Las dilaciones en una investigación necesaria

Hace pocas semanas, informamos que el Tribunal de Cuentas de la Provincia había objetado un pago de 800.000 pesos, autorizado por el ministro de Salud, a una entidad llamada Fundación Salud. Era el importe de honorarios por cursos de capacitación en endodoncia, dictados a personal del Siprosa. El criterio del Tribunal se asentaba en una serie de irregularidades del expediente. Estas iban desde la discordancia de fechas entre factura y prestación, hasta la falta de constancias sobre la identidad de los alumnos -así como su efectiva pertenencia al Siprosa- y de los profesores. La sede inscripta era, además, un departamento cuya línea telefónica pertenece a un ex funcionario.
Llamaba la atención lo elevado del monto, y asimismo que se hubiera acudido, para el dictado, a profesores extraños a la provincia. Esto porque Tucumán -y por un costo muchísimo menor- podía perfectamente haberlos provisto, por la Facultad de Odontología de la UNT, a la que ni siquiera se consultó. Oportunamente, el tema fue objeto de nuestro comentario editorial (ver "Disposición de fondos del Tesoro Provincial", en LA GACETA del 25 de febrero último).
Un hecho de esa índole -que bien puede calificarse de escandaloso- debió ser objeto de una diligente investigación judicial, como lo solicitaron dos letrados. Resultaba urgente precisar las responsabilidades de una contratación de ribetes en apariencia sospechosos, y que de ninguna manera fueron esclarecidos, por parte del Gobierno, luego de publicarse la noticia.
Los denunciantes plantearon la posible comisión de varios delitos: negociaciones incompatibles con la función pública; malversación de caudales del Estado; falsificación de instrumento público; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación ilícita.
Pero, como informamos ayer, ocurre que la investigación no se abre aún, por desacuerdos de competencia entre los instructores. La fiscal de turno se inhibió de actuar, y remitió la causa al que estaba de turno cuando empezaron los polémicos cursos. Pero este segundo fiscal la rechazó también , por entender que puede encuadrarse en diferentes delitos con diferentes momentos de ejecución y de consumación; o sea que carece de fecha cierta. Ahora, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal deberá establecer en quién recae, en definitiva, la misión instructora.
Aún teniendo en cuenta la existencia de normas legales que reglamentan el particular tema de la competencia de los fiscales, no puede dejar de apuntarse la negativa impresión que el asunto refleja en la opinión de la calle, sacudida por un mar de rumores que hacen escaso favor al Estado en su rol de administrador de los fondos públicos. En una causa de esta magnitud y modalidades, lo que la población espera es que la Justicia se aboque inmediatamente a inyectar luz en algo que aparece demasiado oscuro, al menos de acuerdo a los pocos datos que se tienen.
No suena acertado que transcurran los días y la investigación continúe sin iniciarse, enredada en cuestiones que, por mucho sustento normativo que tengan, no dejan de ser meramente formales. Una mirada realista indica que, simplemente, el asunto debe ser escrutado a fondo y sin pérdida de tiempo. Inclusive, el paso de los días, como bien se sabe, lejos de favorecer la acción de los Tribunales, con mucha frecuencia viene a perjudicarla.
Es de esperar, entonces, que la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones en lo Penal decida esta cuestión sin más dilaciones. Para que se inicie la pesquisa destinada a satisfacer el legítimo requerimiento de la opinión pública, interesada en saber cómo se emplean los fondos del Tesoro.