Dolor de muelas

Corrían los primeros y acalorados días de enero cuando el concejal José Luis Avignone caminaba con paso apurado por una de las peatonales. En una mano el celular y en la otra la copia de una película que aún no se había estrenado en los cines. Unos metros antes, una persona amiga se la había regalado. LA GACETA le preguntó por qué había adquirido una película trucha alimentado y casi siendo cómplice de la mafia que los gobiernos (nacional, provincial, de ayer y de hoy) han decidido no combatir. El edil tomó consciencia del hecho y tiró la película, que fue a parar a un basurero. 

La informalidad y las obligaciones que nos competen como ciudadanos suelen diluírse en la vida cotidiana. Muchas veces la imposibilidad de hacerle entender a un individuo que tirar un papel a la basura afecta al resto de la sociedad acaba desilusionando a la autoridad que termina no haciendo nada. Otras veces, la comodidad, sumada a la baratura que siempre tiene el producto ilegal, sirve para justificar el accionar de una mafia.

De todos modos, la ingenuidad y la complacencia no pueden convivir en el espíritu del hombre público.

Ahí es donde se pierde la esperanza de otro futuro y la confianza hacia el político. 

Con el mismo candor, en el Poder Ejecutivo tratan de entender -y de explicar- el escándalo en el que quedó envuelto el ministro de Salud, Pablo Yedlin.

El gobernador, José Alperovich, ordenó investigar y felicitó al Tribunal de Cuentas por haber evitado que su Gobierno pagara $800.000 por un curso de endodoncia que dictó a 100 empleados del Siprosa una fundación que no tiene los papeles en orden.

Una de las grandes debilidades de los políticos actuales es su doble discurso. Hay una verdad que se piensa y se dice ante algunos allegados o ante un determinado entorno y otra -a veces totalmente diferente-, que se manifiesta ante las cámaras, o los grabadores, o la lapicera y el papel del cronista. 

Este parece ser uno de esos casos. El gobernador confía ciegamente en Yedlin y necesita saber por qué el Tribunal de Cuentas, que más de una vez supo alertar de algún problema, publicó en su sitio web la irregularidad de ordenar el pago de los $800.000 a una fundación que se inscribió tres meses después de iniciar el dictado de las clases. Lo mismo ocurre dentro del Ministerio de Salud. Yedlin sabe que no debía haber firmado lo que firmó; lo que no puede explicar es por qué lo hizo, máxime cuando la Fundación Salud (Funsal) ni siquiera tenía domicilio en Tucumán. 

El Poder Ejecutivo y el gobernador repiten la importancia de que no se haya realizado el pago. Sin embargo la gravedad es que estas cosas puedan ocurrir en un organismo público y con la plata de todos. Y, paralelamente, dentro de los despachos de la Casa de Gobierno quieren saber por qué pasó. 

La explicación fácil y kirchnerista es echarle la culpa a la prensa. Eso, felizmente, no ocurrió en esta oportunidad. Sin embargo, están buscando a quien le conviene que Yedlin se perjudique. Y otros piensan que es un tiro por elevación para Juan Manzur, quien tiene casi seguro un lugar en la fórmula a gobernador que se proponga desde el oficialismo, para 2011. 

De vuelta al principio de este texto. Como no se pagaron los $800.000, lo que importa es saber quién es el enemigo y por qué; y, en verdad, se pierde de vista el desinterés y la liviandad con que se trataron una cuestión y el dinero público. Alperovich parece no darse cuenta de que su poder omnímodo ha relajado todo permitiendo hasta la impunidad. La oposición ha reaccionado tarde ante el desmanejo y ante el descontrol de lo público. Hay una excepción que confirma la regla. El primer político que puso el grito en el cielo fue precisamente, el concejal Avignone (UCR), quien pidió que se aclare este escándalo, tal vez después de haber tomado conciencia de que es muy grave avalar a los delincuentes que venden DVD y CD truchos. 

