La pugna entre dospoderes del Estado

Justamente en la edición de ayer, nuestra columna de evocación histórica rescataba apreciaciones que el gran tucumano Nicolás Avellaneda, en sus tiempos de ministro de la presidencia Sarmiento, dedicó a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Decía Avellaneda en 1869, durante una interpelación, que era necesario dejar atrás "la doctrina funesta de los antagonismos entre los poderes públicos", porque "no hay poderes antagónicos sino poderes coordinados para promover el bien común". Recordaba que la Constitución había dado a cada poder la posibilidad de contrarrestar legalmente la acción del otro. Al presidente, por medio del veto, y al Congreso, por medio del juicio político.

Esta ajustada definición, a pesar de haberse vertido hace casi un siglo y medio, viene muy a propósito para examinar una cuestión de vívida actualidad. Bien se sabe la magnitud de las tensiones existentes hoy entre el Gobierno nacional y el nuevo Congreso, donde aquél ha perdido la fuerte mayoría con que contaba al inicio de su gestión.

Más allá de los detalles del conflictivo cuadro actual y de las singulares estrategias presidenciales para sortear la acción de las Cámaras, inquietan justificadamente a la población, las señales de alarma emitidas por ese panorama que percibe.

Parecería ocioso repetir que el sistema republicano de gobierno, con el presupuesto clave de la división de poderes, ha buscado equilibrar, en el mecanismo denominado "de frenos y balanzas", la preponderancia de uno u otro poder. De lo que se trata es, finalmente, de gobernar, o sea de tomar las medidas necesarias para la obtención de aquel "bien común" de la ciudadanía al que se refería Avellaneda, y que debe ser el objetivo central de todo gobierno.

La experiencia histórica de nuestra república, ha mostrado muchos casos en los cuales no existían mayorías legislativas absolutas a favor del poder administrador. Justamente, esa es una de las virtudes más tocantes de la democracia. Y sin embargo, en aquellas circunstancias fue posible gobernar, porque ambas ramas del Estado supieron encontrar el punto de equilibrio entre las posiciones encontradas. Eso es, en última instancia, el quehacer político: hacer concesiones en algunos puntos, ponerse firme en otros, y luego de los debates donde se exponga cada enfoque y se lo defienda, llegar a un camino común, que siempre es posible.

Nos parece que, justamente, la actual circunstancia nacional requiere con urgencia tal clase de conductas. En este momento, tenemos serios problemas económicos y sociales. Como si fueran pocos, les presta un marco inquietante el renacer de la inflación, cuyo dañoso reflejo en todos los aspectos de la vida comunitaria constituye uno de nuestros peores recuerdos.

Parece en extremo equivocado y peligroso, entonces, agregar a las presentes complicaciones nacionales, estas pugnas, ya bastante desmadradas, entre dos poderes del Estado. Ellas pueden llegar a perturbar, fuertemente, ese sistema democrático que los argentinos nos enorgullecemos de haber recuperado desde 1983.

Es hora de que el patriotismo, la madurez cívica y el sentido práctico, se impongan por encima de las cuestiones de predominio que siempre son pequeñas. Es preciso que el Poder Ejecutivo y el Congreso miren un poco más allá. Que se coloquen en terrenos absolutamente distintos de los que actualmente empantanan toda acción positiva.

Repetimos, con Avellaneda, que hay urgencia de que los poderes nacionales obren no como antagónicos sino como combinados. Solamente de esa manera podremos trascender estas turbulencias, cuyo saldo para una correcta marcha de la República es lo más contraproducente que pueda imaginarse. No parece existir un camino diferente.