10 Marzo 2003 Seguir en 
Las uniones industriales de Tucumán, Salta y Jujuy reclamaron la sanción definitiva de la ley 25.715, vetada a principios de enero por el presidente Eduardo Duhalde, cuya insistencia cuenta con media sanción del Senado.
Los titulares de estas entidades, Fernando Allena (Tucumán), Eduardo Nougués (Jujuy) y Adolfo Arias Linares (Salta), recalcaron que en la región el sector ocupa en forma directa alrededor de 46.500 personas, y precisaron que detrás de cada ingenio hay un pueblo.
Recordaron que desde 1991 el sector se encuentra totalmente desregulado y que realizó importantes inversiones para ganar en competitividad. "Como resultado, entre la primera y la segunda mitad de la década pasada, la cantidad de azúcar producida por hectárea cultivada aumentó más del 25%", subrayaron.
Los industriales precisaron que el sector azucarero argentino es eficiente y que sus costos son comparables con los de los países más eficientes. Pero manifestaron que la industria y los trabajadores argentinos del azúcar deben enfrentar un mercado internacional totalmente distorsionado por la utilización sistemática del dumping, los subsidios y todo tipo de barreras arancelarias y paraarancelarias, lo que provoca que la mayor parte del tiempo los precios estén por debajo de los costos de producción de los países más eficientes.
Destacaron que, frente a esta situación, la única política oficial relevante al sector es un esquema arancelario introducido originalmente a través del decreto 797 de 1992 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005. "Este esquema arancelario no tiene costo fiscal; no alienta la sobreproducción y no impide que el precio del azúcar en Argentina sea de los más bajos del mundo", remarcaron.
Señaron que la ley 25.715 brindaba la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para que el sector continúe realizando las inversiones de largo plazo que requiere. "Sin embargo -agregaron-, fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional".
Fundamental
Los líderes industriales del NOA consideran que la sanción definitiva de esta ley, a través de la insistencia del Congreso, "es fundamental para permitir una adecuada defensa frente a las distorsiones del mercado internacional de un sector de gran importancia social para toda una región de la Argentina".
Los titulares de estas entidades, Fernando Allena (Tucumán), Eduardo Nougués (Jujuy) y Adolfo Arias Linares (Salta), recalcaron que en la región el sector ocupa en forma directa alrededor de 46.500 personas, y precisaron que detrás de cada ingenio hay un pueblo.
Recordaron que desde 1991 el sector se encuentra totalmente desregulado y que realizó importantes inversiones para ganar en competitividad. "Como resultado, entre la primera y la segunda mitad de la década pasada, la cantidad de azúcar producida por hectárea cultivada aumentó más del 25%", subrayaron.
Los industriales precisaron que el sector azucarero argentino es eficiente y que sus costos son comparables con los de los países más eficientes. Pero manifestaron que la industria y los trabajadores argentinos del azúcar deben enfrentar un mercado internacional totalmente distorsionado por la utilización sistemática del dumping, los subsidios y todo tipo de barreras arancelarias y paraarancelarias, lo que provoca que la mayor parte del tiempo los precios estén por debajo de los costos de producción de los países más eficientes.
Destacaron que, frente a esta situación, la única política oficial relevante al sector es un esquema arancelario introducido originalmente a través del decreto 797 de 1992 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005. "Este esquema arancelario no tiene costo fiscal; no alienta la sobreproducción y no impide que el precio del azúcar en Argentina sea de los más bajos del mundo", remarcaron.
Señaron que la ley 25.715 brindaba la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para que el sector continúe realizando las inversiones de largo plazo que requiere. "Sin embargo -agregaron-, fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional".
Fundamental
Los líderes industriales del NOA consideran que la sanción definitiva de esta ley, a través de la insistencia del Congreso, "es fundamental para permitir una adecuada defensa frente a las distorsiones del mercado internacional de un sector de gran importancia social para toda una región de la Argentina".







