"La democracia está retrocediendo 100 años en Honduras"

Los negociadores volverán a reunirse hoy.

19 Octubre 2009
TEGUCIGALPA.- "Estamos retrocediendo 100 años en la democracia". Esto advirtió ayer el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Sus palabras reflejan el escepticismo con el que espera la repuesta que hoy brindará el gobierno de facto, que encabeza Roberto Micheletti, sobre su retorno al poder. Las negociaciones están al borde del fracaso, pese a la presión internacional, que no logra poner fin a la crisis institucional.
"El diálogo está en suspenso, después de tanto trabajo. Seguimos en la mesa, pero no le tenemos ninguna confianza a un régimen que se burla del pueblo hondureño y de la comunidad internacional", aseguró Zelaya.
Los negociadores que representan a Zelaya y a Micheletti se reunieron durante el fin de semana -por separado- en un intento por salvar las tratativas. Estas, si bien empezaron hace 10 días en esta capital, arrastran el fracaso de las gestiones que inició en julio el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su carácter de mediador.
A casi cuatro meses del golpe de estado del 28 de junio, las conversaciones están estancadas. Las negociaciones ni siquiera abordan si corresponde restituir a Zelaya en el cargo, sino el órgano institucional que debe decidirlo: según el gobierno de facto, la Corte Suprema de Justicia, y según el mandatario depuesto, el Congreso.

Sin alternativas
Pese al escepticismo que los rodea, los delegados de Zelaya prometieron que volverán hoy a la mesa si los representantes de Micheletti tienen una propuesta "que valga la pena". Esto último lo aclaró el propio Zelaya.
"Es inaceptable que mi restitución tenga que ser decidida por la Corte Suprema. Debe ser el Congreso porque es una cuestión política. Pero el régimen se niega a reconocer que hubo un golpe de Estado", dijo Zelaya, que tenía mandato hasta el 27 de enero de 2010.
Apoyado por los militares y los empresarios, que endilgan a Zelaya querer cambiar la Constitución para buscar la reelección y la comisión de delitos, como corrupción o abuso de poder, Micheletti insiste en que la última palabra le corresponde a la Corte. "Es un pacto político que debe estar en el marco de la legalidad, que tiene un ropaje jurídico. Tenemos la esperanza de alcanzar totalmente los objetivos del Acuerdo de San José. Analizaremos la contrapropuesta", expresó Vilma Morales, representante del gobierno de facto.
Pese al complejo rompecabezas político y jurídico, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisa el diálogo, al menos públicamente, se sigue declarando optimista.
La restitución es el único punto que falta por firmar del denominado Acuerdo de San José, el plan propuesto por Arias, que sirve de base para el diálogo. Las partes ya han acordado temas urticantes, como la formación de un gobierno de unidad nacional y la renuncia de Zelaya al proyecto de reformar la Constitución. Pero ninguna salida será posible si no se resuelve el nudo central (AFP-NA).


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