15 Agosto 2009 Seguir en 
SANTIAGO DE CHILE.- La crisis indígena recrudeció en Chile luego de que comunidades mapuches aseguraron que la situación desbordó al gobierno de Michelle Bachelet, que recibió ayer la recriminación de la ONU por aplicar leyes antiterroristas a estos grupos. El conflicto estalló tras la muerte de un manifestante mapuche a manos de la policía durante una protesta rural, y generó roces entre el Gobierno y la Justicia Militar, responsable de procesar a quienes infringen la cuestionada ley.
"Nos parece que la Justicia Militar fue lenta en resolver, por ejemplo, el caso de Matías Catrileo" -un joven abatido a tiros por la policía en 2008- resaltó el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo.
Por su lado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó en Ginebra su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista, tras estudiar un informe sobre el conflicto.
En un clima de crecientes llamados a la movilización, líderes de la etnia mapuche, la más importante del país, alertaron que la crisis sobrepasó al Gobierno y a los propios dirigentes mapuches. "Esto ya se desborda. Los dirigentes ya no tenemos el control de la situación y eso constituye un riesgo", afirmó José Naín, vocero de 20 comunidades mapuches del sur del país, donde está concentrada la crisis.
Bachelet pidió regresar al diálogo "como única solución" y la Iglesia católica solicitó detener las estrategias represivas. La muerte de Jaime Mendoza Collío, ocurrida el miércoles, fue el detonante de la situación. Sucedió durante la toma de un predio en Angol, en reclamo de la restitución de tierras a los indígenas. Se sumó a ello que a los detenidos se les aplicó una ley heredada de la dictadura militar, que considera acto terrorista cualquier ataque a la propiedad privada. (AFP)
"Nos parece que la Justicia Militar fue lenta en resolver, por ejemplo, el caso de Matías Catrileo" -un joven abatido a tiros por la policía en 2008- resaltó el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo.
Por su lado, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó en Ginebra su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista, tras estudiar un informe sobre el conflicto.
En un clima de crecientes llamados a la movilización, líderes de la etnia mapuche, la más importante del país, alertaron que la crisis sobrepasó al Gobierno y a los propios dirigentes mapuches. "Esto ya se desborda. Los dirigentes ya no tenemos el control de la situación y eso constituye un riesgo", afirmó José Naín, vocero de 20 comunidades mapuches del sur del país, donde está concentrada la crisis.
Bachelet pidió regresar al diálogo "como única solución" y la Iglesia católica solicitó detener las estrategias represivas. La muerte de Jaime Mendoza Collío, ocurrida el miércoles, fue el detonante de la situación. Sucedió durante la toma de un predio en Angol, en reclamo de la restitución de tierras a los indígenas. Se sumó a ello que a los detenidos se les aplicó una ley heredada de la dictadura militar, que considera acto terrorista cualquier ataque a la propiedad privada. (AFP)







