Desafortunados dichos sobre los magistrados

Hace pocos días, destacamos la necesidad de que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Congreso, actúen en forma coordinada y sin pugnas, para así llenar esos propósitos de bien común que son la última razón de todo gobierno democrático. Estas afirmaciones adquieren mayor perentoriedad, si cabe, frente a los ataques, singularmente destemplados, que la primera magistrada de la Nación ha lanzado sobre el Poder Judicial. Expresó así el fastidio ante medidas que han trabado sus decisiones en el orden económico y financiero del país.

Como lo hemos publicado en su momento, en la Asamblea Legislativa del lunes último, acusó directamente a la Justicia de estar influenciada por los intereses del "resto de las fuerzas políticas" y de los "poderes económicos concentrados". Afirmó que se necesitaban jueces "que fallen no de acuerdo con la tapa de ’Clarín’ sino con la del Código Civil y con la del Código Penal". Dijo luego que hay magistrados que liberan detenidos "porque están tabulados los precios de excarcelaciones o de eximiciones de prisión", y que por ello es posible que "los presos entren por una puerta y salgan por la otra". A tan descalificantes apreciaciones, el viernes último añadió que para trabar sus decretos se recurre "a jueces que parece que estuvieran alquilados". Y hasta llegó a incursionar peligrosamente en la esfera privada, al expresar que la jueza que ordenó la última medida cautelar "es la pareja del juez que actuó en la anterior contra el Fondo del Bicentenario".

No puede sino causar estupor que, desde el más alto nivel de conducción de la República, se cuestione frontalmente la independencia y la integridad de miembros de otro poder del Estado. Poder en el que constitucionalmente reside la garantía del cumplimiento de las leyes y del cuidado de los derechos ciudadanos. Crece el estupor cuando todo esto se lanza con un lenguaje descontrolado, absolutamente impropio de la investidura presidencial.

Se trata de un hecho insólito dentro de la historia constitucional del país. Puede comprenderse que moleste al Ejecutivo el hecho de que los magistrados adopten providencias que no estén de acuerdo con sus decisiones. Pero es inadmisible que, para cuestionar aquellas, se apele a descalificaciones tan graves como las vertidas.

Cabe suponer el penoso eco de algo que no puede sino calificarse de vergonzoso desborde verbal. En primer lugar, las expresiones agravian seriamente al Poder Judicial en totalidad. Todo el cuerpo de magistrados tiene que sentirse afectado por acusaciones como las expuestas. Le ha enrostrado, directamente, que percibe dinero por sus fallos y que es permeable a los grandes intereses económicos. Y en segundo término, ha animado a la ciudadanía a cuestionar la credibilidad del sistema de justicia. Realmente es difícil concebir un efecto más deplorable.

Obvio es decir que si la presidenta tiene conocimiento de algún magistrado prevaricador, lo que corresponde no es formular en público afirmaciones en su desmedro. Debió presentarse a la Justicia con la prueba de ellas, denunciando al que a su criterio obró en forma incorrecta.

Lo acaecido tiene un pésimo efecto sobre la vida institucional de nuestra república. Sus repercusiones inmediatas ya están marcando la gravedad que el hecho encierra. Quien posee la responsabilidad de gobernar el país, tiene la obligación de encuadrar en la templanza y en el dominio del carácter, todas sus expresiones públicas. Los poderes del Estado, repetimos, merecen un respeto que en este caso ha sido fuertemente transgredido.

Si hay algo que requiere con intensidad la Argentina de hoy, son actitudes al margen de la intemperancia. El país espera de sus gobernantes la voz serena y la tesitura conciliadora: el mensaje de que los grandes problemas nacionales son tratados con la altura y el nivel que exigen. En suma, las palabras presidenciales han sido desdichadas. Sería deseable una formal rectificación y disculpa.

Como lo hemos publicado en su momento, en la Asamblea Legislativa del lunes último, acusó directamente a la Justicia de estar influenciada por los intereses del "resto de las fuerzas políticas" y de los "poderes económicos concentrados". Afirmó que se necesitaban jueces "que fallen no de acuerdo con la tapa de ’Clarín’ sino con la del Código Civil y con la del Código Penal". Dijo luego que hay magistrados que liberan detenidos "porque están tabulados los precios de excarcelaciones o de eximiciones de prisión", y que por ello es posible que "los presos entren por una puerta y salgan por la otra". A tan descalificantes apreciaciones, el viernes último añadió que para trabar sus decretos se recurre "a jueces que parece que estuvieran alquilados". Y hasta llegó a incursionar peligrosamente en la esfera privada, al expresar que la jueza que ordenó la última medida cautelar "es la pareja del juez que actuó en la anterior contra el Fondo del Bicentenario".

No puede sino causar estupor que, desde el más alto nivel de conducción de la República, se cuestione frontalmente la independencia y la integridad de miembros de otro poder del Estado. Poder en el que constitucionalmente reside la garantía del cumplimiento de las leyes y del cuidado de los derechos ciudadanos. Crece el estupor cuando todo esto se lanza con un lenguaje descontrolado, absolutamente impropio de la investidura presidencial.

Se trata de un hecho insólito dentro de la historia constitucional del país. Puede comprenderse que moleste al Ejecutivo el hecho de que los magistrados adopten providencias que no estén de acuerdo con sus decisiones. Pero es inadmisible que, para cuestionar aquellas, se apele a descalificaciones tan graves como las vertidas.

Cabe suponer el penoso eco de algo que no puede sino calificarse de vergonzoso desborde verbal. En primer lugar, las expresiones agravian seriamente al Poder Judicial en totalidad. Todo el cuerpo de magistrados tiene que sentirse afectado por acusaciones como las expuestas. Le ha enrostrado, directamente, que percibe dinero por sus fallos y que es permeable a los grandes intereses económicos. Y en segundo término, ha animado a la ciudadanía a cuestionar la credibilidad del sistema de justicia. Realmente es difícil concebir un efecto más deplorable.

Obvio es decir que si la presidenta tiene conocimiento de algún magistrado prevaricador, lo que corresponde no es formular en público afirmaciones en su desmedro. Debió presentarse a la Justicia con la prueba de ellas, denunciando al que a su criterio obró en forma incorrecta.

Lo acaecido tiene un pésimo efecto sobre la vida institucional de nuestra república. Sus repercusiones inmediatas ya están marcando la gravedad que el hecho encierra. Quien posee la responsabilidad de gobernar el país, tiene la obligación de encuadrar en la templanza y en el dominio del carácter, todas sus expresiones públicas. Los poderes del Estado, repetimos, merecen un respeto que en este caso ha sido fuertemente transgredido.

Si hay algo que requiere con intensidad la Argentina de hoy, son actitudes al margen de la intemperancia. El país espera de sus gobernantes la voz serena y la tesitura conciliadora: el mensaje de que los grandes problemas nacionales son tratados con la altura y el nivel que exigen. En suma, las palabras presidenciales han sido desdichadas. Sería deseable una formal rectificación y disculpa.