lo solicitaran cuál es el impacto que podría derivarse de sus sentencias. No obstante, el abogado Alberto García Biagosch defendió la iniciativa, a la que considera oportuna, aunque perfectible, por medio de "aportes y críticas constructivas, cimentadas con sentido objetivo, científico y actualizado".
El letrado avaló la propuesta impulsada en la Corte por su presidente, Antonio Estofán. "Con esta oficina se habilita una opinión, que habrá de anticipar el impacto sobre el ánimo colectivo; que hará indagaciones, seguramente, desde el punto de vista de la psicología social; que analizará cuál es la posición sociológica del Estado frente a sus gobernados; que estudiará los derechos humanos; que meritará perfiles antropológicos; que observará los cambios y movimientos económicos, y que se pronunciará sobre cuestiones ambientales. A las opiniones no es bueno acallarlas", manifestó.
¿De quién se duda?
García Biagosch siguió con sus argumentos. "Las críticas, más que a la oficina -creada en mérito a las facultades expresas de los artículos 13, 15 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, parecen que ponen en dudas el criterio personal, la formación jurídica, la neutralidad y libertad de criterio de nuestros jueces. Se teme que la opinión de la oficina, que será requerida si se lo considera necesario y que no será vinculante, pueda menoscabar la independencia de los magistrados o influirlos", dijo.
El abogado insistió en que, para despejar dudas, la Corte deberá disponer de un reglamento o instrucción. "Este debe ser lo más casuístico posible, con el fin de reglar el funcionamiento de la oficina y cómo los magistrados solicitarán las consultas a la Corte, que, administrativamente, por medio de una Secretaría, dispondrá el avocamiento de los miembros de la oficina, lo que no significa un avocamiento jurisdiccional ni procesal. No puede alarmar este mecanismo", aseveró
En el compromiso con la sociedad, según García Biagosch, resulta beneficioso poner al alcance de los jueces los medios necesarios para "ampliar el panorama de su interpretación y el conocimiento de lo que forma el derecho día tras día". "No hay que devaluar la función judicial. Los jueces, respetando pautas de razonabilidad y otorgando a sus decisiones suficiente fuerza de convicción, pueden decidir con total independencia, opine como opine esta oficina", recalcó.
El abogado también destacó: "cuanta más información dispongan los jueces, estarán mejor posicionados para poder realizar el derecho sobre bases firmes, no sobre quimeras, no sobre lo que debe ser. Interpretarán el derecho por lo que es. El juez tiene que hacer justicia. Mejor será si cuenta con información técnica, integrada de ciencias concurrentes al fenómeno social".
El letrado avaló la propuesta impulsada en la Corte por su presidente, Antonio Estofán. "Con esta oficina se habilita una opinión, que habrá de anticipar el impacto sobre el ánimo colectivo; que hará indagaciones, seguramente, desde el punto de vista de la psicología social; que analizará cuál es la posición sociológica del Estado frente a sus gobernados; que estudiará los derechos humanos; que meritará perfiles antropológicos; que observará los cambios y movimientos económicos, y que se pronunciará sobre cuestiones ambientales. A las opiniones no es bueno acallarlas", manifestó.
¿De quién se duda?
García Biagosch siguió con sus argumentos. "Las críticas, más que a la oficina -creada en mérito a las facultades expresas de los artículos 13, 15 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, parecen que ponen en dudas el criterio personal, la formación jurídica, la neutralidad y libertad de criterio de nuestros jueces. Se teme que la opinión de la oficina, que será requerida si se lo considera necesario y que no será vinculante, pueda menoscabar la independencia de los magistrados o influirlos", dijo.
El abogado insistió en que, para despejar dudas, la Corte deberá disponer de un reglamento o instrucción. "Este debe ser lo más casuístico posible, con el fin de reglar el funcionamiento de la oficina y cómo los magistrados solicitarán las consultas a la Corte, que, administrativamente, por medio de una Secretaría, dispondrá el avocamiento de los miembros de la oficina, lo que no significa un avocamiento jurisdiccional ni procesal. No puede alarmar este mecanismo", aseveró
En el compromiso con la sociedad, según García Biagosch, resulta beneficioso poner al alcance de los jueces los medios necesarios para "ampliar el panorama de su interpretación y el conocimiento de lo que forma el derecho día tras día". "No hay que devaluar la función judicial. Los jueces, respetando pautas de razonabilidad y otorgando a sus decisiones suficiente fuerza de convicción, pueden decidir con total independencia, opine como opine esta oficina", recalcó.
El abogado también destacó: "cuanta más información dispongan los jueces, estarán mejor posicionados para poder realizar el derecho sobre bases firmes, no sobre quimeras, no sobre lo que debe ser. Interpretarán el derecho por lo que es. El juez tiene que hacer justicia. Mejor será si cuenta con información técnica, integrada de ciencias concurrentes al fenómeno social".
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