Referentes de la oposición creen que la Legislatura no puede permanecer en silencio frente al escándalo generado en el Poder Ejecutivo por la autorización de un pago de $ 800.000 a una fundación que no tenía sus papeles legales en orden. Por ese motivo, desde el bussismo y desde la UCR promovieron la interpelación del ministro de Salud, Pablo Yedlin.
Tal como advirtió LA GACETA el miércoles, el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó una resolución del presidente del Siprosa, cargo que ejerce Yedlin. El órgano de control cuestionó que la Fundación Salud (Funsal) se haya inscripto para facturar los servicios prestados tres meses después de haber empeazo a dictar los cursos sobre endodoncia a odontólogos y a auxiliares. Además, observó que no se hayan consignado los DNI de las personas que figuran como asistentes.
Frente a las irregularidades, se dispuso el inicio de una comprobación sumaria para determinar si se produjo un daño al erario. Paradójicamente, la sede social inscripta por Funsal es un departamento en un edificio de Laprida al 600; cuyo teléfono -según consta en la guía- está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y estrecho colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.
Juicio político
"La Legislatura tiene que tomar de inmediato las riendas del asunto, porque es evidente que el Poder Ejecutivo decidió tapar todo con su manto de impunidad y proteger a los responsables de este acto de corrupción. Las declaraciones de Alperovich nos dan vergüenza ajena: no solamente dice que no conoce qué es lo que pasó, sino que le pidió al primer responsable de las irregularidades que investigue a los culpables y los sancione", sostuvo el presidente de Fuerza Republicana, Ricarco Bussi.
Bussi (h) también cuestionó las prioridades del Gobierno. "Los hospitales están saturados y carecen de una infinidad de prestaciones. Los médicos tienen que autoconvocarse para que les mejoren los salarios indignos que les pagan y las condiciones de trabajo que les dan, pero ahora nos enteramos que se pagan cifras fabulosas por a fundaciones que ni siquiera tienen personería jurídica. Estamos frente a una situación gravísima; Yedlin tiene que venir al recinto a darles muchísimas explicaciones a los tucumanos. Si el oficialismo traba nuestro pedido, a FR no le dejarán otro camino más que el de solicitar el juicio político del funcionario", advirtió.
Plazo perentorio
El presidente de la Unión Cívica Radical, Federico Romano Norri, emplazó al ministro Yedlin a que en un plazo de cinco días remita toda la documentación relacionada con el convenio entre el PE y Funsal, a tenor de lo normado en el artículo 56 de la Constitución provincial.
El informe debe contener, según el legislador, un detalle de todos los pagos realizados y de las partidas comprometidas; los motivos que llevaron a la repartición a contratar a esa fundación; los antecedentes de la fundación involucrada; si en el PE se sabía que Funsal todavía no estaba constituida cuando se realizó la contratación; y si se tiene constancia de que la Facultad de Odontología de la UNT podría realizar cursos de especialización de esta índole. "Me pregunto si el ministro Yedlin sabe de la ley que establece que las universidades tienen prioridad para la realización de estos cursos", criticó el legislador, que asumió en diciembre en reemplazo del ahora senador nacional José Cano.
Lo que objetó el ente de control
Rechazo formal.- En su Acuerdo Nº 188, el Tribunal de Cuentas objetó la resolución 406, del 29 de diciembre de 2009, firmada por el presidente del Siprosa, el ministro de Salud Pablo Yedlin. Por el expediente, se convalidó la realización de los cursos "Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico" dictados por la Fundación Salud (Funsal), y se autorizó el pago de dos facturas por las sumas de $ 423.500 y de $ 378.000.
Meses después.- El TC objetó que el convenio marco entre la fundación y el Siprosa haya sido firmado el 19 de agosto de 2009, cuando la fecha de inicio de los cursos fue el 12 de mayo (tres meses antes). También, que no se haya adjuntado la certificación para funcionar como tal de la Fundación Salud por parte de la Dirección de Personas Jurídicas. El inicio de actividades de Funsal, según consta en las facturas, es agosto de 2009.
Polémico domicilio.- La inscripción de la sede social por parte de la Funsal (un departamento particular en un edificio de Laprida y Corrientes) también generó polémica. El teléfono de ese domicilio (según figura en la guía) está a nombre de Raúl Penna, ex funcionario de Yedlin y actual colaborador del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur. En un descargo enviado a LA GACETA, Penna explicó que sólo facilitó su número de DNI al presidente de esa fundación, el chileno Héctor Silva Olivares, para que pudiera contar con un teléfono de contacto.