¿Por qué se dictó un curso con el especialista chileno Héctor Silva Olivares, si este no tenía la posibilidad de cobrar por esos servicios? ¿Por qué se autorizó el pago? ¿Por qué se inscribió tres meses después la fundación de Silva? La explicación de Yedlin fue que la fundación originariamente tenía un problema impositivo y por lo tanto luego se inscribió la otra. ¿Por qué? Si tenía problemas, ¿por qué se permitió esa creación? LA GACETA localizó como sede de la fundación un departamento cuyo teléfono figuraba a nombre de un asesor de Manzur, Raúl Penna. Este, 72 horas después de conocidas estas fallas, dijo que no tenía nada que ver y que sólo había prestado su DNI para que Funsal tenga teléfono. Todas estas explicaciones dan la sensación de un Estado liviano, sin controles y sin preocupación porque las cosas se hagan prolijidad. Y, por lo tanto, transmiten la sospecha de corrupción que si bien es bueno que siempre esté latente, no sería agradable para nadie que se confirme. 

En el Ministerio de Salud ponen las manos en el fuego por la idoneidad y la capacidad del doctor Silva. Lo hicieron quedar mal, si es que el especialista tiene la honorabilidad que comentan.

Está claro que el Estado es una cuestión mayor y que no puede ser manejado ni con exceso de confianza ni con amiguismo.

Alperovich, a veces, confunde. Es casi seguro que no tomará ninguna sanción contra Yedlin y menos aún si fue la prensa la que dio a conocer las fallas. Durante seis años esa fue su conducta. Al mismo tiempo que transmite la exigencia de pulcritud, hace la vista gorda sobre muchos vicios y trampas de la política bajo el disfraz del risueño y divertido folklore peronista.

Este episodio es un verdadero dolor de muelas para Alperovich que anda desesperado por hacerle un tratamiento de conducto a la inflación. 

Tanto en el Ministerio de Gobierno como en el de Economía están preocupados. Los Jiménez temen que un desmadre inflacionario los deje más descolocados que vecinos de la comisaría de Yerba Buena. El descontrol o el atraso en el pago de sueldos o el problema para el manejo de la caja es el gran miedo de esta gestión, que se siente única y totalmente diferente a las demás.

Puede exponer obras, pero jamás podrá hacer gala de independencia hacia el poder nacional. Ello implica sumisión a los Kirchner, no por convicción o por principios sino por conveniencia. Y como los ahorros que dice tener el Ejecutivo sólo alcanzará por un semestre, a lo sumo, la obsecuencia seguirá.

Es comprensible, porque hay un fin mayor que mueve al alperovichismo: el implante de la re-re. Hasta el propio presidente de la Corte, que esta semana declamó independencia del Poder Judicial, no puede evitar que la re-re sea una molestia que ninguna anestesia o calmante evitará. Alperovich confía en que él tiene todo el derecho del mundo de ser reelecto por segunda vez porque así lo dice la Constitución, una muela postiza hecha a su medida. A la vez, hay un sinnúmero de "bacterias" que en silencio vienen trabajando para que a la re-re no la salve ni el flúor.

Los años pasan pero hay un punto que no ha podido cambiar la gestión alperovichista. La seguridad se asemeja a esas caries indomables que obligan al paciente a volver al dentista como un vicio incontrolable. Los presos se escapan, las comisarías no dan abasto, hasta los funcionarios son víctimas de los atracos y Mario López Herrera no termina de domeñar su Ministerio. Ha conseguido incrementar móviles, patrullas y empleados, pero no ha logrado revertir una sensación de inseguridad ni frenar hechos objetivos. Esta semana los fugados de la comisaría de Yerba Buena y el atraco en la casa del secretario de Trabajo, Roberto Jiménez, son dos mensajes muy negativos. Si un hombre del poder es blanco del delito y si el encierro del delincuente se abre con facilidad, ¿qué puede esperar el ciudadano desprevenido?

La gestión alperovichista camina como Avignone por el centro. Tiene la vista fija en la re-re, pero el exceso de confianza y la falta de miradas escrutadoras le permiten distracciones como la seguridad o los cursos de endodoncia que se dictan antes de poder hacerlo.