Las tragedias que no dejan enseñanzas

La explosión en un lavadero industrial que ya provocó tres muertos también dejó esquirlas en el Ejecutivo Municipal, temeroso de que la tragedia pudiera convertirse en una suerte de Cromagnon local. Por lo pronto, rápidamente rodó en la municipalidad una primera cabeza. Silvia Díaz, hasta el miércoles subdirectora de Defensa Civil del municipio, fue obligada a renunciar, luego de haberle dicho a LA GACETA que el lavadero en el que ocurrió la tragedia no tenia autorización municipal. Sucedió que mientras Díaz hacía esa afirmación, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, decía lo contrario. El miércoles, temprano, el funcionario se acercó a LA GACETA con el expediente del lavadero en mano, y exhibió documentación que respalda que el local había cambiado de razón social un par de veces, y que fue habilitado como "Lavadero Industrial SRL" en 2005, tal como consta en el expediente 16.694/260/05. ¿Por qué se contradijeron Berarducci y Díaz? El funcionario asegura que la subdirectora saliente, que ingresó a su cargo en 2006,  había hablado sin haber chequeado previamente los archivos correspondientes al tema. Díaz, al momento de presentar su renuncia, no se rectificó de sus dichos. Tampoco los ratificó, es cierto. Pero se llamó a silencio. Ahora le tocará al fiscal Guillermo Herrera desentrañar quién tenía razón en este aspecto, y si el trámite estaba completo. El Ejecutivo municipal mostró reflejos rápidos para deslindar responsabilidades acerca de sus atribuciones. Según Berarducci, Defensa Civil y Dipsa efectúan controles "cada uno dentro de su competencia y facultades". En esa línea, plantea que Defensa Civil tiene injerencia sobre la seguridad y mantenimiento del edificio, y que la Dipsa procede al control de la sanidad, pero que no tiene poder de policía sobre el mantenimiento de la tecnología del ramo, en este caso una planchadora lavadora alimentada por una caldera. Con la misma celeridad tomó distancia el secretario de Trabajo, Roberto Jiménez. Dijo queTrabajo es responsable de las cuestiones relativas al cumplimiento de horarios y a empleo en negro, pero no a los temas relativos al mantenimiento de la maquinaria.
 ¿A quién le corresponde entonces controlar la maquinaria de un establecimiento industrial, como el lavadero en cuestión? El ingeniero químico Oscar Graieb, que integra el Comité de Seguridad e Higiene de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)  evaluó, en diálogo con LA GACETA, que en la tragedia del barrio Don Bosco pueden haber confluido tres factores: la empresa, la reglamentación y los controles. Desde las asociaciones de ingenieros de Tucumán, expertos aseguraron que la reglamentación argentina en materia de Seguridad e Higiene laboral es buena, pero que en Tucumán existe un vacío en la reglamentación relativa a las calderas, dispositivos que, como se sabe, integran el layout de los ingenios azucareros y de los lavaderos industriales.
 Esa reglamentación sí existe en Santa Fe y en Buenos Aires, entre otros distritos, y más de una vez se la ha querido implementar en la Provincia, sin éxito. Por lo bajo, otros expertos aseguran que lo que ha pasado el lunes en Tucumán es una suerte de Cromagnon local. Y que, pese a a ese vacío ya señalado, sí hay normas, pero no se cumplen.  Ellos ponen la mira en las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), que son las responsable de exigirles a las empresas el cumplimiento de planes de trabajo previamente definidos, en los que consten acciones predictivas de mantenimiento y de seguridad del lugar de trabajo y del instrumental  que requiere cada actividad. El propietario del Lavadero Industrial afirmó que hace diez días se había hecho mantenimiento. Personal que trabajaba en el lugar, y que se salvó de la catástrofe, dijo lo contrario. Otra vez, el fiscal Herrera deberá zanjar la cuestión.  
 Diversos expertos evalúan que podría haber fallado el mantenimiento. Por lo menos tres profesionales consultados (dos ingenieros y un abogado) del área laboral aseguran que la Secretaría de Trabajo de la Provincia sí tiene poder de policía sobre cuestiones sobre las cuales  Jiménez, el titular del área, se niega a asumir responsabilidades, esgrimiendo que tiene poco personal.
 No es la primera vez que en  Tucumán se pone a prueba la calidad de los controles.  El propio secretario de Gobierno municipal admitió que desde el Ejecutivo se está trabajando para alejar del centro y microcentro los locales de pirotecnia. Deberían haberlo hecho mucho antes, dado el frondoso historial de explosiones que se han registrado en la Provincia por esa actividad comercial. Pero hay otras "marcas de la bestia", como las excepciones al Código de Planeamiento Urbano por parte del Concejo Deliberante, y por las cuales se ha permitido la habilitación de estaciones de servicio o de  supermercados  en zonas céntricas, con impacto urbano diverso, según el caso. Toda una contradicción, en un municipio que hace gala de haber diseñado un plan estratégico, instrumento que sirve para garantizarles a los vecinos una mejor calidad de vida.