El Ejecutivo autorizó la contratación directa de la firma Ingeco para la reparación del puente sobre el río Pueblo Viejo, en la ruta provincial 325. La medida fue adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/3, del lunes de la semana pasada, y responde a un pedido expreso de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
La obra insumirá cerca de $ 3 millones (la DPV ya fue habilitada a entregar un anticipo a cuenta de $ 1 millón para que Ingeco contrate a terceros), e integra los trabajos en el tramo Monteros-Simoca de esa ruta. Los trabajos integrales en esa traza ya fueron adjudicados a Ingeco en agosto de 2007, por casi $ 13 millones aportados por la Dirección Nacional de Vialidad.
El Gobierno justifica el desembolso con el argumento de que la recuperación estructural del puente tiene un alto grado de dificultad en su concreción, debido a las crecientes extraordinarias en el verano del año pasado. Como consecuencia, se debieron reformular los trabajos originales.
El PE reconoció que para disponer de esta operación correspondía el dictado de una ley, pero justificó el DNU en la premura con que debe darse solución a cuestiones fundamentales, imprescindibles e ineludibles para garantizar el bienestar de la comunidad.
El DNU, refrendado por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, como gobernador interino, fue notificado a la Legislatura el mismo lunes 15 en que fue dictado. Sin embargo, la norma no integra el orden del día de la sesión que fue convocada para hoy, a partir de las 8. En principio, si esta norma no es tratada en el recinto hasta el 15 de abril, queda firme por el silencio parlamentario.
Temas por tratar
El temario de la sesión está encabezado por la exención del pago del Impuesto de Sellos a las operaciones financieras destinadas de los sectores agropecuarios, industriales, mineros y de la construcción, a los que se agregaría el turismo. Este asunto constituyó el eje de una discusión entre la Cámara y el Gobierno sobre los alcances de las normas declaradas caducas en el Digesto Jurídico Provincial. El Ejecutivo consideró que debía dictarse una nueva norma.
Precisamente, también se sancionarán ocho cambios al Digesto, para corregir errores materiales.
Los bloques consensuaron, además, la adhesión de la Provincia a los beneficios de la ley nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, así como numerosas normas relacionadas con expropiaciones, con programas asistenciales y sociales, y con la creación del registro provincial sobre niños y adolescentes desaparecidos.
La obra insumirá cerca de $ 3 millones (la DPV ya fue habilitada a entregar un anticipo a cuenta de $ 1 millón para que Ingeco contrate a terceros), e integra los trabajos en el tramo Monteros-Simoca de esa ruta. Los trabajos integrales en esa traza ya fueron adjudicados a Ingeco en agosto de 2007, por casi $ 13 millones aportados por la Dirección Nacional de Vialidad.
El Gobierno justifica el desembolso con el argumento de que la recuperación estructural del puente tiene un alto grado de dificultad en su concreción, debido a las crecientes extraordinarias en el verano del año pasado. Como consecuencia, se debieron reformular los trabajos originales.
El PE reconoció que para disponer de esta operación correspondía el dictado de una ley, pero justificó el DNU en la premura con que debe darse solución a cuestiones fundamentales, imprescindibles e ineludibles para garantizar el bienestar de la comunidad.
El DNU, refrendado por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, como gobernador interino, fue notificado a la Legislatura el mismo lunes 15 en que fue dictado. Sin embargo, la norma no integra el orden del día de la sesión que fue convocada para hoy, a partir de las 8. En principio, si esta norma no es tratada en el recinto hasta el 15 de abril, queda firme por el silencio parlamentario.
Temas por tratar
El temario de la sesión está encabezado por la exención del pago del Impuesto de Sellos a las operaciones financieras destinadas de los sectores agropecuarios, industriales, mineros y de la construcción, a los que se agregaría el turismo. Este asunto constituyó el eje de una discusión entre la Cámara y el Gobierno sobre los alcances de las normas declaradas caducas en el Digesto Jurídico Provincial. El Ejecutivo consideró que debía dictarse una nueva norma.
Precisamente, también se sancionarán ocho cambios al Digesto, para corregir errores materiales.
Los bloques consensuaron, además, la adhesión de la Provincia a los beneficios de la ley nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, así como numerosas normas relacionadas con expropiaciones, con programas asistenciales y sociales, y con la creación del registro provincial sobre niños y adolescentes desaparecidos.







