El Colegio de Abogados objeta la ley del CAM

Para el Colegio de Abogados de la capital, la ley que crea el Consejo Asesor de la Magistratura es un avance en la búsqueda de mayor calidad institucional para Tucumán. Sin embargo, considera que la norma es sumamente insatisfactoria, razón por la que además de objetar puntos clave de su contenido, pidió al Poder Ejecutivo que reenvíe a la Cámara el proyecto, luego de insertarle una serie de modificaciones.
En el pronunciamiento institucional, que el presidente de la entidad, Eudoro Aráoz, remitió a LA GACETA, se define la sanción parlamentaria como un paso importante en el marco del conflicto que se ha mantenido con el Gobierno, "que tuvo la finalidad por parte de este Colegio de lograr un proceso transparente, objetivo e imparcial en la selección de jueces, para garantizar la independencia de la Justicia".
No obstante, la institución profesional sostiene que la ley que el gobernador, José Alperovich, promulgará mañana, presenta severas deficiencias. "Una de ellas es que la clase política reservó para sí el 50% de los cargos del organismo y no admitió la presencia del sector académico, estamento de vital importancia por su aporte al conocimiento científico del derecho y por la pluralidad de sus miembros", se indica en el documento.
Para la asociación profesional, en el CAM deberían estar representados el colegio de la capital y el del sur de manera simultánea y no alternativa. La ley fija que, según el centro judicial donde se concurse una vacante, actuará en la selección el referente capitalino o el del interior. "La presencia conjunta habría contribuido a crear un órgano más equilibrado, así como un reconocimiento a la calidad que tienen los letrados como auxiliares de la Justicia", se manifestó.

Sin garantías
"La composición desequilibrada del CAM contraviene la concepción filosófica que le dio origen: terminar con el monopolio de la clase política en la designación y la remoción de jueces, a fin de evitar que los magistrados sean dependientes del poder de turno", consigna la declaración.
En ella, los representantes de los letrados hacen hincapié en que la ley que, en principio, se publicará el martes en el Boletín Oficial, no establece un sistema que garantice que el legislador que debe representar a la minoría parlamentaria sea propuesto por ese sector. "Esa anomalía no es un detalle menor y puede dar lugar a que la mayoría vulnere dicha representatividad, eligiendo a quien no sea propuesto por la minoría, con lo cual el CAM pierde equilibrio", se advirtió.
La postura oficial del colegio capitalino también contiene una advertencia: la de que en la norma aprobada persisten fallas que habían sido advertidas a las autoridades del Poder Legislativo en la reunión del 31 de julio. Esos yerros, alerta la institución, dejan abierto el peligro cierto de la judicialización del proceso evaluatorio de los postulantes, lo que traería aparejada una larga demora en la designación de los jueces. "En efecto, el margen de discrecionalidad excesivo que se le otorga al Poder Ejecutivo al permitírsele elegir uno de cinco postulantes seleccionados, sin respetar el orden de mérito y sin necesidad de fundar su elección, es algo único en el país, y culminará, sin dudarlo, en planteos judiciales por parte de los afectados", se anticipó.
A la vez, el texto de la entidad profesional critica la falta de precisión de la ley cuando se refiere a quienes serán los encargados de tomar los exámenes. "Es optativo que sea un abogado, un juez o un catedrático. Eso puede dejar fuera de la evaluación de los exámenes a quienes sean especialistas en la rama del derecho de que se trate, lo cual posibilita que los propios concursantes impugnen los resultados de las evaluaciones", se puntualizó.
"El gobernador tiene la posibilidad de considerar estas cuestiones y reenviar la ley a la Cámara, siendo coherente con la apertura al diálogo propuesto", concluyó el Colegio de Abogados.