11 Noviembre 2009 Seguir en 
El paso del tiempo y la desaparición de algunas actuaciones podrían derivar en la nulidad de un juicio por homicidio que se inició ayer en la sede del fuero penal de Tribunales, en avenida Sarmiento al 400.
El caso se inició el 4 de noviembre de 2001, cuando Miguel Alberto Ruiz fue baleado en la cabeza tras una confusa pelea en la esquina de un pasaje sin nombre y calle Malabia, en barrio 11 de Marzo. Allí, en una vivienda perteneciente a la familia Guerra, se estaba celebrando una fiesta en la que, entre otros, estaba Ruiz. Según la investigación que en ese momento realizó la ya fallecida fiscala Joaquina Vermal, en cierto momento se acercaron varios hombres que pretendieron ingresar a la fiesta, pero no se lo permitieron. Los hombres, entonces, se retiraron, excepto uno de ellos, identificado como Ariel Gustavo Ferreyra. Aparentemente, tras algunos minutos, Ruiz y otros hombres lo habrían rodeado y le habrían robado la ropa y las zapatillas. Ferreira, entonces, escapó y fue a buscar a sus familiares. En el requerimiento de elevación a juicio, Vermal advirtió que Ferreyra, su padre Juan Carlos (que había sido policía), su hermano Cristian Fabián (que, según trascendió, era policía), Flavio Bárquez, Iván Ibáñez y Matías Cortalezzi (estos dos últimos eran menores de edad) buscaron a Ruiz, lo interceptaron, lo golpearon y luego uno de los Ferreya le efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima. Luego se dispersaron. Ruiz volvió a su casa caminando y dos días después fue al Hospital Padilla donde, mediante una placa radiográfica, se comprobó que tenía un proyectil en el cerebro. Murió el 9 de noviembre. Vermal acusó a Juan Carlos Ferreyra de homicidio agravado, y a los otros de ser partícipes necesarios del ataque. El arma homicida nunca se encontró. Todos podrían ser condenados a prisión perpetua, según establece el Código Penal.
Los jueces de la sala V de la Cámara Penal, Alfredo Barrionuevo, Emilio Páez de la Torre y Carlos Ruiz Vargas, dieron por iniciado ayer el debate, pero no pudieron avanzar. Los abogados Exequiel Avila Gallo y Luis Acosta, defensores de Ibáñez y de Cortalezzi, respectivamente, pidieron las actuaciones que, en su momento, debió haber realizado un juez de Menores, además de la intervención de un defensor de Menores. Pero no estaban adjuntadas en el expediente y se desconoce dónde están. Los abogados también dijeron que a los dos acusados tampoco se los había sometido a pericias psiquiátricas, tal como exige la ley, para saber si comprendían la criminalidad de los actos que se les imputaban. Tampoco para esto hubo respuesta, ya que no había informes. Ante esto, se ordenó un cuarto intermedio hasta hoy para poder buscar los informes requeridos. Si no aparecen, los defensores (a los que se suman Roberto Flores por los Ferreyra y Rodolfo Burgos por Bárquez), pedirán la nulidad de la audiencia. El fiscal de Cámara es Edmundo Botto.
El caso se inició el 4 de noviembre de 2001, cuando Miguel Alberto Ruiz fue baleado en la cabeza tras una confusa pelea en la esquina de un pasaje sin nombre y calle Malabia, en barrio 11 de Marzo. Allí, en una vivienda perteneciente a la familia Guerra, se estaba celebrando una fiesta en la que, entre otros, estaba Ruiz. Según la investigación que en ese momento realizó la ya fallecida fiscala Joaquina Vermal, en cierto momento se acercaron varios hombres que pretendieron ingresar a la fiesta, pero no se lo permitieron. Los hombres, entonces, se retiraron, excepto uno de ellos, identificado como Ariel Gustavo Ferreyra. Aparentemente, tras algunos minutos, Ruiz y otros hombres lo habrían rodeado y le habrían robado la ropa y las zapatillas. Ferreira, entonces, escapó y fue a buscar a sus familiares. En el requerimiento de elevación a juicio, Vermal advirtió que Ferreyra, su padre Juan Carlos (que había sido policía), su hermano Cristian Fabián (que, según trascendió, era policía), Flavio Bárquez, Iván Ibáñez y Matías Cortalezzi (estos dos últimos eran menores de edad) buscaron a Ruiz, lo interceptaron, lo golpearon y luego uno de los Ferreya le efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima. Luego se dispersaron. Ruiz volvió a su casa caminando y dos días después fue al Hospital Padilla donde, mediante una placa radiográfica, se comprobó que tenía un proyectil en el cerebro. Murió el 9 de noviembre. Vermal acusó a Juan Carlos Ferreyra de homicidio agravado, y a los otros de ser partícipes necesarios del ataque. El arma homicida nunca se encontró. Todos podrían ser condenados a prisión perpetua, según establece el Código Penal.
Los jueces de la sala V de la Cámara Penal, Alfredo Barrionuevo, Emilio Páez de la Torre y Carlos Ruiz Vargas, dieron por iniciado ayer el debate, pero no pudieron avanzar. Los abogados Exequiel Avila Gallo y Luis Acosta, defensores de Ibáñez y de Cortalezzi, respectivamente, pidieron las actuaciones que, en su momento, debió haber realizado un juez de Menores, además de la intervención de un defensor de Menores. Pero no estaban adjuntadas en el expediente y se desconoce dónde están. Los abogados también dijeron que a los dos acusados tampoco se los había sometido a pericias psiquiátricas, tal como exige la ley, para saber si comprendían la criminalidad de los actos que se les imputaban. Tampoco para esto hubo respuesta, ya que no había informes. Ante esto, se ordenó un cuarto intermedio hasta hoy para poder buscar los informes requeridos. Si no aparecen, los defensores (a los que se suman Roberto Flores por los Ferreyra y Rodolfo Burgos por Bárquez), pedirán la nulidad de la audiencia. El fiscal de Cámara es Edmundo Botto.







