El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de la Provincia, que dispone la restitución de Alicia Freidenberg en el cargo de vocal de la Sala VI de la Cámara Penal recibió un severo cuestionamiento. Olga Rivadeneira de Cisterna, madre del remisero Luis Cisterna, asesinado por Alberto Tolosa, arremetió contra el máximo tribunal e, incluso, contra el propio gobernador, José Alperovich.
Freidenberg había sido destituida por la Legislatura el 13 de enero de 2006, por haber autorizado la salida del penal en la que se fugó, precisamente, el condenado Tolosa. Luego, este fue recapturado y hoy cumple su condena en la cárcel de Concepción.
Rivadeneira envió al presidente subrogante de la Legislatura y actual vicegobernador en ejercicio, Sergio Mansilla, una nota en la que manifiesta su rechazo a la restitución. "La sentencia de la Corte reitera algo indiscutible, que es la 'inamovilidad de los jueces', que no pueden ser destituidos por sus sentencias. Pero no se la juzgó por la sentencia que ordenaba la reclusión perpetua de Tolosa sino por 'incumplimiento a los deberes de funcionario público'", afirmó.
Rivadeneira criticó los permisos que Freidenberg otorgó a Tolosa. "Puso en peligro a toda la sociedad por la alta peligrosidad de esta clase de preso. Tolosa recibió permisos que no correspondían por ley; no era facultad del juez interpretarla, sino cumplirla. Si en una de esas salidas hubiera matado a otro, como mató a mi hijo, ¿quién era el responsable? Nadie", dijo.
La jueza suprema Claudia Sbdar y los vocales del fuero Administrativo Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Carlos Giovanniello -que debieron integrar la Corte por excusación de Antonio Gandur, René Goane y Alberto Brito (habían rechazado un planteo anterior de Freidenberg)- dispusieron que la camarista debía ser restituida. En disidencia se manifestó el titular del alto tribunal, Antonio Estofán.
"Quizá la Corte necesitó que haya matado a otro ciudadano para demostrar que la ley está hecha para cumplirla. Este fallo sirve para que un juez incumpla las normas, bajo el pretexto de que las interpreta; permite que se escude en el principio de inamovilidad y haga disparates en el ejercicio de sus funciones", arremetió.
La diatriba contra el alto tribunal no culminó allí: "jueces ineptos que 'chupan la sangre' al pueblo no deben existir, y esta Corte se hizo cómplice por 'amiguismo', para tapar la ineficiencia de su colega. Ni un enfermo mental hubiera cometido tantas violaciones a la ley".
División de poderes
En su declaración, Rivadeneira también criticó lo que entiende como la injerencia de un poder del Estado en otro. "Dejar sin efecto la condena del juicio político es violar la división de poderes y la facultad de contralor del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial", señaló. Por ello, consideró que la Cámara debe recurrir el dictamen: "administrativamente, es obligación apelar el fallo. La Legislatura está obligada a dejar una firme sentencia, y como representante del pueblo debe defenderlo para que no represente una mala jurisprudencia".
Por último, instó a Freidenberg a renunciar. "No debería ampararse en este recurso que implica cobrar $ 20.000 por mes, multiplicados por cuatro años, más los aguinaldos, que son $ 1.040.000, aproximadamente. La señora busca dinero porque como profesional está desprestigiada", arremetió.
En la nota, Rivadeneira desliza que existió un acuerdo político para restituir a Freidenberg: "esto estuvo arreglado porque yo estuve presente cuando la señora fue al despacho del señor gobernador".
Freidenberg había sido destituida por la Legislatura el 13 de enero de 2006, por haber autorizado la salida del penal en la que se fugó, precisamente, el condenado Tolosa. Luego, este fue recapturado y hoy cumple su condena en la cárcel de Concepción.
Rivadeneira envió al presidente subrogante de la Legislatura y actual vicegobernador en ejercicio, Sergio Mansilla, una nota en la que manifiesta su rechazo a la restitución. "La sentencia de la Corte reitera algo indiscutible, que es la 'inamovilidad de los jueces', que no pueden ser destituidos por sus sentencias. Pero no se la juzgó por la sentencia que ordenaba la reclusión perpetua de Tolosa sino por 'incumplimiento a los deberes de funcionario público'", afirmó.
Rivadeneira criticó los permisos que Freidenberg otorgó a Tolosa. "Puso en peligro a toda la sociedad por la alta peligrosidad de esta clase de preso. Tolosa recibió permisos que no correspondían por ley; no era facultad del juez interpretarla, sino cumplirla. Si en una de esas salidas hubiera matado a otro, como mató a mi hijo, ¿quién era el responsable? Nadie", dijo.
La jueza suprema Claudia Sbdar y los vocales del fuero Administrativo Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Carlos Giovanniello -que debieron integrar la Corte por excusación de Antonio Gandur, René Goane y Alberto Brito (habían rechazado un planteo anterior de Freidenberg)- dispusieron que la camarista debía ser restituida. En disidencia se manifestó el titular del alto tribunal, Antonio Estofán.
"Quizá la Corte necesitó que haya matado a otro ciudadano para demostrar que la ley está hecha para cumplirla. Este fallo sirve para que un juez incumpla las normas, bajo el pretexto de que las interpreta; permite que se escude en el principio de inamovilidad y haga disparates en el ejercicio de sus funciones", arremetió.
La diatriba contra el alto tribunal no culminó allí: "jueces ineptos que 'chupan la sangre' al pueblo no deben existir, y esta Corte se hizo cómplice por 'amiguismo', para tapar la ineficiencia de su colega. Ni un enfermo mental hubiera cometido tantas violaciones a la ley".
División de poderes
En su declaración, Rivadeneira también criticó lo que entiende como la injerencia de un poder del Estado en otro. "Dejar sin efecto la condena del juicio político es violar la división de poderes y la facultad de contralor del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial", señaló. Por ello, consideró que la Cámara debe recurrir el dictamen: "administrativamente, es obligación apelar el fallo. La Legislatura está obligada a dejar una firme sentencia, y como representante del pueblo debe defenderlo para que no represente una mala jurisprudencia".
Por último, instó a Freidenberg a renunciar. "No debería ampararse en este recurso que implica cobrar $ 20.000 por mes, multiplicados por cuatro años, más los aguinaldos, que son $ 1.040.000, aproximadamente. La señora busca dinero porque como profesional está desprestigiada", arremetió.
En la nota, Rivadeneira desliza que existió un acuerdo político para restituir a Freidenberg: "esto estuvo arreglado porque yo estuve presente cuando la señora fue al despacho del señor gobernador".







