Un problema "ambulante"

Siempre vuelven. Como muestra del desempleo, como protagonistas de la crisis económica, como ejemplos del desorden, como testigos del incumplimiento de las leyes. La proliferación de vendedores ambulantes representa mucho más que un obstáculo para algunos transeúntes y que una oportunidad laboral - para unos - o de adquirir una ganga - para otros. Son la evidencia empírica de que varias cuestiones andan mal: algunas económicas, otras políticas y hasta sociales.

"Nos sentimos discriminados, porque vendemos la misma mercadería que los que están en las veredas del centro, pero a nosotros nos secuestran los productos y a ellos no. Será, quizás, porque nosotros no tenemos ningún tipo de protección política. Somos gente de trabajo, que vivimos sólo de esto. En mi caso, estoy inscripto en la AFIP y ni yo ni nadie de mi familia recibe ningún tipo de ayuda social del Estado. Que me investiguen; vivo de esto", se quejó un vendedor de la feria de El Manantial, hace unos días, en los micrófonos del programa matutino de la radio FM Independencia ("Los Primeros").

Este testimonio resume los tres males arriba descriptos. En lo económico, evidencia la imposibilidad que tiene un cuentapropista para desarrollar una actividad totalmente formal, y que sólo vendiendo en la calle encuentra una salida laboral para mantener a su familia. En lo político, muestra una triste realidad: la ley -o las ordenanzas- se aplica únicamente a aquellos giles que no cuentan con el apoyo de algún puntero o de un político más encumbrado y con cargo electivo. En lo social, deja en claro que, a su entender, hay dos clases de pobres: los laburantes como él, que la pelean en la calle, y los que se limitan a sobrevivir de la ayuda social del Estado. Por radio, el hombre ponía énfasis a sus palabras cuando hablaba de lo social.

Abundan los que se hacen los distraídos en la sociedad tucumana. Como ajenos al problema, comerciantes "formales" y consumidores reniegan de la presencia de los ambulantes en la calle. Un reclamo insólito por donde se lo mire, porque algunos de los empresarios con negocios establecidos son los proveedores de los ambulantes a quienes critican. Y otra porción de comerciantes también posee su grado de informalidad: en varios negocios reconocidos del microcentro tucumano no entregan facturas por sus ventas o, lo que es peor, expiden un ticket, pero por montos muy inferiores a los de la compra (en un caso comprobado, entregaron al cliente una boleta por $ 86 de una compra por casi $ 1.000). Es cierto que la presión fiscal es potente y que para algunos es casi imposible cumplir con todo lo que reclama la voracidad del Estado. Pero la vía para revertir ello no es la evasión o la picardía, sino la participación ciudadana, a través de las entidades empresarias pertinentes o ante los representantes del pueblo o ante la urna a la hora de votar. La injusticia no se combate con ilegalidad.

Respecto de los consumidores, son parte del problema de la venta ambulante porque compran. Lo hacen porque les ofrecen productos baratos, o porque están al paso y rápidamente adquieren algún objeto que les hace falta. Felices, se van a sus hogares a ver un estreno por $ 5, pero caminan una cuadra y despotrican al no poder circular en paz por las veredas copadas de verduras y productos varios.

En lo que le cabe al Estado, resuenan con la fuerza de la razón las palabras del vendedor que se quejó por radio: por qué lo controlan a él y no a los que están en el corazón de la ciudad. ¿Nadie en la Municipalidad se percató que cada vez hay más vendedores en las calles? ¿Por qué los ambulantes del microcentro citan a funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores o concejales cuando alguien les pide explicaciones? ¿La Justicia no debería actuar, de oficio, ante el incumplimiento de leyes federales sobre venta ilegal y copiraigth de DVD y de CD? Los justificativos de las autoridades -municipales, provinciales o judiciales- son diversos: que es gente que necesita trabajar, que hay que evitar conflictos sociales, que es casi imposible controlarlos, etcétera. Quizás son explicaciones válidas, pero ninguna acerca una solución. Ni hacen cumplir la ley. Ni hablar sobre el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que conminó al municipio a que garantice la libre circulación por el microcentro, orden que -salta a la vista- nunca se acató.

En mayor o menor medida, todos somos como los ambulantes, sólo que ellos están más expuestos.