Cambio de fiscal para investigar el pago a una fundación
Sale tendrá a su cargo el expediente referido al contrato entre el ministro de Salud, Pablo Yedlin, y el profesional chileno Héctor Silva Olivares. La denuncia penal involucra también al ministro de Salud nacional, Juan Manzur, y a su colaborador, Raúl Penna: el teléfono de la sede de Funsal figura a nombre de este último.
Por Redacción Política
06 Marzo 2010
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El fiscal penal Carlos Sale tendrá a su cargo la investigación del escándalo generado por la decisión del ministro de Salud, Pablo Yedlin, de pagar $ 800.000 a una fundación que no tenía sus papeles legales en orden.
La polémica se desató el miércoles 18 de febrero, cuando LA GACETA dio cuenta del Acuerdo 188, por el que el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empezado a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes, como así tampoco se haya aportado un listado de los profesionales que dictaron la capacitación.
Frente a las irregularidades, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en el Siprosa para determinar si se produjo un daño al erario. Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal es un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y estrecho colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
La denuncia penal fue presentada el 20 de febrero por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). En el escrito presentado al ministro fiscal, Luis de Mitri, pidieron que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita. En el escrito se menciona a Manzur, a Penna, a Yedlin y al titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
En una primera instancia, De Mitri giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sin embargo, esta la remitió el martes al fiscal Sale, quien se notificó el jueves de la denuncia.
Los denunciantes temen que el paso del tiempo afecte la investigación. Por eso, reclamaron de manera urgente al fiscal una serie de medidas, con el "fin de evitar un desbaratamiento de las pruebas".
Puntualmente, Moreno y López advirtieron que, de manera reiterada, funcionarios del Siprosa se negaron a entregar a LA GACETA información respecto de los nombres de los empleados que tomaron los cursos dictados por Funsal. "Existirían directivas emanadas de los funcionarios involucrados a los agentes públicos subordinados para mantener el secreto sobre la información de estas actuaciones públicas del Estado", se quejaron. Por ese motivo, requirieron al fiscal que solicite al juez de turno el allanamiento de las oficinas del Siprosa y que se secuestre el expediente objetado por el Tribunal de Cuentas.
La polémica se desató el miércoles 18 de febrero, cuando LA GACETA dio cuenta del Acuerdo 188, por el que el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empezado a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes, como así tampoco se haya aportado un listado de los profesionales que dictaron la capacitación.
Frente a las irregularidades, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en el Siprosa para determinar si se produjo un daño al erario. Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal es un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y estrecho colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
La denuncia penal fue presentada el 20 de febrero por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). En el escrito presentado al ministro fiscal, Luis de Mitri, pidieron que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita. En el escrito se menciona a Manzur, a Penna, a Yedlin y al titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
En una primera instancia, De Mitri giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sin embargo, esta la remitió el martes al fiscal Sale, quien se notificó el jueves de la denuncia.
Los denunciantes temen que el paso del tiempo afecte la investigación. Por eso, reclamaron de manera urgente al fiscal una serie de medidas, con el "fin de evitar un desbaratamiento de las pruebas".
Puntualmente, Moreno y López advirtieron que, de manera reiterada, funcionarios del Siprosa se negaron a entregar a LA GACETA información respecto de los nombres de los empleados que tomaron los cursos dictados por Funsal. "Existirían directivas emanadas de los funcionarios involucrados a los agentes públicos subordinados para mantener el secreto sobre la información de estas actuaciones públicas del Estado", se quejaron. Por ese motivo, requirieron al fiscal que solicite al juez de turno el allanamiento de las oficinas del Siprosa y que se secuestre el expediente objetado por el Tribunal de Cuentas.
El escándalo, paso a paso
En su Acuerdo 188, el Tribunal de Cuentas rechazó un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud, al encontrar irregularidades.
Se objetó que Funsal se haya inscripto para facturar el dictado de cursos tres meses después de haber iniciado la actividad.
LA GACETA constató que la sede social de Funsal es un departamento cuya línea telefónica está a nombre de un funcionario de Salud de la Nación.
El ministro de Salud, Pablo Yedlin (foto superior), admitió a LA GACETA la irregular situación. "Son errores de forma", afirmó.
Dos dirigentes opositores presentaron una denuncia penal para que se investigue el hecho. Legisladores pidieron la interpelación de Yedlin.
Raúl Penna, colaborador de Manzur, reconoció que prestó su DNI al titular de Funsal, Héctor Silva Olivares, para que contara con teléfono fijo.
LA GACETA solicitó al Ministerio de Salud una copia con la nómina de estudiantes que tomaron los cursos de Funsal. La respuesta fue negativa.
El presidente de Funsal (foto inferior) aseguró que actuó de buena fe y que nunca cobró un peso por colaborar con el Ministerio de Salud.
El gobernador, José Alperovich, ratificó la continuidad en el cargo de Yedlin, pero prometió cambios en los mandos intermedios del Siprosa.
