Por Álvaro José Aurane
20 Marzo 2010
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Durante la semana que termina, ese peligroso culebrón en que se ha convertido la pelea entre el oficialismo y la oposición en el Congreso nacional presentó una tira de capítulos que le resulta simpática al alperovichismo. La senadora Beatriz Rojkés, desairada por el vicepresidente Julio Cobos, fue reivindicada por la Justicia. En un fallo que inaugura la intromisión judicial en asuntos de exclusiva injerencia parlamentaria (hasta ahora), la esposa del gobernador, José Alperovich, fue repuesta en la comisión Bicameral que debe estudiar los DNU que dicte Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo anula la resolución del titular de la Cámara Alta, quien, a pedido de la nueva composición legislativa (esa en la que los K son decidida minoría), había resuelto excluir de su integración a la titular del PJ tucumano. El rostro de la primera dama provincial fue la cara del coyuntural triunfo kirchnerista, que ahora empata en una comisión donde perdía por un miembro.
Los diálogos de la telenovela institucional, por tanto, tuvieron que ver (del lado de los protagonistas de la representación oficialista de los tucumanos en el Congreso) con que los adversarios políticos tienen posturas antidemocráticas. Y con que la oposición carece de una unidad duradera y coherente. Y con que Cobos no cumple con sus deberes. O sea, mejor no hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, de lo carísimo que le sale a los tucumanos que la mayoría de sus parlamentarios nacionales respalde la continuidad del actual esquema de distribución de recursos federales que impone la pingüinera.
Incesto económico
La oposición, en cambio, abrió una puerta para empezar a hablar de cómo la Casa Rosada reparte los fondos del pueblo. El radical y tucumano José Cano, precisamente, fue uno de los que salió a jugar.
La pelota que puso en la cancha fue la de la reforma de la coparticipación del Impuesto al Cheque. Hoy, de cada $ 100 que se recaudan por el Impuesto a los Débitos y los Créditos Bancarios (tal su verdadero nombre), $ 80 van a la Nación y sólo $ 15 se distribuyen entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los opositores reclaman menos inequidad, tomando como antecedente la distribución de la recaudación del IVA, de la cual el 44,5% se envía a las provincias.
Puesto en números absolutos, la implementación de ese esquema determinaría que Tucumán -según expuso el senador en el recinto-, en lugar de los $ 124 millones anuales que obtiene por el Impuesto al Cheque pasaría a recibir $ 600 millones. O $ 50 millones por mes. O $ 2 millones por cada día hábil del año.
Pero el alperovichismo no quiere tal cosa. Por el contrario, reniega de ello. De hecho, lo que anda aplaudiendo por esos días es la emisión de 100 millones de dólares en Consadep III a diez años. Es decir, que el endeudamiento se multiplique a partir de ese incesto económico que es pagar deuda con más deuda.
Cuestión de posturas
¿Por qué el alperovichismo se niega a votar un esquema legal que le reportará un aumento de recursos igual al 12% del Presupuesto 2010? En rigor, por una razón escasamente técnica y hasta dudosamente política: no enojar a los Kirchner. Porque (aclara desde el primero hasta el último alperovichista) mientras la actual gestión no demanda lo que es de los tucumanos, la Casa Rosada compensa y recompensa. Eso es, aducen, el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), que garantiza el pago de los sueldos y que -cifras más, cifras menos- equivale a lo que se recibiría si mejorara el esquema de coparticipación del Impuesto al Cheque.
Ese argumento requiere dos precisiones. La primera es que se está ante un debate de posturas. Porque si se prefiere obtener $ 600 millones mediante el antojo discrecional de la Presidencia en lugar de hacerlo a través de la garantía de una ley, de lo que se discute es si se quiere gobernar de pie frente a la Nación o de rodillas ante el kirchnerismo.
La segunda cuestión refiere a los antecedentes del PFO. En 2008, por ejemplo, las provincias aportaron, mediante la compulsiva retención del 15% de la masa coparticipable, $ 24.200 millones a la Anses, en concepto de aportes previsionales. Seis provincias pleitean esa detracción en la Justicia. La Anses, a su vez, le prestó $ 10.000 millones al Tesoro. Y el Tesoro le prestó, PFO mediante, $ 6.000 millones a las provincias. O sea, la Nación endeuda a sus distritos con plata que es de esos distritos.
Pero -agregan los oficialistas tucumanos-, la Nación dispensa varios otros favores a Tucumán. Y ahí comienza el alegato de la democracia pavimentadora: calles asfaltadas, rutas por ampliar, casas por construir...
Nunca puede saberse a ciencia cierta cuán convencidos están con esos argumentos. Especialmente porque las planillas con los datos oficiales sobre los dineros que la Nación destina a Tucumán contradicen al oficialismo vernáculo de manera muy convincente.
