El punto dos del inciso "A" del artículo 13 de la Ley 24.241 (regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) deposita en el trabajador la responsabilidad de comunicar a su empleador cuando comience a percibir el haber jubilatorio. Pero aunque la normativa es clara, la realidad -al menos en la administración pública- obliga a que se busquen otras vías para obtener esta información.
Con esa intención, el 17 de diciembre del año pasado la Provincia suscribió un acuerdo de intercambio electrónico de información con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Según el contrato, durante un plazo de dos años (con opción a dos más de prórroga), el ente proveerá de información al Gobierno provincial, para que este pueda conocer la instancia en que se encuentra el trámite de jubilación iniciado por sus empleados. El envío de los detalles se hará por medio de un sistema informático, por lo que tanto el Ejecutivo como la Anses se comprometen a garantizar una trasferencia segura y a proteger los datos personales.
Un grupo de 17 empleados públicos, de distintas reparticiones, fueron dejados cesantes -sin derecho a indemnización- porque no comunicaron cuando obtuvieron el haber jubilatorio y, en consecuencia, siguieron cobrando su sueldo de estatales. La cesantía fue determinada mediante dos decretos.
"La idea es que nosotros contemos con la base de datos para que podamos actuar con más rapidez ante estos casos", explicó el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro. El funcionario, en representación de la Provincia, fue el encargado de rubricar el convenio con la Anses. "Vamos a mantener una relación mucho más fluida con el sistema nacional de jubilaciones", insistió.
Con la rúbrica de este convenio, el Gobierno busca conocer con mayor rapidez el momento en que un agente público percibió su haber jubilatorio. A su vez, esto le permitirá darle de baja inmediatamente y, de esa manera, evitar que el Estado abone una doble remuneración: el pasivo y el salario por las funciones que realiza en alguna repartición.
Enfasis
La mayoría de las cláusulas del acuerdo apuntan a garantizar el carácter confidencial de la información a enviar. Entre las medidas de protección se contempla desarrollar y mantener sistemas seguros, utilizar controles criptográficos en la transmisión, restringir el acceso de personal al espacio físico donde se recibirán los datos y monitorear todos los accesos a la red, entre otros. "Cualquiera de las partes deberá notificar en forma inmediata a la otra toda circunstancia que implique adulteración, pérdida, tratamiento no autorizado, desviación de la información, o cualquier otra finalidad extraña al procedimiento", expresa el octavo punto del convenio.
Con esa intención, el 17 de diciembre del año pasado la Provincia suscribió un acuerdo de intercambio electrónico de información con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Según el contrato, durante un plazo de dos años (con opción a dos más de prórroga), el ente proveerá de información al Gobierno provincial, para que este pueda conocer la instancia en que se encuentra el trámite de jubilación iniciado por sus empleados. El envío de los detalles se hará por medio de un sistema informático, por lo que tanto el Ejecutivo como la Anses se comprometen a garantizar una trasferencia segura y a proteger los datos personales.
Un grupo de 17 empleados públicos, de distintas reparticiones, fueron dejados cesantes -sin derecho a indemnización- porque no comunicaron cuando obtuvieron el haber jubilatorio y, en consecuencia, siguieron cobrando su sueldo de estatales. La cesantía fue determinada mediante dos decretos.
"La idea es que nosotros contemos con la base de datos para que podamos actuar con más rapidez ante estos casos", explicó el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro. El funcionario, en representación de la Provincia, fue el encargado de rubricar el convenio con la Anses. "Vamos a mantener una relación mucho más fluida con el sistema nacional de jubilaciones", insistió.
Con la rúbrica de este convenio, el Gobierno busca conocer con mayor rapidez el momento en que un agente público percibió su haber jubilatorio. A su vez, esto le permitirá darle de baja inmediatamente y, de esa manera, evitar que el Estado abone una doble remuneración: el pasivo y el salario por las funciones que realiza en alguna repartición.
Enfasis
La mayoría de las cláusulas del acuerdo apuntan a garantizar el carácter confidencial de la información a enviar. Entre las medidas de protección se contempla desarrollar y mantener sistemas seguros, utilizar controles criptográficos en la transmisión, restringir el acceso de personal al espacio físico donde se recibirán los datos y monitorear todos los accesos a la red, entre otros. "Cualquiera de las partes deberá notificar en forma inmediata a la otra toda circunstancia que implique adulteración, pérdida, tratamiento no autorizado, desviación de la información, o cualquier otra finalidad extraña al procedimiento", expresa el octavo punto del convenio.
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