Investigan el nexo de civiles con el Proceso

La determinación precisa de la identidad de cada uno de los civiles que aparece en la lista de colaboradores del Destacamento 142 del Batallón 601 (Inteligencia) del Ejército, que funcionaba en Tucumán, es el objetivo central en la investigación que está en marcha sobre este asunto en los tribunales federales.
"Hemos pedido los informes pertinentes a la Nación, para luego ver qué se hace con ellos", explicó el fiscal federal, Emilio Ferrer, quien está al frente de la pesquisa por decisión del juez federal subrogante Daniel Bejas.
El magistrado interino le remitió la nómina a partir de la desclasificación de archivos secretos que realizó el Gobierno nacional, sobre el personal asignado a distintas tareas de inteligencia durante el proceso militar, mayormente en la recopilación de datos sobre la actividad de distintos ciudadanos.
Ferrer aclaró que la tarea que encara no integra ninguna investigación en marcha respecto de delitos de lesa humanidad. "Este es un expediente independiente de los otros. A partir de la información que consigamos, veremos después si corresponde ingresarla en alguna causa en trámite", puntualizó.

Presentaciones
El fiscal federal trabaja sobre la base de dos presentaciones judiciales formuladas ante Bejas. La primera presentación fue efectuada por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau. El jueves, en tanto, ingresó un planteo del secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Daniel Posse.
"Le pedí a la Justicia que gestione los legajos personales de los mencionados en la lista tanto al Archivo Nacional de la Memoria como al Ministerio de Defensa de la Nación, para que se profundice la investigación. Por mi cuenta, ya le solicité datos a la Unidad Antiterrorismo del Estado, pero van saliendo en forma parcial porque no tienen capacidad operativa de responder a los pedidos que le llegan de todo el país", explicó Posse.
El funcionario elogió la decisión de desclasificar los documentos, que se asimila con la adoptada por los distintos Gobiernos del mundo. "En Estados Unidos, se adopta una medida similar cada 20 años. Que se ponga a conocimiento de la población los nombres de los involucrados en este asunto es un evento muy importante para la democracia. Y también es trascendente que el Ejército haya accedido: son señales claras de su voluntad de construir una nueva relación con la ciudadanía, alejada de las cuestiones del terrorismo de Estado", afirmó.
En cuanto a las listas pendientes (hasta ahora sólo se dieron a conocer la del Ejército y la de la Fuerza Aérea), Posse se mostró optimista respecto de que trasciendan todas las demás. En especial, dijo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), para lo cual se requiere de una decisión presidencial y de una revisión de las leyes en la materia.