Desconcierto federal
Un ejemplo revelador es el de la composición del gasto por ubicación geográfica, lo que traducido significa cuándo gasta la Presidencia en cada provincia. En la comparación entre lo pautado para 2009 y para 2010, se observa que el crecimiento promedio para las provincias es de 13,5%. Pero la siempre kirchnerista Tucumán está por debajo de esa tasa: sólo le toca el 13,2%, que es la diferencia entre los $ 6.000 millones para este año y los $ 5.300 millones del año pasado.
Curiosamente, a otros distritos adictos, pero donde el kirchnerismo perdió las elecciones del 28 de junio, los tratan varias veces mejor. Por ejemplo, Buenos Aires crecerá un 16,5%.
Tampoco los beneficios guardan relación con la antigüedad: en Chaco, gobernada por el neokirchnerista Jorge Capitanich, los gastos del Gobierno central se incrementarán un 19,4%. Y qué decir de las subas para la opositora provincia de Córdoba (21,9%), la díscola Catamarca (18%), la Santa Fe que enjuicia a la Casa Rosada en la Corte (21%), y hasta la San Luis de los Rodríguez Saa, que con el incremento del 13,5% también supera a "Tukumán".
Y está Santa Cruz: allí, los gastos de la Nación crecerán este año un 24% respecto de 2009. Pero esto no es lo más delicado.
Lo más delicado
En rigor, Tucumán no parece ocupar un lugar particularmente significativo en las consideraciones presupuestarias del kirchnerismo.
La coparticipación neta tuvo en la Argentina un crecimiento interanual, en el período 2008-2009, del 9%. De los $ 267.347 millones que recaudó, lo ejecutado en la distribución a las provincias fue de $ 61.882 millones. Es decir, el 23% (en 2008 había sido el 28%). O sea, mucho menos que el 35% que exige la legislación vigente.
Por supuesto, las malas noticias para las provincias no son tales para algunos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. En idéntico período, el monto de gastos de la Jefatura de Gabinete, que maneja Aníbal Fernández, se incrementó en un 81%. Llamativamente, hubo un Ministerio que perdió poco más de $ 400 millones: nada menos que el de la Producción, a cargo de Debora Giorgi. Pero a los efectos tucumanos, lo llamativo es lo acontecido con la cartera que conduce Julio De Vido. El Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, entre 2008 y 2009, experimentó una suba de $ 5.400 millones.
A escala, lo que ese funcionario recibió como aumento presupuestario equivale a toda la plata que la Nación gastó en Tucumán durante 2008, incluyendo los salarios de todos los empleados y funcionarios de las delegaciones de organismos nacionales con sede en Tucumán, lo que abarca a toda la Justicia Federal. Y, por cierto, equivale también al 90% de lo que el Gobierno central gastó al año siguiente aquí.
O sea que un millón y medio de tucumanos valen, para la Nación, lo que el incremento de partidas de un solo De Vido.
Pero esto tampoco es lo más serio.
Lo más serio
El asunto se agrava cuando se analiza la distribución del gasto por provincias y por habitantes.
Cuando se saca el promedio, se obtiene que el gasto nacional total por argentino (sumando tanto los gastos corrientes -sueldos e insumos de las oficinas nacionales- como los gastos de capital) es de $ 6.277 por año.
Al tucumano, en cambio, le corresponden sólo $ 4.485. En lo que refiere al interior del país, menos que los sanjuaninos, los rionegrinos, los formoseños, los chubutenses, los sanluiseños, los catamarqueños, los riojanos, los pampeanos y los fueguinos.
E, indudablemente, muchísimo -pero muchísimo menos- que los santacruceños. La Nación gasta $ 14.216 anuales por cada habitante de Santa Cruz.
Eso sí, todavía falta lo peor.
Lo peor
Lo peor aparece cuando se toma en cuenta, únicamente, las cifras de los gastos de capital, es decir, el dinero que invierte la Nación en obras y en servicios públicos para cada provincia.
En este caso, el promedio nacional es de $ 850 por argentino. Sin embargo, Tucumán sólo recibe $ 738 por habitante. Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, Río Negro, Formosa, Chubut, la Capital Federal, Tierra del Fuego y La Rioja reciben más.
Y, claro, está Santa Cruz: ahí, el gasto de capital de la Nación es, nada menos, que de $ 5.960 por habitante. Dicho de otro modo, por cada $ 87 que se gastan en inversiones para un tucumano, se mandan $ 702 a Santa Cruz. Dicho de la peor manera, por cada $ 100 para un santacruceño, llegan $ 12 para un tucumano.
