El trágico accidente de la lavandería

La imprevisión es pariente de la imprudencia y cuando se junta con la burocracia puede desembocar en exceso de confianza, en relajamiento cuando de organismos oficiales de control se trata. El 31 de diciembre de 2004, nadie pensó en que el local bailable Cromagnon no reunía las condiciones exigidas por la normativa y además había mucho más público del que podía ingresar. Como consecuencia de un incendio, murieron 191 personas. A partir de esa tragedia que le costó un juicio político y la destitución al entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, los municipios de casi todo el país reaccionaron y comenzaron a exigir a los locales bailables distintos elementos y lo controles se volvieron rigurosos en un comienzo.
El lunes pasado, a las 19.40, una gigantesca plancha, ubicada en la lavandería de la calle Santiago del Estero al 1.400, estalló. Según las primeras pericias, una de las tapas salió despedida hacia el este y atravesó el muro de una concesionaria; el cilindro y la base del aparato, que son muy pesados, volaron casi 20 metros hacia el oeste y embistieron a dos jóvenes que murieron en el acto. A ellos se sumó el fallecimiento de dos empleadas y una permanece grave.
El trágico episodio provocó desencuentros entre funcionarios, hasta el punto que la subdirectora municipal de Defensa Civil, quien había afirmado que la lavandería no contaba con la habilitación correspondiente, presentó la renuncia. La autorización de Defensa Civil es el paso previo a la habilitación definitiva de cualquier local comercial, que es otorgada por la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa). La contradijo el secretario municipal de Gobierno quien sostuvo que el negocio sí estaba autorizado. Este dijo que el certificado final estaba en los archivos de la Dipsa y que era probable que los funcionarios hubiesen desconocido su existencia., incluyendo a la renunciante que había asumido en 2006, cuando la habilitación fue otorgada en 2005. Por distintos motivos, el lavadero había cambiado tres veces de razón social.
Sin embargo, ninguna repartición asumió claramente la responsabilidad de la habilitación, esgrimiendo diversos argumentos. Desde el lado de la Secretaría de Trabajo, se dijo que el organismo verifica que las cuestiones administrativas se hallen en regla, pero no se ocupa de controlar el funcionamiento de las máquinas, mientras que la Dipsa y Defensa Civil tampoco se ocuparían de este aspecto. Por su parte, el director del Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional afirmó que las causas reales de la explosión, más allá de la falla técnica, deben buscarse en la empresa, la normativa y en los controles. "Es probable que haya sido un conjunto de fallas y no una sola", aseveró.
Se dijo también que el Reglamento Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que regula la protección a las personas que trabajan con aparatos sometidos a presión, está contemplado en la Ley 19.587 y el decreto 351/79 y sus modificatorias. En Tucumán existe un vacío legal en lo que a calderas se refiere, pese a que estas son usadas en los lavaderos y en las fábricas azucareras.
La Justicia está tratando de dilucidar cuáles fueron los móviles del accidente. Sin embargo, el trágico episodio pone en evidencia la existencia de un vacío de responsabilidad por parte de los organismos, ya que ninguno se atribuye el control sobre las maquinarias. Si ello fuera realmente cierto, los concejales y legisladores deberían abocarse a revisar este tipo de reglamentaciones que tienen que ver con la preservación de la vida. Por otro lado, si hubo falencias en los controles algún organismo de Estado debe hacerse responsable. No hay que esperar que ocurran desgracias para descubrir fallas en las normas y en su aplicación.