Realidad de Tucumán frente a los sismos

Estamos viviendo una época de movimientos de tierra, como es conocido por todos. En la Argentina, los registrados en la zona de Cuyo y en el Noroeste -la provincia de Tucumán incluida-  no han pasado, felizmente, de sustos. Por eso nuestra situación no puede compararse a la que azota a haitianos o chilenos. Pero, de todos modos, la frecuencia de los temblores nos tiene en un estado de inquietud. Se tranquiliza a los tucumanos con la afirmación de que habitamos un área de riesgo sísmico moderado. Pero no por eso dejamos de pensar si estamos preparados para enfrentar algo más que la zozobra de los temblores últimos. Hay que reconocer que las respuestas a tal interrogante no son alentadoras.
Hace pocos días, en este comentario, consignamos la necesidad de contar con un programa adecuado para catástrofes telúricas. En una entrevista, publicada el lunes último, el director de Defensa Civil manifestó que existe un instructivo de emergencias, redactado por su repartición en 2006: fue girado a todos los organismos vinculados al asunto, pero el Gobierno aún no dictó el decreto que lo instrumente. Tampoco estaba en el sitio web del organismo, en el momento de la consulta periodística. Esto a pesar de que, dijo, "el Estado tiene una estrategia".
El director expresó que, aunque del instructivo surge que las escuelas deben desarrollar su propio programa de evacuación, "algunos establecimientos lo han completado, otros están en la mitad del camino y otros directamente no le dieron bolilla (sic)". Piensa que la falta de una conciencia adecuada es la razón de esa indiferencia, y agregó que "posiblemente debemos insistir más".
El miércoles último, publicamos más información sobre la temática. El manual de procedimientos del Catastro Municipal, expresa que el cálculo de la estructura e instalaciones de un edificio, sus técnicas constructivas, la calidad de los materiales y la ejecución de las obras, son "responsabilidad exclusiva de los profesionales, que la asumen expresamente durante el trámite". Es decir que la Municipalidad está liberada de responsabilidad en la corrección de las estructuras e instalaciones. Esto a pesar de que la ley provincial 7869, que adhiere al reglamento sobre construcciones antisísmicas, delega a los municipios, en las ciudades, y a Obras Públicas, en las comunas, el control y el poder de policía respectivos.
El Colegio de Ingenieros ha planteado que el control municipal de los cálculos es meramente formal. Catastro lo niega: asegura que revisa la constancia de observación de los valores antisísmicos mínimos. Pero que no puede saber si las operaciones del profesional están bien o mal, "porque hay diferentes métodos de cálculo, formas de encarar un proyecto y programas".
Sus inspectores controlan, pero, según el secretario municipal de Obras Públicas, su tarea no puede ser exhaustiva, ya que excede la capacidad del organismo para efectivarla. "No estamos tranquilos sobre la previsión de sismorresistencia en los edificios de la Capital, pero no es sólo culpa de la administración", reconoció. Nos parece que está delineado un panorama escasamente tranquilizador. Pensamos si no es posible que se exija a los profesionales un sistema único de cálculos, que pueda ser exactamente verificado por la Municipalidad. Esto junto con la dotación del personal suficiente para ejercer un control mucho más exhaustivo que el actual, en toda construcción nueva. Al mismo tiempo, implementar por decreto el plan de emergencia y disponer que toda escuela cumpla con lo que corresponde, además de organizar simulacros generales. Hasta el momento, los recaudos oficiales ante la posibilidad de un sismo significativo suenan a peligrosamente tenues y flojos. Es un asunto que tiene envergadura suficiente como para convertirse en toda una prioridad.