Una de las pocas virtudes del capitalismo es su sinceridad: explicita con dinero el valor que le da a las cosas. Si son objetos, por su precio. Si son actividades humanas, por su remuneración. Sobre esta base, la conclusión es que, en materia de inversiones, un tucumano vale siete veces menos que un santacruceño, tanto para el kirchnerismo como para las autoridades provinciales que se lo permiten. Y que organizan actos para aplaudir a los pingüinos cada 9 de julio.
En este contexto, una pregunta busca respuesta en el Gobierno. Exactamente, ¿cuál es el negocio de la genuflexión?
Los diálogos de la telenovela institucional, por tanto, tuvieron que ver (del lado de los protagonistas de la representación oficialista de los tucumanos en el Congreso) con que los adversarios políticos tienen posturas antidemocráticas. Y con que la oposición carece de una unidad duradera y coherente. Y con que Cobos no cumple con sus deberes. O sea, mejor no hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, de lo carísimo que le sale a los tucumanos que la mayoría de sus parlamentarios nacionales respalde la continuidad del actual esquema de distribución de recursos federales que impone la pingüinera.
Incesto económico
La oposición, en cambio, abrió una puerta para empezar a hablar de cómo la Casa Rosada reparte los fondos del pueblo. El radical y tucumano José Cano, precisamente, fue uno de los que salió a jugar.
La pelota que puso en la cancha fue la de la reforma de la coparticipación del Impuesto al Cheque. Hoy, de cada $ 100 que se recaudan por el Impuesto a los Débitos y los Créditos Bancarios (tal su verdadero nombre), $ 80 van a la Nación y sólo $ 15 se distribuyen entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los opositores reclaman menos inequidad, tomando como antecedente la distribución de la recaudación del IVA, de la cual el 44,5% se envía a las provincias.
Puesto en números absolutos, la implementación de ese esquema determinaría que Tucumán -según expuso el senador en el recinto-, en lugar de los $ 124 millones anuales que obtiene por el Impuesto al Cheque pasaría a recibir $ 600 millones. O $ 50 millones por mes. O $ 2 millones por cada día hábil del año.
Pero el alperovichismo no quiere tal cosa. Por el contrario, reniega de ello. De hecho, lo que anda aplaudiendo por esos días es la emisión de 100 millones de dólares en Consadep III a diez años. Es decir, que el endeudamiento se multiplique a partir de ese incesto económico que es pagar deuda con más deuda.
Cuestión de posturas
¿Por qué el alperovichismo se niega a votar un esquema legal que le reportará un aumento de recursos igual al 12% del Presupuesto 2010? En rigor, por una razón escasamente técnica y hasta dudosamente política: no enojar a los Kirchner. Porque (aclara desde el primero hasta el último alperovichista) mientras la actual gestión no demanda lo que es de los tucumanos, la Casa Rosada compensa y recompensa. Eso es, aducen, el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), que garantiza el pago de los sueldos y que -cifras más, cifras menos- equivale a lo que se recibiría si mejorara el esquema de coparticipación del Impuesto al Cheque.
Ese argumento requiere dos precisiones. La primera es que se está ante un debate de posturas. Porque si se prefiere obtener $ 600 millones mediante el antojo discrecional de la Presidencia en lugar de hacerlo a través de la garantía de una ley, de lo que se discute es si se quiere gobernar de pie frente a la Nación o de rodillas ante el kirchnerismo.
La segunda cuestión refiere a los antecedentes del PFO. En 2008, por ejemplo, las provincias aportaron, mediante la compulsiva retención del 15% de la masa coparticipable, $ 24.200 millones a la Anses, en concepto de aportes previsionales. Seis provincias pleitean esa detracción en la Justicia. La Anses, a su vez, le prestó $ 10.000 millones al Tesoro. Y el Tesoro le prestó, PFO mediante, $ 6.000 millones a las provincias. O sea, la Nación endeuda a sus distritos con plata que es de esos distritos.
Pero -agregan los oficialistas tucumanos-, la Nación dispensa varios otros favores a Tucumán. Y ahí comienza el alegato de la democracia pavimentadora: calles asfaltadas, rutas por ampliar, casas por construir...
Nunca puede saberse a ciencia cierta cuán convencidos están con esos argumentos. Especialmente porque las planillas con los datos oficiales sobre los dineros que la Nación destina a Tucumán contradicen al oficialismo vernáculo de manera muy convincente.
Desconcierto federal
Un ejemplo revelador es el de la composición del gasto por ubicación geográfica, lo que traducido significa cuándo gasta la Presidencia en cada provincia. En la comparación entre lo pautado para 2009 y para 2010, se observa que el crecimiento promedio para las provincias es de 13,5%. Pero la siempre kirchnerista Tucumán está por debajo de esa tasa: sólo le toca el 13,2%, que es la diferencia entre los $ 6.000 millones para este año y los $ 5.300 millones del año pasado.
