Impulsan un juicio contra empleados del IPLA y policías

"Me golpearon en la calle y, cuando comenzaron a acercarse los vecinos, me subieron a la Trafic y siguieron atacándome, hasta que me llevaron a la comisaría". Eduardo Atilio Aguirre aún tenía magulladuras en su cuerpo cuando dijo esta frase, hace casi un año. En aquel entonces, el comerciante de Alderetes acusó a cuatro policías y a cinco inspectores del IPLA de los ataques. Tras varios meses de investigación, la fiscala María de las Mercedes Carrizo reunió pruebas que, según ella, acreditan la versión del joven, por lo que solicitará que los nueve imputados en la causa sean juzgados por el brutal ataque que sufrió Aguirre.
El 17 de noviembre, durante las primeras horas de la madrugada, un equipo de inspectores del IPLA recorría distintas zonas de Alderetes en una Renault Trafic. La fiscalizadora, Silvia Elena Ponssa, estaba a cargo del grupo; la acompañaban los empleados René Fabián García, Alejandro Luis Abdala Forte, José Gastón Cleries y Pedro Pablo Argañaraz. Una comisión policial, integrada por Antonio Orlando Moreno, Rita Prado, María Castaño y Luis González, viajaba junto a los funcionarios.
Cuando pasaban por la zona de Arturo Illia y Rivadavia, Ponssa vio un bar que aparentemente estaba funcionando y dispuso que sea inspeccionado. "Fue entonces cuando García, juntamente con Abdala Forte y Prado, ingresaron al local. Al requerirle a Aguirre la habilitación para expender y consumir bebidas alcohólicas, este dijo que el bar no estaba funcionando", afirma el expediente. La fiscala sostiene que los incidentes comenzaron cuando los funcionarios le dijeron a Aguirre que iban a labrar un acta y el comerciante les pidió que no lo hicieran. "Entonces, las policías Prado y Castaño le dieron trompadas a Aguirre en el rostro, y Moreno lo agredió a latigazos. Lo sacaron de su casa, lo esposaron y lo subieron a la Trafic del IPLA. Allí, fue golpeado por el policía González. Todo esto ocurrió frente al personal de la repartición", describe la fiscala en la requisitoria de elevación a juicio.
En sus declaraciones, los policías negaron los hechos que se les imputan. "Manifiestan que siempre se trató de forma respetuosa al dueño del bar y que nunca lo agredieron", reza el documento. Los empleados del IPLA, según el expediente, afirman que no vieron ningún ataque contra Aguirre.
Sin embargo, para Carrizo el hecho quedó demostrado. Para sostener la imputación, se basó en informes médicos que demuestran las heridas que sufrió el comerciante. Los testimonios de dos amigos de Aguirre, que presenciaron el hecho, también son clave para la fiscala. Valeria Elena Rivero y Jonathan Gómez coinciden en su relato y comprometen a los empleados y a los policías, afirma Carrizo.
Según la requisitoria de elevación a juicio, Moreno, Prado, Castaño y González están imputados de participación criminal necesaria en los delitos de lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad, todo esto en concurso real. Por su parte, Ponssa, García, Abdala Forte, Cleries y Argañaraz deberán responder por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la liberad, también en concurso real.
La fiscala, en su acusación, remarcó que la imputación de los policías está agravada porque, al momento del hecho, estaban cumpliendo sus funciones.
La jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma Lidia de Nucci, decidirá si da lugar o no a la solicitud de Carrizo. Antes, deberá resolver sobre dos planteos de nulidad, oposición y sobreseimiento que fueron presentados por los defensores.