El Congreso debe abrirse al debate

El Congreso de la Nación siempre ha sido la caja de resonancia de los grandes problemas de los argentinos. La profundidad e intensidad de sus debates y la calidad de sus resoluciones y de su leyes han dependido de su constitución. Cuando el partido gobernante goza de la mayoría, tanto en el Senado como en Diputados, suele imponer sus criterios, apoyándose en la presencia numérica y no en el intercambio de ideas, en el diálogo exhaustivo.
La Constitución Nacional se refiere, en líneas generales, acerca de los temas sobre los cuales el Congreso debe legislar, así como sus limitaciones. Entre los primeros, como novedad, la reforma de 1994 expresamente estableció que se legislara sobre un Consejo de la Magistratura que rigiera la designación y remoción de los jueces; una Auditoría General de la Nación que sirva a la asistencia técnica del Congreso en lo vinculado al control patrimonial, económico, financiero y operativo del sector público, y un defensor del Pueblo, entre otros institutos.
En la página web del Senado, se indica que el Congreso, como órgano legislativo y de control de actos gubernamentales, debe cumplir con su cometido esencial -de legislar-, propendiendo al logro del bien común, y lo hace con fundamento en la representación de los intereses comunitarios que ostenta. La publicidad de sus actos es fuente de información para la ciudadanía, la que así también evalúa el cumplimiento del mandato conferido. Otra de las funciones esenciales del Congreso es la de ejercer el control de gobierno. Esta actividad se lleva a cabo al ponderar el cumplimiento de los planes o programas previamente elaborados. Para esta ponderación el Congreso se encuentra investido de diversas facultades que coadyuvan a ello, como la posibilidad de investigar, requerir informes y realizar tareas de campo.
El Congreso debe encontrarse en capacidad para lograr acuerdos sobre diversos aspectos de su competencia. Para ello debe hacer valer el voto de la mayoría, respetando los derechos de las minorías. La gestión parlamentaria resulta sumamente compleja, máxime si se consideran las posibilidades de disenso que surgen de la proporcionalidad política representada en cada Cámara. El Congreso resultará eficiente en la medida que logre adoptar decisiones políticamente representativas y operativamente viables.
En las recientes elecciones, la mayor parte de la ciudadanía se inclinó por un cambio y le concedió a la oposición un mayor número de representantes que podrán romper la hegemonía del partido gobernante. Ante la inminente reapertura de las sesiones, sería mucho más  que auspicioso si los legisladores se abocaran sin mayores rodeos a debatir los temas que han provocado serias divergencias entre sectores de la sociedad. Hace diez días, en el encuentro que mantuvieron el titular de la Cámara de Diputados de la Nación con los jefes de bloque de distintas bancadas, el oficialismo aceptó discutir asuntos tales como la eliminación parcial de los superpoderes del jefe de Gabinete, el presupuesto 2010, modificaciones en el impuesto al cheque y retoques en las retenciones al agro y cambios en el Consejo Asesor de la Magistratura La Cámara Baja, en ese sentido, debe recuperar para sí la función de legislación impositiva.
Creemos que sería importante para los argentinos que el Congreso volviera a ser un ámbito de debate, de comunicación plena, de confrontación de ideas y que el disenso no se convierta en una posición irreductible que impida llegar a acuerdos. Las coincidencias deben estar por encima de las diferencias, porque es el único modo de no estancarse en discusiones estériles que conducen generalmente a la inmovilidad y a la intolerancia. Los representantes deben recordar que el objetivo debe que ser siempre el bienestar del pueblo.