El PE quiere eliminar beneficios fiscales a sectores productivos

En silencio y con máxima reserva, el Poder Ejecutivo pretende generalizar el cobro del Impuesto a los Sellos hasta alcanzar a actividades que no lo tributan desde hace 16 años. Por ello, presentó un proyecto de ley la semana pasada a la Legislatura que ya tiene habilitado su tratamiento en el recinto. Ahora todo depende de una decisión política: si prospera la idea de la mayoría del oficialismo, será debatido en la sesión de este jueves.
La iniciativa apunta a derogar la Ley 6.512, vigente desde diciembre de 1993, durante la gobernación de Ramón Ortega. Por esa norma se dispone en forma explícita la derogación del tributo a los Sellos "a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción".
La propuesta de suprimir la ley tuvo la opinión favorable del titular de la Dirección General de Rentas, Pablo Clavarino. La comisión de Hacienda (todos sus miembros son oficialistas) emitió dictamen positivo el viernes pasado. Hoy, al mediodía, el bloque Tucumán Crece abordará el tema y resolverá si se lo trata o no este jueves. Por la tarde, la comisión de Labor Parlamentaria definirá formalmente el orden del día, y convocará a los legisladores al debate.
El texto contempla que se grave con el 1% la obtención de créditos habituales para el movimiento económico de las empresas de los sectores productivos provinciales, sean tomados en la provincia o fuera de ella. La alícuota subiría al 2% cuando haya alguna clase de complicación financiera. Según la Ley 5.636, el tope es del 3%.
El Impuesto a los Sellos es el tercero en nivel de recaudación (en julio ingresaron a las arcas $ 10 millones), detrás de Ingresos Brutos e Inmobiliario. Desde el PE -tras pedir que no se mencione la identidad- confirmaron el cambio, y lo justificaron en que pocas empresas acceden a ese beneficio; en la idea de equidad de que todos tributen lo mismo, y en el cambio de contexto económico desde 1993.

Nombres para el CAM
El temario acordado incluye la designación de los tres representantes de la Legislatura en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Dos serán del alperovichismo (se menciona a Carolina Vargas Aignasse y a Regino Amado) y el restante, de la minoría. La ley de creación del CAM no establece expresamente que deba ser un opositor: si bien las últimas versiones señalan a Esteban Jerez, algunos miembros del oficialismo insisten con Luis José Bussi para el cargo.
Las bancadas tratarán, además, la ratificación del convenio entre el Gobierno y el PAMI para la reapertura del ex sanatorio ADOS, en Mendoza al 100. La obra social nacional se comprometerá a aportar los $ 36 millones necesarios para reacondicionar el edificio y proveerlo de tecnología de avanzada.
Otro proyecto de contenido económico a discutir será la autorización al PE para contraer un empréstito de hasta U$S 24 millones, destinado a la ampliación de plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de redes de agua potable en grandes centros urbanos. Por su naturaleza, desde el oficialismo aseguran que ser transformará en un subsidio.