Curiosamente, a otros distritos adictos, pero donde el kirchnerismo perdió las elecciones del 28 de junio, los tratan varias veces mejor. Por ejemplo, Buenos Aires crecerá un 16,5%.
Tampoco los beneficios guardan relación con la antigüedad: en Chaco, gobernada por el neokirchnerista Jorge Capitanich, los gastos del Gobierno central se incrementarán un 19,4%. Y qué decir de las subas para la opositora provincia de Córdoba (21,9%), la díscola Catamarca (18%), la Santa Fe que enjuicia a la Casa Rosada en la Corte (21%), y hasta la San Luis de los Rodríguez Saa, que con el incremento del 13,5% también supera a "Tukumán".
Y está Santa Cruz: allí, los gastos de la Nación crecerán este año un 24% respecto de 2009. Pero esto no es lo más delicado.
Lo más delicado
En rigor, Tucumán no parece ocupar un lugar particularmente significativo en las consideraciones presupuestarias del kirchnerismo.
La coparticipación neta tuvo en la Argentina un crecimiento interanual, en el período 2008-2009, del 9%. De los $ 267.347 millones que recaudó, lo ejecutado en la distribución a las provincias fue de $ 61.882 millones. Es decir, el 23% (en 2008 había sido el 28%). O sea, mucho menos que el 35% que exige la legislación vigente.
Por supuesto, las malas noticias para las provincias no son tales para algunos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. En idéntico período, el monto de gastos de la Jefatura de Gabinete, que maneja Aníbal Fernández, se incrementó en un 81%. Llamativamente, hubo un Ministerio que perdió poco más de $ 400 millones: nada menos que el de la Producción, a cargo de Debora Giorgi. Pero a los efectos tucumanos, lo llamativo es lo acontecido con la cartera que conduce Julio De Vido. El Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, entre 2008 y 2009, experimentó una suba de $ 5.400 millones.
A escala, lo que ese funcionario recibió como aumento presupuestario equivale a toda la plata que la Nación gastó en Tucumán durante 2008, incluyendo los salarios de todos los empleados y funcionarios de las delegaciones de organismos nacionales con sede en Tucumán, lo que abarca a toda la Justicia Federal. Y, por cierto, equivale también al 90% de lo que el Gobierno central gastó al año siguiente aquí.
O sea que un millón y medio de tucumanos valen, para la Nación, lo que el incremento de partidas de un solo De Vido.
Pero esto tampoco es lo más serio.
Lo más serio
El asunto se agrava cuando se analiza la distribución del gasto por provincias y por habitantes.
Cuando se saca el promedio, se obtiene que el gasto nacional total por argentino (sumando tanto los gastos corrientes -sueldos e insumos de las oficinas nacionales- como los gastos de capital) es de $ 6.277 por año.
Al tucumano, en cambio, le corresponden sólo $ 4.485. En lo que refiere al interior del país, menos que los sanjuaninos, los rionegrinos, los formoseños, los chubutenses, los sanluiseños, los catamarqueños, los riojanos, los pampeanos y los fueguinos.
E, indudablemente, muchísimo -pero muchísimo menos- que los santacruceños. La Nación gasta $ 14.216 anuales por cada habitante de Santa Cruz.
Eso sí, todavía falta lo peor.
Lo peor
Lo peor aparece cuando se toma en cuenta, únicamente, las cifras de los gastos de capital, es decir, el dinero que invierte la Nación en obras y en servicios públicos para cada provincia.
En este caso, el promedio nacional es de $ 850 por argentino. Sin embargo, Tucumán sólo recibe $ 738 por habitante. Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, Río Negro, Formosa, Chubut, la Capital Federal, Tierra del Fuego y La Rioja reciben más.
Y, claro, está Santa Cruz: ahí, el gasto de capital de la Nación es, nada menos, que de $ 5.960 por habitante. Dicho de otro modo, por cada $ 87 que se gastan en inversiones para un tucumano, se mandan $ 702 a Santa Cruz. Dicho de la peor manera, por cada $ 100 para un santacruceño, llegan $ 12 para un tucumano.
Una de las pocas virtudes del capitalismo es su sinceridad: explicita con dinero el valor que le da a las cosas. Si son objetos, por su precio. Si son actividades humanas, por su remuneración. Sobre esta base, la conclusión es que, en materia de inversiones, un tucumano vale siete veces menos que un santacruceño, tanto para el kirchnerismo como para las autoridades provinciales que se lo permiten. Y que organizan actos para aplaudir a los pingüinos cada 9 de julio.
En este contexto, una pregunta busca respuesta en el Gobierno. Exactamente, ¿cuál es el negocio de la genuflexión?
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