08 Noviembre 2009 Seguir en 
Mientras en el Ejecutivo buscan soluciones al problema del hacinamiento de presos en las comisarías, en la Justicia investigan las causas del problema. Aunque las cifras fluctúan por cuestiones coyunturales, entre los cinco jueces de Instrucción dictan un total aproximado de 50 prisiones preventivas cada mes. Sin embargo, sólo 30 de los procesados son llevados a la cárcel luego del fallo de los magistrados, según cifras extraoficiales. Los 20 reos que no tienen lugar son llevados a comisarías y alcaldías, lugares que no son aptos como centros de detención para este tipo de presos, según lo dispone una acordada de la Corte Suprema de Justicia provincial.
La grave situación salió a la luz el 18 de octubre, cuando un grupo de presos que estaba alojado en la alcaldía de la Dirección General de Investigaciones protagonizó una serie de incidentes. Muchos de los 29 detenidos deberían haber sido llevados a la cárcel, pero desde la penitenciaría le solicitaron a la Policía que dilaten el traslado porque no había cupo. Uno de los internos, identificado oficialmente como Diego Hernán Espinosa, gritaba que otros detenidos querían matarlo. Luego, quemó un colchón y desató un caos en la alcaldía, situada en calle Junín al 800. Policías y bomberos trabajaron intensamente para rescatar a los reos, en medio de un negro humo.
Tras el hecho, los detenidos fueron llevados a distintas comisarías de la capital.
El incidente llamó la atención de la fiscala Adriana Giannoni, quien dispuso una inspección en la alcaldía de Investigaciones y en las dependencias policiales donde había presos. El número era alarmante: más de 300 detenidos estaban alojados en comisarías. Sobre la base de lo advertido por los empleados de la fiscalía, se realizó un informe que fue remitido al ministro Fiscal, Luis de Mitri. El oficio también llegará a manos de la Corte Suprema de Justicia. Aún no hubo una resolución de los altos funcionarios judiciales.
Según fuentes tribunalicias, tras los incidentes, desde el penal dispusieron el traslado de internos desde las comisarías. Incluso, varios de los presos que estaban en Investigaciones ya tienen lugar en Villa Urquiza.
Sin embargo, las autoridades del Ejecutivo ya admitieron la necesidad de un nuevo lugar para alojar detenidos. "No sólo necesita otra cárcel; se necesitan muchas cosas más. La Provincia necesita una alcaldía, que no la tiene. Hay que entender que estas son grandes inversiones y la Provincia debe repartir sus inversiones en todas las necesidades: educación, salud, etcétera", dijo el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, en una reciente entrevista con LA GACETA. Pese a que aseguró la voluntad de construir edificios para este fin, afirmó que hoy en día no es posible por cuestiones presupuestarias.
Incluso, uno de los proyectos que tenía la Policía para este año era la creación de una alcaldía. Para ello, se iba a trasladar la Dirección de Investigaciones, situada en calle Junín al 800, y en ese lugar se iba a ubicar un lugar de detención para alojar personas en conflicto con la ley.
Aunque las autoridades habían dicho que la crisis no iba a impedir la concreción de este proyecto, todo parece indicar que deberá ser postergado para el año próximo por una cuestión presupuestaria.
La grave situación salió a la luz el 18 de octubre, cuando un grupo de presos que estaba alojado en la alcaldía de la Dirección General de Investigaciones protagonizó una serie de incidentes. Muchos de los 29 detenidos deberían haber sido llevados a la cárcel, pero desde la penitenciaría le solicitaron a la Policía que dilaten el traslado porque no había cupo. Uno de los internos, identificado oficialmente como Diego Hernán Espinosa, gritaba que otros detenidos querían matarlo. Luego, quemó un colchón y desató un caos en la alcaldía, situada en calle Junín al 800. Policías y bomberos trabajaron intensamente para rescatar a los reos, en medio de un negro humo.
Tras el hecho, los detenidos fueron llevados a distintas comisarías de la capital.
El incidente llamó la atención de la fiscala Adriana Giannoni, quien dispuso una inspección en la alcaldía de Investigaciones y en las dependencias policiales donde había presos. El número era alarmante: más de 300 detenidos estaban alojados en comisarías. Sobre la base de lo advertido por los empleados de la fiscalía, se realizó un informe que fue remitido al ministro Fiscal, Luis de Mitri. El oficio también llegará a manos de la Corte Suprema de Justicia. Aún no hubo una resolución de los altos funcionarios judiciales.
Según fuentes tribunalicias, tras los incidentes, desde el penal dispusieron el traslado de internos desde las comisarías. Incluso, varios de los presos que estaban en Investigaciones ya tienen lugar en Villa Urquiza.
Sin embargo, las autoridades del Ejecutivo ya admitieron la necesidad de un nuevo lugar para alojar detenidos. "No sólo necesita otra cárcel; se necesitan muchas cosas más. La Provincia necesita una alcaldía, que no la tiene. Hay que entender que estas son grandes inversiones y la Provincia debe repartir sus inversiones en todas las necesidades: educación, salud, etcétera", dijo el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, en una reciente entrevista con LA GACETA. Pese a que aseguró la voluntad de construir edificios para este fin, afirmó que hoy en día no es posible por cuestiones presupuestarias.
Incluso, uno de los proyectos que tenía la Policía para este año era la creación de una alcaldía. Para ello, se iba a trasladar la Dirección de Investigaciones, situada en calle Junín al 800, y en ese lugar se iba a ubicar un lugar de detención para alojar personas en conflicto con la ley.
Aunque las autoridades habían dicho que la crisis no iba a impedir la concreción de este proyecto, todo parece indicar que deberá ser postergado para el año próximo por una cuestión presupuestaria.







