18 Febrero 2010
La ronda de testigos en el megajuicio que debate la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía de Tucumán comenzó esta tarde en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), con las presentaciones de un coronel retirado y un hombre que dijo haber estado detenido durante casi un año.
La segunda parte de la tercera jornada del proceso se extendió desde las 16.30 hasta las 21 y se abrió con la declaración del coronel (r) Horacio Pantaleón Ballesteros, de 82 años, testigo aportado por la querella. El hombre -que fue dado de baja del Ejército en 1971- preside actualmente el Centro de Militares por la Democracia Argentina (Cemida) y, en ese carácter, participó de varias investigaciones sobre presuntos centros clandestinos de detención.
"Los lugares clandestinos no estaban contemplados en ningún reglamento del Ejército, pero no tengo dudas de que existieron en muchísimos lugares de la Argentina", señaló. Luego, fue indagado por los defensores de los imputaods Alberto Luis Cattáneo y Luciano Benjamín Menéndez, cuyas preguntas se estructuraron a partir de la convicción de que durante el tiempo en cuestión en el país hubo una guerra.
Ballesteros, empero, respondió desde su posición de que esa situación bélica no se dio, aclaró que no toda operación militar implica guerra y puso de ejemplo al trabajo de las tropas argentinas en Haití.
Luego, fue el turno de Osvaldo Pérez, quien estuvo prisionero en el Arsenal Miguel de Azcuénaga desde julio del 76 hasta junio del 77. A partir de las preguntas, realizó una sólida descripción del lugar y de lo que allí vivió, y respondió con firmeza las preguntas de los defensores.
Los abogados de Antonio Domingo Bussi le hicieron tres preguntas, la última de las cuales apuntaba hacia una supuesta situación de privilegio del testigo en el centro de detención. Ante esto, Pérez contestó: "yo no sé cómo puede llamarse privilegio a tomar mate cocido con tortilla alguna vez o a tener un poco de azúcar".
Incompetente
Durante la mañana, Menéndez había desestimado la competencia del TOF para juzgarlo y afirmado que su actuación durante la dictadura militar debería ser evaluada por un tribunal militar.
"Estos juicios son inconstitucionales. Cuando la subversión marxista asaltó la patria, la norma vigente era el Código de Justicia Militar. Esa ley designaba como juez natural al Concejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tribunal que me juzga hoy es incompetente", manifestó, al leer su exposición mediante un sistema de teleconferencia, ya que se encontraba en una habitación contigua a la sala de audiencias, por prescripción médica. Antes, otro de los imputados, Alberto Luis Cattáneo, se abstuvo de exponer ante los jueces.
En el juicio, que comenzó e martes, se juzga la responsabilidad de siete imputados por la desaparición de 22 personas entre 1976 y 1977. Además de Bussi, Cattáneo y Menéndez, los acusados son Albino Mario Zimmerman, Roberto Albornoz y los hermanos Luis Armando y Carlos de Cándido. LA GACETA ©
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