El caso de Funsal llega a manos del juez Pérez
El magistrado, que tomó el expediente tras la excusación de Pisa, debe resolver si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscala Carrizo. Hace más de un mes fue presentada en la Justicia una denuncia penal para que se investigue la contratación oficial de una fundación, por $ 800.000, para el dictado de cursos sobre endodoncia. El convenio fue suscripto por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, con una institución que todavía no había sido reconocida legalmente. El pago fue frenado por el Tribunal de Cuentas. Hasta el momento, no se ordenó en la causa ninguna medida investigativa.
Por Redacción Política
25 Marzo 2010
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Dos fiscales y un juez ya tuvieron en sus manos la denuncia para que se investigue el convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal). Un cuarto miembro del Poder Judicial, el juez penal Víctor Manuel Pérez, la tendrá desde hoy en su escritorio para decidir si avanza o no con las pesquisas en torno de la contratación oficial de una fundación que no tenía sus papeles legales en orden.
El martes, y luego de 35 días de presentada la denuncia, la fiscala María de las Mercedes Carrizo elevó al juez Francisco Pisa la requisitoria penal, que incluye una serie de medidas tendientes a iniciar la investigación. Pisa, sin embargo, se excusó y derivó el planteo fiscal en su par Víctor Manuel Pérez.
Indefectiblemente, la pesquisa debe ser autorizada por un magistrado, pues uno de los denunciados goza de privilegios constitucionales: es el ministro de Salud, Pablo Yedlin. En estos casos, el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) fija que el fiscal debe solicitar previamente el inicio de una investigación jurisdiccional.
La lista de asistentes
Las medidas solicitadas por la fiscala Carrizo se sustentan en las conclusiones del Acuerdo 188, mediante el cual el Tribunal de Cuentas frenó el pago de los $ 800.000 en favor de Funsal, autorizado por Yedlin.
Puntualmente, la funcionaria solicitó copias del expediente administrativo del Siprosa; del listado de los odontólogos y de los asistentes del Siprosa que, según dijo Yedlin, completaron la capacitación en endodoncia durante 2009; de la nómina de los profesionales que tuvieron a su cargo el ciclo; del acta constitutiva de la Fundación Salud, autorizada por la Dirección de Personas Jurídicas; y de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. Precisamente, el órgano de control sustancia una comprobación sumaria en el Siprosa, a partir de las irregularidades administrativas. El abogado instructor, Pablo Cainzo, ya tomó declaración testimonial a profesionales y a empleados de los distintos hospitales que figuran como asistentes en la lista proporcionada por Salud. Finalmente, otra cuestión sobre la que pretende indagar la fiscala es la incongruencia entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009) y la de inicio de actividades de la Fundación Salud (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto).
El juez, según el Cödigo Procesal Penal, dispone de un plazo de hasta tres meses para iniciar la investigación jurisdiccional.
El martes, y luego de 35 días de presentada la denuncia, la fiscala María de las Mercedes Carrizo elevó al juez Francisco Pisa la requisitoria penal, que incluye una serie de medidas tendientes a iniciar la investigación. Pisa, sin embargo, se excusó y derivó el planteo fiscal en su par Víctor Manuel Pérez.
Indefectiblemente, la pesquisa debe ser autorizada por un magistrado, pues uno de los denunciados goza de privilegios constitucionales: es el ministro de Salud, Pablo Yedlin. En estos casos, el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) fija que el fiscal debe solicitar previamente el inicio de una investigación jurisdiccional.
La lista de asistentes
Las medidas solicitadas por la fiscala Carrizo se sustentan en las conclusiones del Acuerdo 188, mediante el cual el Tribunal de Cuentas frenó el pago de los $ 800.000 en favor de Funsal, autorizado por Yedlin.
Puntualmente, la funcionaria solicitó copias del expediente administrativo del Siprosa; del listado de los odontólogos y de los asistentes del Siprosa que, según dijo Yedlin, completaron la capacitación en endodoncia durante 2009; de la nómina de los profesionales que tuvieron a su cargo el ciclo; del acta constitutiva de la Fundación Salud, autorizada por la Dirección de Personas Jurídicas; y de las actuaciones del Tribunal de Cuentas. Precisamente, el órgano de control sustancia una comprobación sumaria en el Siprosa, a partir de las irregularidades administrativas. El abogado instructor, Pablo Cainzo, ya tomó declaración testimonial a profesionales y a empleados de los distintos hospitales que figuran como asistentes en la lista proporcionada por Salud. Finalmente, otra cuestión sobre la que pretende indagar la fiscala es la incongruencia entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009) y la de inicio de actividades de la Fundación Salud (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto).
El juez, según el Cödigo Procesal Penal, dispone de un plazo de hasta tres meses para iniciar la investigación jurisdiccional.
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