No se dan por aludidos

El alperovichismo no se da por aludido. En el orden nacional, los tres poderes del Estado se encaminan a cumplir, durante la semana que viene, 90 días de un conflicto político e institucional muy severo en torno al uso que debe darse a los fondos del Estado. El Ejecutivo decretó que puede usar reservas para pagar deuda. El Congreso, donde la oposición ahora tiene una mayoría precaria y papelonera, pero mayoría al fin, ha dicho que eso está por verse. Y, en medio, la Justicia ordenó que aún no se toquen los dineros del Banco Central.
En Tucumán, en cambio, las cosas son bastante más sencillas. Y, por supuesto, mucho peores. Públicamente peores, por cuanto quedaron expuestas a la luz en la última y lamentable sesión de la Legislatura. Aquí, el oficialismo decidió que se van a pagar deudas generando más deudas. Aunque parezca hasta incoherente, es real. Más aún: es ley. Eso y no otra cosa es la flamante (y flamígera) emisión de la Serie III de los Consadep: atenderán deudas con títulos que endeudarán por los próximos 10 años a los tucumanos en 100 millones de dólares.
Es que el alperovichismo no se da por aludido, tampoco, respecto del incremento de la deuda pública provincial. A fines de 1999, cuando José Alperovich asume como ministro de Economía de la Provincia (la suerte de las finanzas públicas está en sus manos desde hace más de una década), el pasivo era de $ 2.400 millones, según el monitoreo del Tribunal de Cuentas. Por entonces, los presupuestos provinciales rondaban los $ 1.300 millones anuales. Ahora, la deuda pública es de $ 4.500 millones: se duplicó. A pesar de que la actual gestión ya manejó $ 28.000 millones, a los que deben sumarse los $ 7.100 millones del Presupuesto 2010. Esa es la lógica del subtrópico: cuánto más plata tiene el Gobierno, más grande se hace la deuda.

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Ahora, el boquete financiero se ensanchará todavía más con los Consadep III, pero el oficialismo entiende que no es asunto suyo. Sólo así se comprende que cada vez que debe hablar de la deuda pública, el mandatario provincial jure y perjure que él no tomó un sólo crédito. Claro está, siempre olvida decir que eso se debe a dos razones de peso: la primera es que administra una provincia a la que no quieren darle préstamos. La segunda es que ha decidido prescindir de esas herramientas a cambio de hipotecar el presente de sus comprovincianos. Y también su futuro inmediato: el de la próxima década.
Pero en la Legislatura hay una abrumadora mayoría que no se da por aludida al respecto. La única excusa oficial dada en favor de los Consadep fue que había que pagar lo que la Justicia ordenaba pagar. A ello se sumó el voto del bloque Republicano, desde el cual Luis Bussi explicó que, asesorado por las excelencias de la gestión de su padre, no le encontraba objeciones al asunto. Eso explica acabadamente por qué el bussismo terminó con media administración pública acampada en la plaza Independencia y con la Casa de Gobierno sitiada.
Desde la oposición, Esteban Jerez advirtió que las deudas deben pagarse con superávit, no con más deuda. Ricardo Bussi reparó en que el Ejecutivo pidió dar de baja 50 millones de Consadep Serie II, que no usó desde que empezó la gestión. ¿Por qué había que darles, entonces, 100 millones de dólares, cuando les quedan menos de dos años de mandato?, inquirió. No le contestaron. Y parece que no oyeron a Osvaldo Cirnigliaro, quien reclamó que la Fiscalía de Estado debería encargarse de ganar juicios para que no engorde más la deuda.
Ahora bien, cuando el ministro de Economía, Jorge Jiménez, dijo que sólo en lo que va del segundo mandato alperovichista se pagaron ya la friolera de $ 30 millones en juicios por honorarios de abogados, ¿en Fiscalía de Estado tampoco se dieron por aludidos?
Tampoco.
En rigor, el problema ya ha adquirido características mitológicas: hoy se oye en los pasillos de la Casa de Gobierno la "leyenda del expediente sin cabeza". En realidad, se trataría de una causa sin pies ni cabeza. Cuentan los que ya han sido espantados por el espectro que en una ciudad del Gran San Miguel de Tucumán, todos los ediles de una composición pasada de un Concejo Deliberante habrían iniciado un juicio. No son los opositores que, en gestiones anteriores, terminaron siendo concejales ad honorem en los hechos, porque había intendentes canallas que intentaban extorsionarlos no pagándoles la dieta. No. Los de la leyenda son ediles que cobraban unos $ 2.000 de dieta, pero habrían efectuado un reclamo judicial por diferencias salariales de $ 8.000 mensuales, cada uno. Hasta ahí, los funcionarios contienen el aliento: sueltan el alarido cuando les muestran que, aparentemente, la Provincia tendría serias chances de perder la demanda. Por lo cual, pretenden que ya le embargaron más de $ 2 millones al erario.

