Acordaron el traslado de los reos al Obarrio
Los profesionales del psiquiátrico analizarán a seis presos con adicciones a las drogas y determinarán el tratamiento que deben seguir. Luego de una reunión , la Justicia y las autoridades de la salud coordinaron la asistencia a los reclusos drogadependientes.
11 Marzo 2010 Seguir en 
Expusieron sus posturas, sus argumentos y sus preocupaciones. Y, tras varios minutos de diálogo, funcionarios del área de Salud y del Poder Judicial llegaron a un acuerdo: seis de los reos que, según un estudio, consumieron marihuana o cocaína en el penal de Villa Urquiza serán trasladados al Hospital Psiquiátrico Obarrio, donde serán analizados por especialistas. Además, las autoridades resolvieron que psiquiatras y psicólogos del centro asistencial empiecen a trabajar con otros reos adictos dentro de la penitenciaría.
"Fue un encuentro sumamente positivo. Varios de los puntos quedaron resueltos, pero vamos a seguir reuniéndonos. Estamos de acuerdo en que se le debe dar una solución de fondo a este problema", le dijo a LA GACETA el juez Carlos Francisco Ruiz Vargas, vocal de la sala VI de la Cámara Penal. El magistrado fue quien el viernes firmó el oficio que puso otra vez sobre el tapete el problema del consumo de drogas en la cárcel.
En noviembre, uno de los 78 internos a cargo de la sala VI (compuesta también por las juezas Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti) fue sorprendido con estupefacientes en su poder en su celda.
A raíz de esto, Ruiz Vargas ordenó que los presos a su disposición fueran sometidos a análisis de orina por personal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Aunque aún no llegó a sus manos el informe completo, en diciembre le remitieron resultados parciales: ocho de los 15 internos habían consumido estupefacientes.
El juez consideró que era urgente asistir a esos reos. Por eso, dispuso que seis de ellos fueran alojados y desintoxicados en el Obarrio.
Durante la semana, el Ministro de Seguridad, Pablo Yedlin, había dicho que estaban dispuestos a trabajar en conjunto con la Justicia para afrontar la situación, pero que el psiquiátrico no era el lugar apropiado para tratar a los reos. "Lo que no tenemos es capacidad para dar respuesta a todos los pacientes con problemas de adicciones que están en las cárceles", había dicho Yedlin.
Ayer a la mañana, el viceministro de la cartera, Alberto Sabaj, y la directora del centro médico, Nélida Romano, estuvieron en la sede penal de Tribunales, en avenida Sarmiento al 400, donde tiene su despacho el vocal Ruiz Vargas. Allí se reunieron y dialogaron sobre el problema.
"Hemos acercado algunas posibles diferencias que teníamos para tratar de darles una solución a los pacientes. En primera instancia, la directora Romano se comprometió a evaluar cada uno de los internos; luego, se realizará un informe sobre el estado de salud de ellos y se lo enviará al juez", explicó Sabaj. El funcionario añadió que se trabajará caso por caso y, sobre esa base, se decidirá dónde debe ser asistido el preso. "Hay pacientes que pueden ser desintoxicados en el Obarrio; otros, en casas de día; también se puede trabajar dentro del penal mismo. Todo esto será analizado por la directora del hospital y su equipo de médicos", remarcó Sabaj. El viceministro agregó que le envió una notificación al director de Institutos Penales, Roberto Guyot, para ponerlo al tanto de la charla. "Hoy (por ayer) es difícil que se lleven a cabo los traslados. Pero fue bastante bueno para todos el encuentro que tuvimos", aclaró el funcionario.
Custodios
Según lo resuelto por Ruiz Vargas, ahora resta que guardiacárceles lleven a los internos al Obarrio, donde deberán ser alojados en la sala de agudos, que tiene capacidad para 16 personas. También se le envió un oficio a la Policía, que debe proveer un custodio por cada preso a fin de evitar fugas u otros conflictos.
"Vamos a seguir trabajando en esto. Se trata de un problema que no solamente afecta a quienes están dentro de la cárcel, sino a toda la comunidad. Un preso, tarde o temprano, recupera la libertad, y si es adicto se corre el riesgo de que reincida e, incluso, de que tenga que ser declarado inimputable si llega a cometer un delito", recordó Ruiz Vargas.
"Fue un encuentro sumamente positivo. Varios de los puntos quedaron resueltos, pero vamos a seguir reuniéndonos. Estamos de acuerdo en que se le debe dar una solución de fondo a este problema", le dijo a LA GACETA el juez Carlos Francisco Ruiz Vargas, vocal de la sala VI de la Cámara Penal. El magistrado fue quien el viernes firmó el oficio que puso otra vez sobre el tapete el problema del consumo de drogas en la cárcel.
En noviembre, uno de los 78 internos a cargo de la sala VI (compuesta también por las juezas Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti) fue sorprendido con estupefacientes en su poder en su celda.
A raíz de esto, Ruiz Vargas ordenó que los presos a su disposición fueran sometidos a análisis de orina por personal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Aunque aún no llegó a sus manos el informe completo, en diciembre le remitieron resultados parciales: ocho de los 15 internos habían consumido estupefacientes.
El juez consideró que era urgente asistir a esos reos. Por eso, dispuso que seis de ellos fueran alojados y desintoxicados en el Obarrio.
Durante la semana, el Ministro de Seguridad, Pablo Yedlin, había dicho que estaban dispuestos a trabajar en conjunto con la Justicia para afrontar la situación, pero que el psiquiátrico no era el lugar apropiado para tratar a los reos. "Lo que no tenemos es capacidad para dar respuesta a todos los pacientes con problemas de adicciones que están en las cárceles", había dicho Yedlin.
Ayer a la mañana, el viceministro de la cartera, Alberto Sabaj, y la directora del centro médico, Nélida Romano, estuvieron en la sede penal de Tribunales, en avenida Sarmiento al 400, donde tiene su despacho el vocal Ruiz Vargas. Allí se reunieron y dialogaron sobre el problema.
"Hemos acercado algunas posibles diferencias que teníamos para tratar de darles una solución a los pacientes. En primera instancia, la directora Romano se comprometió a evaluar cada uno de los internos; luego, se realizará un informe sobre el estado de salud de ellos y se lo enviará al juez", explicó Sabaj. El funcionario añadió que se trabajará caso por caso y, sobre esa base, se decidirá dónde debe ser asistido el preso. "Hay pacientes que pueden ser desintoxicados en el Obarrio; otros, en casas de día; también se puede trabajar dentro del penal mismo. Todo esto será analizado por la directora del hospital y su equipo de médicos", remarcó Sabaj. El viceministro agregó que le envió una notificación al director de Institutos Penales, Roberto Guyot, para ponerlo al tanto de la charla. "Hoy (por ayer) es difícil que se lleven a cabo los traslados. Pero fue bastante bueno para todos el encuentro que tuvimos", aclaró el funcionario.
Custodios
Según lo resuelto por Ruiz Vargas, ahora resta que guardiacárceles lleven a los internos al Obarrio, donde deberán ser alojados en la sala de agudos, que tiene capacidad para 16 personas. También se le envió un oficio a la Policía, que debe proveer un custodio por cada preso a fin de evitar fugas u otros conflictos.
"Vamos a seguir trabajando en esto. Se trata de un problema que no solamente afecta a quienes están dentro de la cárcel, sino a toda la comunidad. Un preso, tarde o temprano, recupera la libertad, y si es adicto se corre el riesgo de que reincida e, incluso, de que tenga que ser declarado inimputable si llega a cometer un delito", recordó Ruiz Vargas.
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