Los acusados de la causa 4x4 quedaron más cerca del juicio

A más seis años del inicio de la denominada "causa 4x4", los 21 imputados recibieron un revés judicial y todo indica que el debate oral y público tendrá fecha de realización de un momento a otro.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió no hacer lugar a los recursos interpuestos por abogados de algunos de los acusados, y así le dio el apoyo necesario al requerimiento de elevación a juicio realizado el año pasado por el juez federal Nº 2, Mario Agustín Racedo. "Es un paso muy importante, porque se ratificó el desarrollo de la investigación", indicó una fuente judicial.
La causa se inició en julio de 2003, cuando Gendarmería secuestró varios vehículos que tenían documentación apócrifa o que aparentemente habían sido robados.
Al mes siguiente, la Justicia Federal puso el ojo en la fiscalía IV. El entonces juez federal Felipe Terán (quien luego, en 2006, sería destituido por un jurado de enjuiciamiento) comenzó a investigar una supuesta relación entre quienes trabajaban en esa oficina judicial y una mafia dedicada a comercializar automóviles y camionetas "mellizas". La mayoría de estos vehículos habían sido sustraídos a sus reales propietarios. Aún no se logró determinar cómo llegaban estos rodados a manos de los individuos que "gestaban" las transacciones.
En un principio, fueron arrestados el secretario de la fiscalía, Hugo Jorge Tarifa, y el empresario Pedro José Tomas. Al año siguiente, el entonces titular de la fiscalía, Héctor Abraham Musi, fue destituido por la Legislatura y luego detenido por orden de Terán.
Según la hipótesis principal, el proceso que llevaba a cabo la supuesta organización delictiva comenzaba con la obtención de los vehículos de manera ilegítima en otras provincias, como Buenos Aires o Córdoba. Luego, se tramitaban oficios "truchos" en la fiscalía para estos autos y camionetas, muchos de los cuales eran muy lujosos. Así, los particulares podían usarlos como depositarios judiciales. Cada uno de estos trámites costaba entre  $ 1.000 y $ 2.000, según el expediente. Más de 50 vehículos fueron secuestrados en el marco de esta causa.
En esos momentos también se investigó a otras fiscalías, pero en ninguna se detectó una anomalía similar a la que presentaba en su funcionamiento la oficina a cargo de Musi.
Incluso, Terán se interiorizó sobre una causa iniciada por un supuesto accidente de tránsito que le costó la vida a un testigo considerado clave, Pedro Carlos Bobba. Los familiares del hombre, que murió atropellado por un auto que circulaba a contramano el 15 de junio de 2003, afirmaban que el hecho no había sido una mera circunstancia desgraciada, sino un crimen por encargo para callar a Bobba. Sin embargo, esta hipótesis jamás fue comprobada.

Fundamentos
En junio del año pasado, Racedo dio por concluida la investigación. "Se pudo acreditar, prima facie, la existencia de una organización delictiva que se dedicaba en forma habitual al lavado de activos de origen delictivo, que consistía en incorporar al mercado y a su tráfico vehículos robados a los que se les daba una aparente licitud mediante el otorgamiento de documentación falsa", indicó el juez federal en una resolución de 140 páginas. Las maniobras ilegales, según Racedo, se concretaban por dos vías: "ya sea mediante la falsificación de documentación perteneciente al Registro Nacional de Propiedad del Automotor, en muchos casos original, o, en algunos casos, también mediante el otorgamiento de certificados judiciales que se otorgaban en el marco de causas apócrifas o bien sin existencia de causa, que en casi todos los casos provenían de la Fiscalía de la IV Nominación, a cargo del ex fiscal Héctor Alfredo Abraham Musi".
Además, Racedo apuntó directamente hacia quien sería el "cerebro" de la asociación. "Se ha podido establecer por semiplena prueba la autoría del hecho ilícito mencionado en la persona de Pedro Tomas, en su carácter de jefe u organizador", indicó el magistrado.
Si Musi y el empresario resultan condenados, podrían recibir duras penas, debido a la gran cantidad de delitos que se les imputan.
Aún es un misterio si existía un financista detrás de la supuesta organización.

Resolución
El 14 agosto, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó una serie de recursos presentados por representantes de los imputados. Los abogados de Rodolfo Alejandro Villegas, Eduardo Raúl Arce Garma, Fernando Gonzalo Zelarayán, Francisco Javier Abascal, Sandra Elizabeth Abascal y Musi habían pedido el sobreseimiento de sus defendidos.
"De la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio se desprende que el mismo resulta plenamente válido", reza la resolución firmada por los camaristas Ricardo Mario Sanjuán, Marina Cossio de Mercau y Raúl David Mender, a la cual tuvo acceso LA GACETA. Los magistrados rechazaron también otros recursos interpuestos por los defensores.

Los imputados
- Roberto Julio Zelarayán
- Rodolfo Alejandro Villegas
- Eduardo Raúl Arce Garma
- José Humberto Navarro
- Hugo Gerónimo Lazarte
- Fernando Gonzalo Zelarayán
- Ana Lucía Govetto
- Francisco Javier Abascal
- Sandra Elizabeth Abascal
- Fabio Sergio Simionato
- Fernando Eduardo Escobar
- Héctor Abraham Musi
- Pedro José Tomas
- Carolina Andrea Rizzo
- Leonardo Armando Rodríguez
- Eduardo José Valdiviezo
- Víctor Oscar Chimale
- Angel Argañaraz
- Hugo Jorge Tarifa
- Alejandro Augusto Martoni
- Víctor Hugo Brito