El Siprosa denunció a los médicos por supuesto abandono de persona

La cuerda está a punto de romperse. El enfrentamiento entre los médicos y el Gobierno desembarcó ahora al ámbito de la Justicia. El Siprosa pidió que se investigue si hubo casos en los que se haya afectado seriamente a algún paciente como consecuencia del paro que mantienen desde hace varios días los galenos, a raíz de lo cual se podría presumir la comisión de un delito, como el de abandono de persona, según dijeron en la presentación.
"Sólo queremos que se cumpla la ley", expresó una fuente del Ministerio de Salud, y negó que las autoridades estén utilizando esta estrategia para que los médicos den el brazo a torcer y vuelvan a los consultorios.
La denuncia fue presentada en la sede penal de Tribunales el viernes a la tarde, ante el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Alejandro Noguera. Los titulares del Siprosa ratificaron su postura el sábado por la mañana. Por el momento, como la causa no tiene imputados que estén identificados, el fiscal decidió girar el expediente a la oficina de Autores Desconocidos, a cargo de Fermín Pérez, para que desde allí se investigue si hay responsables y quiénes son. La causa fue calificada como Alberto Reynaldo Soria (Del Siprosa) su denuncia.
Las acciones que desembocaron en esta presentación judicial ya habían comenzado hace dos semanas, cuando el Gobierno dispuso que escribanos, inspectores y abogados recorrieran los hospitales para constatar cómo estaban funcionando los nosocomios mientras los autoconvocados cumplían con sus paros, quites de colaboración y asambleas.
Los profesionales buscaron en los hospitales si había casos de pacientes con patologías severas que no fueran atendidos. En esos momentos, los médicos consideraron la presencia de estos "investigadores" como una provocación. Pero no imaginaron que era un trabajo de inteligencia que terminaría en tribunales.

Sin atención
Durante el paro, que comenzó hace casi nueve semanas, no hubo atención en los consultorios de especialidades ni en los laboratorios, se suspendieron cirugías programadas, a excepción de aquellas que eran urgentes. Solamente se garantizó la atención en las guardias de emergencias, salas de internación y unidades de terapias. El Gobierno considera que las medidas de fuerza utilizadas por los autoconvocados para reclamar un aumento salarial son ilegales, ya que ellos no están encuadrados en un gremio.  El abogado del Siprosa, Conrado Mosqueira, precisó que la presentación judicial consiste en un pedido de investigación para verificar si hay hechos en los que por la conducta de los autoconvocados se podría presumir la comisión del delito de abandono de persona.  
"¿Tienen algún caso específico en el que se pueda denunciar a un médico con nombre y apellido, o a un hospital determinado?", le consultó LA GACETA. "Tenemos algunas denuncias de pacientes a quienes no los quisieron atender. No sabemos si hay casos de personas que no fueron asistidas y después fallecieron. Eso es lo que pedimos que se investigue", expresó.
A su turno, el director Ejecutivo del Siprosa, Alberto Sabaj, aseguró que desconocía si la entidad había presentado una denuncia penal.  
Los funcionarios judiciales también recorrerían los hospitales para saber si la denuncia del Gobierno tiene sustento.