Por Redacción Política
22 Febrero 2010
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El fin de semana no fue de descanso para las partes ni para el tribunal en el juicio oral por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía. Si bien las audiencias se reanudarán formalmente mañana, los días sin sesiones públicas son aprovechados para revisar las declaraciones de acusados y de testigos y para consolidar las estrategias judiciales.
La reapertura de las audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) se concretará a las 9.30, y en primer turno se completará la lista de testimonios pendiente del jueves, con el comparendo de Domingo Jerez, Benito Toledo y Julio Leites. Luego, declararán Francisco Apaza (padre del médico desaparecido Carlos Apaza); el comisario mayor (r) Miguel Angel Chuchuy Linares; Marcelo y Mónica Portnoy; Antonio Cerasuolo y José Luis García.
Distintivo
La presencia de numerosos abogados de las partes es un hecho distintivo de este proceso. Al haber 22 víctimas, intervienen numerosos querellantes con sus letrados, además del fiscal federal general ante el Tribunal Oral, Alfredo Terraf, quien se jubilará una vez concluido este proceso.
Militante de derechos humanos, Laura Figueroa, actúa en representación de las familias de Joaquín Ariño, Hugo Alberto Díaz y Carlos Ramón Apaza; mientras que Daniel Mendivil lo hace por el caso de la pareja de Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación designó apoderado a Bernardo Lobo Bugeau, quien actúa junto a Emilio Guagnini y a Julia Vitar (por la agrupación Familiares de Desaparecidos de Tucumán) en el caso de Marta y Rolando Coronel. Lobo Bugeau también interviene por la desaparición del periodista Eduardo Ramos (el querellante es su padre, Pedro Ramos) y de su esposa, Alicia Cerrota. Por los secuestros de Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, los querellantes son Darío Abdala y Pablo Argañaráz, y sus apoderados en las audiencias, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, todos de Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Además, hay otras nueve víctimas que no tienen querellantes particulares. Sus casos son llevados adelante directa y exclusivamente por Terraf.
Defensores
Los acusados han designado, también, distintos abogados defensores. Como ya pasó en el juicio oral por el secuestro de Guillermo Vargas Aignasse (sustanciado en 2008), Luciano Benjamín Menéndez es asistido por el letrado Horacio Guerineau (con la colaboración de Ricardo Fanlo).
El ex gobernador Antonio Bussi recurrió otra vez a los defensores oficiales del Poder Judicial. En ese rol se desempeñan Adolfo Bertini (ya estuvo con él en el caso Vargas Aignasse) y Pablo Lauthier (abogado salteño que es su codefensor en otras causas fuera de la provincia) quienes también asesorarán a Alberto Luis Cattáneo.
El abogado Eduardo Enrique Brandán es el defensor de Albino Mario Zimmermann, mientras que Ezequiel Avila Gallo (h) es el abogado de Roberto Heriberto Albornoz. Finalmente, el defensor oficial ante el TOF, Ciro Lo Pinto, asesora a los hermanos Luis Armando y Carlos de Cándido. Es ayudado por el penalista Roberto Flores.
La reapertura de las audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) se concretará a las 9.30, y en primer turno se completará la lista de testimonios pendiente del jueves, con el comparendo de Domingo Jerez, Benito Toledo y Julio Leites. Luego, declararán Francisco Apaza (padre del médico desaparecido Carlos Apaza); el comisario mayor (r) Miguel Angel Chuchuy Linares; Marcelo y Mónica Portnoy; Antonio Cerasuolo y José Luis García.
Distintivo
La presencia de numerosos abogados de las partes es un hecho distintivo de este proceso. Al haber 22 víctimas, intervienen numerosos querellantes con sus letrados, además del fiscal federal general ante el Tribunal Oral, Alfredo Terraf, quien se jubilará una vez concluido este proceso.
Militante de derechos humanos, Laura Figueroa, actúa en representación de las familias de Joaquín Ariño, Hugo Alberto Díaz y Carlos Ramón Apaza; mientras que Daniel Mendivil lo hace por el caso de la pareja de Diana Irene Oesterheld y Raúl Carlos Araldi.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación designó apoderado a Bernardo Lobo Bugeau, quien actúa junto a Emilio Guagnini y a Julia Vitar (por la agrupación Familiares de Desaparecidos de Tucumán) en el caso de Marta y Rolando Coronel. Lobo Bugeau también interviene por la desaparición del periodista Eduardo Ramos (el querellante es su padre, Pedro Ramos) y de su esposa, Alicia Cerrota. Por los secuestros de Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, los querellantes son Darío Abdala y Pablo Argañaráz, y sus apoderados en las audiencias, Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg, todos de Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Además, hay otras nueve víctimas que no tienen querellantes particulares. Sus casos son llevados adelante directa y exclusivamente por Terraf.
Defensores
Los acusados han designado, también, distintos abogados defensores. Como ya pasó en el juicio oral por el secuestro de Guillermo Vargas Aignasse (sustanciado en 2008), Luciano Benjamín Menéndez es asistido por el letrado Horacio Guerineau (con la colaboración de Ricardo Fanlo).
El ex gobernador Antonio Bussi recurrió otra vez a los defensores oficiales del Poder Judicial. En ese rol se desempeñan Adolfo Bertini (ya estuvo con él en el caso Vargas Aignasse) y Pablo Lauthier (abogado salteño que es su codefensor en otras causas fuera de la provincia) quienes también asesorarán a Alberto Luis Cattáneo.
El abogado Eduardo Enrique Brandán es el defensor de Albino Mario Zimmermann, mientras que Ezequiel Avila Gallo (h) es el abogado de Roberto Heriberto Albornoz. Finalmente, el defensor oficial ante el TOF, Ciro Lo Pinto, asesora a los hermanos Luis Armando y Carlos de Cándido. Es ayudado por el penalista Roberto Flores.
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