El presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Abel Fleming, rechazó con firmeza el proyecto que impulsan diputados kirchneristas con el fin de que los jueces federales rindan cada cuatro un examen, de manera que, si no lo aprobaran, sean sometidos a un proceso de destitución.
Fleming fue terminante. "Añadir un sistema más de evaluación y a cargo de un órgano en cierta forma externo al Poder Judicial (en alusión al Consejo de la Magistratura de la Nación), parece una sobreactuación que, sin mejorar la eficacia, puede someter a los jueces a una gran presión", aseguró a LA GACETA.
El magistrado oriundo de Salta alertó sobre la peligrosidad que significaría implementar un mecanismo como el que propugna el oficialismo. "Si un juez supiera que cada cuatro años debe rendir un examen de desempeño, es posible que atienda más el propósito de satisfacer a los examinadores que el de actuar con independencia; es decir, en vez de atender sólo a las características del caso llevado a su conocimiento y a la interpretación de la ley, puede que esté más atento a qué tipo de comportamientos o decisiones satisfacen más al órgano de control externo. Esto, sin dejar de preguntar quién controlaría a los controladores", subrayó.
Fleming, si bien reconoció que hay que discutir qué se puede hacer para adecuar la Justicia a los requerimientos actuales de la sociedad, detalló que sobre la actuación de los jueces pesan cuatro controles. "En los casos concretos, está el que calificadamente efectúan los abogados que representan a las partes. Luego está el que ejercen los tribunales que intervienen en las hipótesis en que hay que resolver una apelación. En tercer lugar, las cortes o tribunales superiores de justicia tienen a su cargo la supervisión administrativa (de todos las dependencias) por medio de las secretarías de superintendencia que, en muchos casos, llevan adelante auditorías periódicas. Finalmente, están los concursos públicos que hay que rendir para ingresar al Poder judicial o, estando dentro de él, para conseguir un ascenso", manifestó.
En peligro
Fleming concretó otra observación. "Este proyecto sólo añade un elemento que puede afectar la independencia e imparcialidad de la que deben gozar los jueces. Esto va en contra de nuestro diseño constitucional; inclusive, de las previsiones de los tratados internacionales que firmó la Argentina, que establecen -entre otros- el derecho de acudir a un juez independiente e imparcial, garantía a la que se vulneraría al someter a los magistrados a una especie de reválida periódica de idoneidad", resaltó.
Fleming fue terminante. "Añadir un sistema más de evaluación y a cargo de un órgano en cierta forma externo al Poder Judicial (en alusión al Consejo de la Magistratura de la Nación), parece una sobreactuación que, sin mejorar la eficacia, puede someter a los jueces a una gran presión", aseguró a LA GACETA.
El magistrado oriundo de Salta alertó sobre la peligrosidad que significaría implementar un mecanismo como el que propugna el oficialismo. "Si un juez supiera que cada cuatro años debe rendir un examen de desempeño, es posible que atienda más el propósito de satisfacer a los examinadores que el de actuar con independencia; es decir, en vez de atender sólo a las características del caso llevado a su conocimiento y a la interpretación de la ley, puede que esté más atento a qué tipo de comportamientos o decisiones satisfacen más al órgano de control externo. Esto, sin dejar de preguntar quién controlaría a los controladores", subrayó.
Fleming, si bien reconoció que hay que discutir qué se puede hacer para adecuar la Justicia a los requerimientos actuales de la sociedad, detalló que sobre la actuación de los jueces pesan cuatro controles. "En los casos concretos, está el que calificadamente efectúan los abogados que representan a las partes. Luego está el que ejercen los tribunales que intervienen en las hipótesis en que hay que resolver una apelación. En tercer lugar, las cortes o tribunales superiores de justicia tienen a su cargo la supervisión administrativa (de todos las dependencias) por medio de las secretarías de superintendencia que, en muchos casos, llevan adelante auditorías periódicas. Finalmente, están los concursos públicos que hay que rendir para ingresar al Poder judicial o, estando dentro de él, para conseguir un ascenso", manifestó.
En peligro
Fleming concretó otra observación. "Este proyecto sólo añade un elemento que puede afectar la independencia e imparcialidad de la que deben gozar los jueces. Esto va en contra de nuestro diseño constitucional; inclusive, de las previsiones de los tratados internacionales que firmó la Argentina, que establecen -entre otros- el derecho de acudir a un juez independiente e imparcial, garantía a la que se vulneraría al someter a los magistrados a una especie de reválida periódica de idoneidad", resaltó.
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