Un juez pedirá que la Digedrop custodie a los presos adictos

La polémica sobre cómo y dónde deben ser asistidos los presos que consumen estupefacientes en el penal de Villa Urquiza aún no terminó. Aunque la Justicia y el área de Salud ya acordaron que seis internos adictos sean alojados en el Hospital Psiquiátrico Obarrio, el camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas aún no recibió el informe completo para saber cuántos de los 78 reos a su cargo usan drogas en la cárcel.
Por ello, el magistrado le envió un oficio al Cuerpo Médico Forense solicitando que se concluya con los estudios de orina, que fueron iniciados en noviembre. "Una vez que tengamos el informe completo y sepamos cuántos casos positivos hay, se trabajará con especialistas del Ministerio de Salud en el penal. El director (Roberto Guyot) deberá buscar los medios para habilitar un sitio adecuado y aislado dentro del establecimiento para que allí sean tratados", expresó Ruiz Vargas, en diálogo con LA GACETA. El juez dispondrá también que personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía sea quien custodie esa unidad, y no los guardiacárceles.
En noviembre, uno de los presos a cargo de la sala VI de la Cámara Penal (compuesta por las juezas Marta Cavallotti, Alicia Freidenberg y Ruiz Vargas) fue sorprendido en su calabozo con droga en su poder.
Ante esto, el vocal ordenó que los internos a cargo del tribunal fueran sometidos a análisis por especialistas del Cuerpo Médico Forense. Aunque los resultados totales debían estar listos en unos 90 días, el informe completo aún no llegó a manos del magistrado. Por eso, Ruiz Vargas les envió un oficio a las autoridades de esa área solicitándoles que se le remita el total de la pericia lo antes posible.

Listado parcial
En diciembre, el juez había recibido un listado parcial: de 15 reos, ocho habían consumido drogas (siete de ellos, marihuana o cocaína).
Hace una semana, Ruiz Vargas firmó tres oficios. El primero estaba destinado a Guyot, quien se debe encargar del traslado de los internos. El segundo, a la directora del Obarrio, Nélida Romano, que fue notificada sobre la necesidad de que seis de los individuos fueran alojados y desintoxicados en el hospital. El último fue enviado al jefe de Policía, Hugo Sánchez, quien debe disponer de un agente por cada uno de los internos que llegue al psiquiátrico.
El miércoles, el magistrado se reunió con Romano y con el viceministro de Salud, Alberto Sabaj, y acordaron un plan de trabajo, tanto para los reos que deben ser asistidos ahora como para los que puedan necesitar tratamiento a futuro. "El encuentro fue bastante bueno", señaló Sabaj ese día.

Conflicto en puerta
Pese al acuerdo, no todo está resuelto. Hace una semana, mientras salían las resoluciones del despacho de Ruiz Vargas, personal del Obarrio realizó una protesta en el hall de la institución. Psiquiatras, psicólogos, enfermeras y otros empleados adelantaron que no asistirán a los presos que sean derivados allí. "Esa postura se mantiene casi en un 95% del plantel. Incluso, mañana (por hoy) se le entregará una nota firmada por varios profesionales a la directora expresándole nuestro repudio por el acuerdo que se hizo con la Justicia", afirmó un especialista que forma parte del staff del Obarrio. El profesional considera que el centro médico no es el apropiado para asistir a adictos en conflicto con la ley. "Esto es un hospital, no una cárcel. Los riesgos que correrán el personal y los pacientes están a la vista", reclamó la fuente.
Esta situación podría disparar un nuevo conflicto, ya que desde la sala VI de la Cámara Penal advirtieron que el cumplimiento del oficio es obligatorio. Quienes no lo hagan, indicaron fuentes tribunalicias, pueden ser procesados por desobediencia judicial e, incluso, por abandono de persona. "Mañana (por hoy) a las 8.30 habrá una reunión con referentes de médicos autoconvocados y saldrá una postura clara con respecto a esto", remarcó un profesional del hospital.