28 Agosto 2009 Seguir en 
"Ni loca voy al hospital, yo tengo que estar en mi casa". La respuesta le jugó en contra: entonces vuelve a la cárcel. El beneficio que había recibido Margarita Toro era por 30 días, pero pudo disfrutar de él sólo por 48 horas. Ayer los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones ordenaron que vuelva al Instituto Santa Esther, en Banda del Río Salí, donde permanecen detenidas las mujeres acusadas de delitos.
El miércoles, LA GACETA informó de la resolución que habían firmado los miembros de la Cámara. A pedido del defensor de Toro, Roberto Flores, la mujer podía regresar a su casa luego de haber pasado casi siete meses arrestada. Según la presentación del abogado, Toro sufría serios problemas de salud y debía seguir una dieta estricta. Además, por recomendación de los médicos, debía someterse a estudios y análisis para que se determinara qué dolencia la aquejaba.
El traslado
Sobre la base de los pactos internacionales, y atendiendo que aún no había sido condenada, los camaristas accedieron al requerimiento. Desde Banda del Río Salí, Toro, de 44 años, fue trasladada en una camioneta del servicio penitenciario hasta su residencia en Villa 9 de Julio. Los jueces habían ordenado que estuviera custodiada durante todo el día por la Policía. Pero luego de que la noticia trascendió, los jueces determinaron que si en realidad estaba tan enferma, el ámbito adecuado era el hospital y ordenaron que se la trasladara al Centro de Salud. Allí surgió la negativa de la mujer y la posterior orden para que regresara a la cárcel.
El juez federal Nº 1, Daniel Bejas, quien encabezó la investigación, consideró a Todo como jefa de una banda que vendía droga en toda la zona de Villa 9 de Julio y que tenía ramificaciones en la costanera del Río Salí.
Los operativos
A fines de enero, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas concretó allanamientos en la casa de Toro y en la de varios de sus familiares. Los policías secuestraron más de un kilo de cocaína, marihuana, más de $ 65.000, vehículos y armas de fuego. Además fueron arrestados Margarita Toro, Manuel Arnaldo Toro, Verónica Paola Toro, Justino Martín Toro, Ana Verónica Toro, Marta Ligerón, Juan Enrique Díaz y Jorge Sandoval. Una menor de 17 años fue detenida y luego liberada.
Al dictar prisión preventiva contra todos los acusados, el juez Bejas les imputó los delitos de organización y financiamiento de narcotráfico, tenencia de sustancias con fines de comercialización, enriquecimiento ilícito y tenencia y portación de armas de guerra.
Un clan poderoso
De las mujeres, solamente Ana Verónica Toro permanecía tras las rejas. Verónica Paola Toro y Marta Ligerón fueron beneficiadas por la Justicia Federal con la prisión domiciliaria ya que deben cuidar a sus hijos menores de edad. Según la Policía, el clan Toro era uno de los más poderosos en cuanto a la cantidad de drogas que vendían en toda la provincia. Las fuentes consultadas por LA GACETA prevén que el juicio contra los imputados se desarrollará el próximo año.
El miércoles, LA GACETA informó de la resolución que habían firmado los miembros de la Cámara. A pedido del defensor de Toro, Roberto Flores, la mujer podía regresar a su casa luego de haber pasado casi siete meses arrestada. Según la presentación del abogado, Toro sufría serios problemas de salud y debía seguir una dieta estricta. Además, por recomendación de los médicos, debía someterse a estudios y análisis para que se determinara qué dolencia la aquejaba.
El traslado
Sobre la base de los pactos internacionales, y atendiendo que aún no había sido condenada, los camaristas accedieron al requerimiento. Desde Banda del Río Salí, Toro, de 44 años, fue trasladada en una camioneta del servicio penitenciario hasta su residencia en Villa 9 de Julio. Los jueces habían ordenado que estuviera custodiada durante todo el día por la Policía. Pero luego de que la noticia trascendió, los jueces determinaron que si en realidad estaba tan enferma, el ámbito adecuado era el hospital y ordenaron que se la trasladara al Centro de Salud. Allí surgió la negativa de la mujer y la posterior orden para que regresara a la cárcel.
El juez federal Nº 1, Daniel Bejas, quien encabezó la investigación, consideró a Todo como jefa de una banda que vendía droga en toda la zona de Villa 9 de Julio y que tenía ramificaciones en la costanera del Río Salí.
Los operativos
A fines de enero, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas concretó allanamientos en la casa de Toro y en la de varios de sus familiares. Los policías secuestraron más de un kilo de cocaína, marihuana, más de $ 65.000, vehículos y armas de fuego. Además fueron arrestados Margarita Toro, Manuel Arnaldo Toro, Verónica Paola Toro, Justino Martín Toro, Ana Verónica Toro, Marta Ligerón, Juan Enrique Díaz y Jorge Sandoval. Una menor de 17 años fue detenida y luego liberada.
Al dictar prisión preventiva contra todos los acusados, el juez Bejas les imputó los delitos de organización y financiamiento de narcotráfico, tenencia de sustancias con fines de comercialización, enriquecimiento ilícito y tenencia y portación de armas de guerra.
Un clan poderoso
De las mujeres, solamente Ana Verónica Toro permanecía tras las rejas. Verónica Paola Toro y Marta Ligerón fueron beneficiadas por la Justicia Federal con la prisión domiciliaria ya que deben cuidar a sus hijos menores de edad. Según la Policía, el clan Toro era uno de los más poderosos en cuanto a la cantidad de drogas que vendían en toda la provincia. Las fuentes consultadas por LA GACETA prevén que el juicio contra los imputados se desarrollará el próximo año.