El Círculo Odontológico negó tener vinculación con la Funsal. El titular del COT, Juan Ibarra, dijo que institucionalmente no hay ninguna relación.
Pedro Sisali, ex titular del COT, afirmó que integró Funsal, pero que luego renunció. "Nunca asistí a una asamblea estatutaria ni firmé nada", aclaró.
La polémica se desató el miércoles 18 de febrero, cuando LA GACETA dio cuenta del Acuerdo 188, por el que el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empezado a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes, como así tampoco se haya aportado un listado de los profesionales que dictaron la capacitación.
Frente a las irregularidades, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en el Siprosa para determinar si se produjo un daño al erario. Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal es un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y estrecho colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
La denuncia penal fue presentada el 20 de febrero por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). En el escrito presentado al ministro fiscal, Luis de Mitri, pidieron que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita. En el escrito se menciona a Manzur, a Penna, a Yedlin y al titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
En una primera instancia, De Mitri giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sin embargo, esta la remitió el martes al fiscal Sale, quien se notificó el jueves de la denuncia.
Los denunciantes temen que el paso del tiempo afecte la investigación. Por eso, reclamaron de manera urgente al fiscal una serie de medidas, con el "fin de evitar un desbaratamiento de las pruebas".
Puntualmente, Moreno y López advirtieron que, de manera reiterada, funcionarios del Siprosa se negaron a entregar a LA GACETA información respecto de los nombres de los empleados que tomaron los cursos dictados por Funsal. "Existirían directivas emanadas de los funcionarios involucrados a los agentes públicos subordinados para mantener el secreto sobre la información de estas actuaciones públicas del Estado", se quejaron. Por ese motivo, requirieron al fiscal que solicite al juez de turno el allanamiento de las oficinas del Siprosa y que se secuestre el expediente objetado por el Tribunal de Cuentas.
La polémica se desató el miércoles 18 de febrero, cuando LA GACETA dio cuenta del Acuerdo 188, por el que el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empezado a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes, como así tampoco se haya aportado un listado de los profesionales que dictaron la capacitación.
Frente a las irregularidades, el Tribunal de Cuentas dispuso el inicio de una comprobación sumaria en el Siprosa para determinar si se produjo un daño al erario. Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal es un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y estrecho colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
La denuncia penal fue presentada el 20 de febrero por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). En el escrito presentado al ministro fiscal, Luis de Mitri, pidieron que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita. En el escrito se menciona a Manzur, a Penna, a Yedlin y al titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
En una primera instancia, De Mitri giró la denuncia a la fiscalía de turno, por lo que el expediente recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sin embargo, esta la remitió el martes al fiscal Sale, quien se notificó el jueves de la denuncia.
Los denunciantes temen que el paso del tiempo afecte la investigación. Por eso, reclamaron de manera urgente al fiscal una serie de medidas, con el "fin de evitar un desbaratamiento de las pruebas".
Puntualmente, Moreno y López advirtieron que, de manera reiterada, funcionarios del Siprosa se negaron a entregar a LA GACETA información respecto de los nombres de los empleados que tomaron los cursos dictados por Funsal. "Existirían directivas emanadas de los funcionarios involucrados a los agentes públicos subordinados para mantener el secreto sobre la información de estas actuaciones públicas del Estado", se quejaron. Por ese motivo, requirieron al fiscal que solicite al juez de turno el allanamiento de las oficinas del Siprosa y que se secuestre el expediente objetado por el Tribunal de Cuentas.
El escándalo, paso a paso
En su Acuerdo 188, el Tribunal de Cuentas rechazó un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud, al encontrar irregularidades.
Se objetó que Funsal se haya inscripto para facturar el dictado de cursos tres meses después de haber iniciado la actividad.
LA GACETA constató que la sede social de Funsal es un departamento cuya línea telefónica está a nombre de un funcionario de Salud de la Nación.
El ministro de Salud, Pablo Yedlin (foto superior), admitió a LA GACETA la irregular situación. "Son errores de forma", afirmó.
Dos dirigentes opositores presentaron una denuncia penal para que se investigue el hecho. Legisladores pidieron la interpelación de Yedlin.
Raúl Penna, colaborador de Manzur, reconoció que prestó su DNI al titular de Funsal, Héctor Silva Olivares, para que contara con teléfono fijo.
LA GACETA solicitó al Ministerio de Salud una copia con la nómina de estudiantes que tomaron los cursos de Funsal. La respuesta fue negativa.
El presidente de Funsal (foto inferior) aseguró que actuó de buena fe y que nunca cobró un peso por colaborar con el Ministerio de Salud.
El gobernador, José Alperovich, ratificó la continuidad en el cargo de Yedlin, pero prometió cambios en los mandos intermedios del Siprosa.
El Círculo Odontológico negó tener vinculación con la Funsal. El titular del COT, Juan Ibarra, dijo que institucionalmente no hay ninguna relación.
Pedro Sisali, ex titular del COT, afirmó que integró Funsal, pero que luego renunció. "Nunca asistí a una asamblea estatutaria ni firmé nada", aclaró.
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