Un mes sin que la Justicia investigue el convenio con Funsal

A 35 días de presentada la única denuncia penal para que se investigue el convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal), la Justicia aún no dispuso el inicio de las pesquisas. En rigor, ningún fiscal solicitó medida alguna en torno de la causa.
Según anticipó ayer, la fiscala María de las Mercedes Carrizo (en quien recayó el expediente) tiene previsto elevar hoy al juez de la III Nominación, Francisco Pisa, la requisitoria penal. Dado que uno de los denunciados (el ministro de Salud, Pablo Yedlin) tiene privilegios constitucionales, el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) fija que el fiscal debe solicitar el inicio de una investigación jurisdiccional. Esta medida sólo puede ser ordenada por un magistrado.
El 19 de febrero, los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR) presentaron una denuncia penal conjunta en contra de Yedlin; del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur; y del presidente de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares. Puntualmente, pidieron  que la Justicia investigue si es posible que los funcionarios hayan incurrido en la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita.
Los denunciantes se basaron en el Acuerdo 188, mediante el que el Tribunal de Cuentas rechazó de manera formal el pago de $ 800.000. El TC cuestionó que la Fundación Salud se haya inscripto para facturar los servicios prestados al Gobierno tres meses después de haber iniciado el dictado cursos sobre endodoncia. Paralelamente, LA GACETA reveló que la sede social inscripta por Funsal es un departamento, cuyo teléfono figura a nombre de Raúl Penna, jefe de Gabinete de Manzur.
Aunque la fiscala eleve hoy la requisitoria, eso no necesariamente significará el inicio de la instrucción. Según el CPPT, el juez dispone de hasta tres meses para autorizar o no el inicio de la investigación.