04 Noviembre 2009 Seguir en 
TEGUCIGALPA.- La directiva del Congreso Nacional (Parlamento unicameral) remitió ayer a la Corte Suprema de Justicia, para consulta, el acuerdo político San José-Tegucigalpa, mediante el cual se busca una salida negociada a la crisis política. La consulta estaba incluida en las condiciones del pacto alcanzado entre negociadores del gobernante de facto, Roberto Micheletti, y el presidente depuesto, Manuel Zelaya, de manera que era un paso esperado. No obstante, significa un golpe al reclamo de Zelaya de que el Congreso disponga sin dilación su restitución en el poder.
El acuerdo busca resolver la crisis desatada el 28 de junio, cuando Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica, por disposición del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia. La comunidad internacional condenó el trato del que fue objeto el mandatario constitucional y calificó de golpe de Estado lo ocurrido. Consecuentemente, aisló al Gobierno de Micheletti y exigió que se restaurara en forma inmediata el orden institucional.
Cerca de un plazo
El Acuerdo San José-Tegucigalpa fue suscrito por delegados de Zelaya y de Micheletti el viernes en Tegucigalpa, con la mediación de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los puntos establece que se deberá formar un gobierno de unidad y reconciliación con miembros de ambas partes, a más tardar mañana, mientras que al Parlamento le tocará decidir si se restituye o no a Zelaya en el poder. Pero el acuerdo no impone fecha para tal pronunciamiento.
Por otra parte, el órgano legislativo se halla en receso hasta después de las elecciones generales del 29 y muchos de sus miembros se encuentran en plena campaña para renovar sus bancas.
La opinión del alto tribunal no tiene carácter vinculante para el Congreso. Además, el acuerdo será analizado por la Fiscalía y la Procuraduría, que iniciaron los juicios contra Zelaya por promover en forma ilegal una consulta que concluiría con un llamado a la Asamblea Constituyente y posterior reforma constitucional. En el fondo, subyace el rechazo de los políticos al giro "chavista" que experimentó el Presidente liberal. (DPA)
El acuerdo busca resolver la crisis desatada el 28 de junio, cuando Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica, por disposición del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia. La comunidad internacional condenó el trato del que fue objeto el mandatario constitucional y calificó de golpe de Estado lo ocurrido. Consecuentemente, aisló al Gobierno de Micheletti y exigió que se restaurara en forma inmediata el orden institucional.
Cerca de un plazo
El Acuerdo San José-Tegucigalpa fue suscrito por delegados de Zelaya y de Micheletti el viernes en Tegucigalpa, con la mediación de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los puntos establece que se deberá formar un gobierno de unidad y reconciliación con miembros de ambas partes, a más tardar mañana, mientras que al Parlamento le tocará decidir si se restituye o no a Zelaya en el poder. Pero el acuerdo no impone fecha para tal pronunciamiento.
Por otra parte, el órgano legislativo se halla en receso hasta después de las elecciones generales del 29 y muchos de sus miembros se encuentran en plena campaña para renovar sus bancas.
La opinión del alto tribunal no tiene carácter vinculante para el Congreso. Además, el acuerdo será analizado por la Fiscalía y la Procuraduría, que iniciaron los juicios contra Zelaya por promover en forma ilegal una consulta que concluiría con un llamado a la Asamblea Constituyente y posterior reforma constitucional. En el fondo, subyace el rechazo de los políticos al giro "chavista" que experimentó el Presidente liberal. (DPA)
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