El decreto firmado por Néstor Kirchner en 2003 es una suerte de código de transparencia que regula distintos instrumentos orientados a ampliar la participación ciudadana y transparentar la gestión. En este caso, establece que los secretarios y ministros de Estado deben registrar todos los encuentros en los que una persona pretenda influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de un funcionario público. "Este procedimiento permite conocer cuáles son los intereses en juego en la discusión de una política pública, democratizando el proceso político", sostiene el reglamento. Sin embargo, esa obligación se cumple a medias. Cualquier persona que verifique que un funcionario no publica sus audiencias puede denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción.