El
A ciencia cierta, el alperovichismo es un esquema en el que casi nadie se da por aludido. Un ejemplo son las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la firma de un convenio con la Fundación Salud para dictar cursos de endodoncia a personal del Siprosa.
Cuando el gobernador dice que pone las dos manos en el fuego por el actual ministro de Salud Pública en ese caso, dado que los vínculos del Estado con Funsal son anteriores a la asunción de Pablo Yedlin, ¿el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, no se da por aludido?
Desde que LA GACETA sacó a la luz ese desaguisado, en febrero, Yedlin no sólo obtuvo respaldos internos sino que también recibió consejos: tiene que formar un equipo de colaboradores con hombres de su confianza, no de la confianza de Manzur.
Claro está, en el Ejecutivo también se recogen otras absoluciones referidas a Yedlin. "Pablo no está interesado en esos convenios: él está ocupado en perseguir médicos autoconvocados", sostiene un alperovichista de peso, en alusión a la resolución 06 del Siprosa: esa amenaza oficial de que habrá sanciones contra cualquier trabajador de la salud que tenga la osadía de protestar porque lo que le pagan por salvar vidas no le alcanza para vivir.
Parece que en el Siprosa no se dan por aludidos, pero la receta de ignorar, presionar, perseguir y amenazar a los autoconvocados dio como resultado una memorable derrota para el oficialismo: debió ceder a las demandas de los miles de movilizados y desautorizó a medio universo sindical.

Vosotros
En los poderes políticos no se dan por aludidos respecto de que deberían ocuparse por controlar la gestión antes que preocuparse por controlar a los tucumanos que no se arrodillan ante la democracia pavimentadora. A pesar, inclusive, de que el oficialismo legislativo se haya puesto firme y haya ratificado que nada ni nadie hará que fiscalice la tarea del Ejecutivo, no importa el asunto ni la divisa de que se trate.
Por un lado, autorizaron a la Casa de Gobierno a que celebre contratos de alquiler con opción a compra, por $ 30 millones, de cualquier cosa que encuadre en esa generalidad que son los "bienes de capital". El Gobierno no dio ninguna explicación más que la de su "necesidad" de tener un "stock" de esos bienes. Y listo.
Otra que cheques en blanco...
Con los Consadep III fue todavía peor. En la Nación, para el caso, referentes de partidos de centro izquierda le hicieron un planteo sensato al oficialismo: si detallan cuáles deudas -y por ende, cuáles deudores- quieren cancelar con las reservas, aceptarán sentarse a dialogar. Aunque sean decenas de miles, quieren conocer el nombre de cada uno de los tenedores de bonos a los que se les pagarán vencimientos con los fondos de los argentinos.
En Tucumán, en cambio, autorizaron al Gobierno a que emita 100 millones de dólares en Consadep III para que pague todavía no se sabe qué ni mucho menos a quién. Porque mientras la Nación tiene una nómina de acreedores, que saben los K porque no la hacen pública, en esta provincia ni siquiera tienen un listado: lo están elaborando. Sin embargo, el Gobierno ya tiene las manos libres para emitir esos valores por un monto que, en pesos, equivale al 5,4% del Presupuesto 2010.
Cuando Néstor dice que el kirchnerismo, a la par de la oposición, "parece un jardín de infantes", se queda corto con el sujeto de la comparación. En los gobiernos provinciales kirchneristas nadie se chupa el dedo.

Ellos
En el Estado no se dan por aludidos, pero los Consadep III sólo son una buena noticia para esa cosa tan intangible y a la vez tan gravitante como es el sistema financiero. Más que una explicación, el asunto merece un recordatorio: qué ocurrió cuando se emitieron los Consadep Serie II.
La entrega de los cupones correspondientes se demoró. Hubo gente que esperó hasta un año para recibirlos. Gente, por cierto, que había aguardado años -y hasta décadas- para que liquidaran sus sentencias contra el Estado. Frente a la nueva espera (la de recibir los valores), muchos terminaron vendiendo esos prometidos Consadep a operadores de bolsa, pero también a estudios jurídicos y a escribanías que les "compraban el juicio" ya con sentencia firme pero sin Consadep asignados. Por supuesto, les pagaban mucho menos que el valor nominal, puesto que el título se amortiza a 10 años y sólo se puede canjear un cupón por semestre... cuando se tienen los cupones. Luego, los nuevos "titulares", cuando consiguieron los bonos, se los vendieron a ahorristas ("inversores", en la pomposa jerga local), cobrando también una comisión. El negocio, es evidente, no era del hijo de vecino que había demandado a la Provincia.
En eso, queda más que claro, no consiste la "justicia social". Pero, por supuesto, en el oficialismo no se dan por aludidos.